La agencia calificadora Moody’s advirtió que si se aprueba la propuesta, la cual se encuentra en la Cámara Baja del Legislativo, es probable que se desencadenen disputas legales internacionales, se afecte la competitividad de la inversión extranjera y los inversionistas se aparten de las prácticas regulatorias acordadas.
Ciudad de México, 6 de octubre (EFE).- La agencia calificadora Moody’s señaló este miércoles que la reforma constitucional del sector energético propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es negativa para efectos crediticios.
La iniciativa, presentada el pasado 30 de septiembre por el mandatario al Congreso mexicano , «disminuiría la transparencia operativa, disuadiría la inversión privada, desincentivaría la generación de energías renovables y probablemente aumente el costo total de la electricidad», dijo Moody’s en un comunicado.
Recordó que la iniciativa propone eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dos entes reguladores independientes, los cuales, de acuerdo con la calificadora de riesgo son claves en el desarrollo del sector energético en el país.
Explicó que estos dan «seguridad y estabilidad» a los participantes del mercado.
«La eliminación de la CNH y de la CRE socavaría la confianza de los inversores porque debilitaría la transparencia y el marco institucional del sector», apuntó.
Advirtió que si se aprueba la propuesta, la cual se encuentra en la Cámara Baja del Legislativo, es probable que se desencadenen disputas legales internacionales, se afecte la competitividad de la inversión extranjera y los inversionistas se aparten de las prácticas regulatorias acordadas.
Explicó que la iniciativa -que busca darle más fuerza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- «desincentivaría la inversión en generación renovable, probablemente elevando los costos de la electricidad», apuntó.
Entre los puntos de la iniciativa de López Obrador está establecer que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 % del mercado de generación en el país, regular contratos con empresas privadas y suprimir los reguladores autónomos.
Mientras que el 46 % restante se va a conservar para las empresas particulares para que haya «una auténtica y una verdadera competencia», según el propio López Obrador.
Al respecto, la calificadora indicó que esto conllevaría la cancelación de permisos de generación de energía y acuerdos de compra de energía, así como la invalidación de plantas de autoabastecimiento, productores independientes de energía y plantas adjudicadas en subasta de contratos de energía a largo plazo.
Además «podría desplazar la generación privada eficiente, renovable y de bajo costo».
Insistió en que la propuesta de reforma no solo crearía un mercado de electricidad más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, y además impediría el progreso de México en el logro de sus objetivos de energía limpia.
