Felipe Calderón Hinojosa –quien gobernó México de 2006 a 2012– lanzó la ofensiva más cruenta de la historia moderna. En la decisión pesó su circunstancia política, marcada por la falta de legitimidad que no de legalidad. Pero también su biografía y personalidad. El Presidente, aficionado al corrido «El Hijo Desobediente», escuchó muchas veces: “La batalla se está perdiendo”. Sin embargo, no quiso o no pudo detenerse. Las consecuencias se reflejaron en una galería de horrores, presente diez años después.
SEGUNDA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Apenas tenía un semestre como Presidente de México y tomó la decisión de gastar 15 millones 586 mil pesos en un contrato. Fue con la empresa Opina S.A de C.V. para “ levantamiento de encuestas telefónicas y cara a cara en vivienda”. ¿Qué preguntó Felipe Calderón Hinojosa cuando ni siquiera cumplía un año como Jefe del Ejecutivo? ¿Qué deseaba medir a esas alturas del Gobierno? Según los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mandó cuestionar a la población sobre: “Para usted, ¿quién es ahora el Presidente legítimo de México?
Los resultados de esa encuesta le susurraron “Calderón con 93.1 por ciento y Andrés Manuel López Obrador con 4.8 por ciento”. No había margen de duda. Felipe Calderón Hinojosa tenía la aprobación de los gobernados. Y sin embargo, mantuvo su decisión de hacer la guerra, esa que había empezado el 11 de diciembre, diez días después de tomar posesión.
“Desde que eligió esa política, guerra y legitimidad se convirtieron en un binomio para Felipe Calderón. De esa guerra dependía la certeza de su legitimidad y con el tiempo, de la legitimidad dependió la guerra. Un círculo del que no pudo escapar debido a su personalidad proclive a las fijaciones”, expone el politólogo de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint.
En 2006, Calderón Hinojosa era un hombre de 43 años de edad y como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) había vencido a Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con una diferencia del 0.58 por ciento. Logró el 35.89 por ciento de la votación, mientras que AMLO, el 35.31 por ciento. “Espurio”, lo llamó desde ese momento López Obrador, quien se nombró a sí mismo “Presidente legítimo de México” y convocó a un plantón en la simbólica Avenida Reforma que se prolongó un mes. Y así, el epíteto “espurio”, “espurio” se reprodujo en varios sectores de la población.
“Espurio” era un adjetivo con el que Felipe Calderón cargaba y lidiaba. Él, quien de niño vio a su padre, al lado de Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna integrar el movimiento solidarista, basado en la ética política, los derechos humanos y el reparto equitativo de la riqueza.
Para su toma de protesta –lo que en los tiempos que gobernó el PRI solía ser una fiesta– el Congreso de la Unión había amanecido con candados y cadenas en sus cinco accesos. Los habían puesto algunos perredistas que alegaban fraude. Al Presidente electo lo protegían los miembros de su partido, el PAN.
Durante los días y noches anteriores, la tribuna legislativa fue en unos momentos de los perredistas y en otros, de los panistas. En su turno, la izquierda levantaba imágenes de Benito Juárez. En el suyo, la derecha cantaba entre risas y gestos de ironía letras de Joan Sebastian como “Eres secreto de amor”.
Varias veces, llegaron a los golpes. Algunos diputados arrancaron sillas del recinto y las hicieron volar. Fueron trifulcas de horas. Desde ese momento, Calderón tuvo que buscar estrategias. No había manera de tomar posesión. De modo que pidió el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y por lo menos esa batalla, la ganó.
Rodeado de panistas y priistas ingresó por las puertas traseras, subió a tribuna y en tres minutos se ciñó la banda presidencial. Un “¡Sí se pudo!” continuó en la escena. Cuando saludó a los legisladores de su partido, estaba sereno, con un gesto decidido; pero apurado a salir de ahí cuanto antes.
Así se vivió la toma de protesta más breve de la Historia de México. Y la protagonizó Felipe Calderón Hinojosa.
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En realidad, en 2006, el Presidente no tenía elementos para sacar a las fuerzas armadas de los cuarteles a las calles. Cierto que en 2006, en Michoacán –su tierra– el cártel de Los Valencia, asociado con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se enfrentaba al del Golfo y una organización delincuencial apenas efervescente: La Familia Michoacana.
Pero el panorama que mostraban las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática no era el de un territorio precisamente inseguro. De hecho, en 2006, la tasa nacional de homicidios había bajado a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 homicidios en esa misma proporción en 1992.
Toussaint recuerda que como opción estaba también un discurso para impulsar una Reforma Energética, pero asesores como Germán Martínez Cázares y César Nava se empeñaron en una estrategia armada.
¿En qué fecha se inició la guerra de Calderón? Si se sigue la trayectoria de sus palabras, fue el 4 de diciembre cuando Felipe Calderón pronunció por primera vez el término de manera oficial. Estaba en la inauguración de los trabajos del Quinto Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano al que acudió el príncipe español Felipe de Borbón (Hoy Rey Felipe VI de España):
“Tengan la certeza de que mi Gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra a la delincuencia, de que se aseguren y respeten los derechos de cada quien, los derechos de propiedad y de inversión, de que se combata sin tregua la corrupción y se resguarden los derechos patrimoniales de vida y de libertad de todos”.
Seis días después, el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció que siete mil efectivos de las fuerzas federales ingresarían a Michoacán en el llamado Operativo Conjunto Michoacán.
Además, se enviaría equipo de seguridad y transporte aéreo. Ahí estaba el Gabinete de Seguridad en pleno: los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván Galván; de Marina, Francisco Saynez Mendoza; Seguridad Pública, Genaro García Luna; así como el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
Aquí, las palabras de Ramírez Acuña fueron, entre otras:
“Reiteramos a la opinión pública que la batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo. Son instrucciones del señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que este esfuerzo coordinado de las diferentes dependencias del Gobierno Federal en el combate a la delincuencia se informe de manera permanente a la sociedad mexicana por conducto de la Secretaría de Gobernación”.
Y NADA, NI LA AMENAZA DE MUERTE, LO DETUVO
Felipe Calderón recibió cinco amenazas de muerte que constan en averiguaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO), dependiente de la PGR, en la respuesta a la solicitud de información 0001700034511 a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI).
Ocurrieron en marzo de 2008 y en enero, mayo, junio y agosto de 2009, por correo electrónico.
El ex Presidente confirmó aquel pasaje el 18 de agosto, cuando celebró 50 años de vida. Le dijeron que el avión presidencial sería derribado. “Determiné realizar el viaje en medio de un dispositivo muy amplio de seguridad. Antes de ello, grabé un mensaje para mis hijos en el que les aseguraba que en caso de ocurrirme algo, debían de tener la certeza de que su padre estaba cumpliendo las tareas que creía necesarias”, contó.
Pero la amenaza no sólo era para el Presidente. En el país, el número de caídos crecía y la muerte tomaba formas de incontrolable monstruo. Cuerpos colgados, tirados en medio de los caminos o los campos, desmembrados, machacados o quemados en ácido, así como decenas de periodistas asesinados empezaron a componer una galería de horrores.
A la vez, nació un nuevo vocabulario que incluyó los términos “ejecutado”, “sicario”, “levantado”, “alterado” “empresa” o “decapitado”. Las planas de los diarios nacionales mostraban día con día fragmentos de una historia que aterraba.
Hombres y mujeres desplazados de sus casas integraron otro relato dramático. Los migrantes centroamericanos asesinados o secuestrados en México, otro. Para febrero de 2007, la lista de violaciones a los derechos humanos cometidas ya fuera por el llamado crimen organizado o por los miembros del Ejército, era una abultada carpeta en la PGR.
La crisis humanitaria la ocuparon decenas de casos: Ernestina Ascencio, de 70 años, violada por militares en Zongolica Veracruz; sexoservidoras en Coahuila violadas por militares; maestros confundidos con narcotraficantes en una carretera de Sinaloa y acribillados por militares; niños muertos en una carretera de Tamaulipas en lluvia de balas lanzada por militares; 13 jóvenes ejecutados en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el llamado crimen organizado; otro grupo de adolescentes asesinado en una fiesta.
Los llamados a detenerse fueron muchos. En 2007, el analista José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicó un artículo en un diario nacional en el que se leía: “Enfrentar al narcotráfico con una guerra convencional equivale a darle escobazos a un avispero”.
En 2009, empezó a circular el libro «El narco: la guerra fallida», con la coautoría de dos ex colaboradores del ex Presidente Vicente Fox, Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar. Para entonces, el excanciller y el exvocero ya utilizaban el término “fracaso”. El concepto empezó a ser pronunciado una y otra vez. Lo usó el mismo Fox para pedirle a Calderón que detuviera “la masacre”.
Un año después, el 12 de febrero, el general Guillermo Galván Galván, entonces Secretario de la Defensa Nacional, dijo en el Día del Ejército, que a nadie le convenía que la guerra contra el crimen organizado se extendiera en forma indefinida.
El cúmulo de advertencias incluyó también la de Manuel Espino, artífice del documento “Estrategia para la Paz Justa”. Propuso en 2010, no sólo deshacer la guerra; sino lograr niveles de justicia en las instancias competentes.
Han pasado diez años de aquella decisión y la guerra no ha parado. Los homicidios y sus formas han superado ya los años de Calderón. El Secretariado Ejecutivo reportó 20 mil 005 homicidios dolosos del 30 de noviembre de 2009 al 1 de diciembre de 2012. Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, el mismo reporte dio 54 mil 454 asesinatos. Es decir, una diferencia de 34 mil 449.
ADEMÁS
SÍ, CALDERÓN ERA EL PRESIDENTE
Algunos logros del Gobierno calderonista, presentados con bombo y platillo: detención en enero de 2008 de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, operador del Cártel de Sinaloa y brazo derecho de “El Chapo”; captura en noviembre de ese año, de Jaime González Durán, uno de los fundadores de Los Zetas; detención en marzo de 2009 de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Zambada García “El Mayo” Zambada; aprehensión en abril de 2009 de Gregorio Sauceda, un ex policía ministerial de Tamaulipas y líder del Cártel del Golfo; detención en ese mismo mes de Vicente Carrillo Leyva, hijo del fundador del Cártel de Juárez, Amado Carrillo; persecución y presentación (del cadáver) en diciembre de ese año de Arturo Beltrán Leyva; captura en enero de 2010 de Eduardo Teodoro García, quien después de romper con el Cártel de los Arellano Félix operaba por su cuenta; abatimiento en julio de 2010 de Ignacio Coronel, en un operativo del Ejército en Zapopan, Jalisco, y detención en 2011 de Édgar Valdez Villarreal, operador de Arturo Beltrán Leyva y apodado la “Barbie”.
Pese a todas estas detenciones, al final y pensado como personaje, el crimen salió ileso y más fuerte. Los analistas coinciden en que tras diez años de guerra continúan los cárteles dirigidos por Joaquín «El Chapo» Guzmán (detenido tras su segunda fuga), los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, Los Zetas y el Del Golfo. Tienen nuevos líderes, otros operadores y una batalla infinita por el control de las plazas.
Los códigos de honor de los viejos narcotraficantes de los 70 se modificaron para dar paso a una nueva generación que a diferencia de sus antecesores, batallan a plomo sin importar la vida de los civiles y se lanzan amenazas a través de Internet. Y no es sólo narcotráfico. El modelo Bacrim (bandas criminales emergentes) de Colombia, donde los grupos de traficantes de droga evolucionaron a otros negocios ilícitos como el robo de combustible o el tráfico humano, empieza a notarse.
“Los descabezamientos de los grupos originaron células”, según Eruviel Tirado, director del diplomado de Seguridad Nacional que se imparte en la UIA. “Y esas células han crecido a grupos que intentan consolidarse en poderíos en los que las drogas ya son poca cosa. Los negocios empiezan a diversificarse”.
En su Informe anual 2016 sobre la estrategia del control internacional de narcóticos, que el Departamento de Estado envió al Congreso de Estados Unidos, se indica que los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas amplían sus vuelos y rutas para transportar dinero y cocaína desde América del Sur hasta Estados Unidos.
En sus primeros dos años de Gobierno, Felipe Calderón Hinojosa gastó 141 millones 600 mil pesos en encuestas en las que sobre todo, midió si era un Mandatario legítimo, según consta en el Portal de Obligaciones y Transparencia. Los resultados le indicaron que él y nadie más era el Presidente. Con todo, la guerra continuó.
