Puras, quien concluyó hoy su primera visita oficial a Paraguay, instó al Gobierno a «acelerar» la aprobación de la ley contra toda forma de discriminación, un proyecto impulsado durante los últimos siete años por diferentes organizaciones.

«Paraguay es uno de los pocos países de la región que no cuenta con dicha ley y esto representa una deuda histórica con la sociedad paraguaya», expresó el relator en una rueda de prensa.

Destacó que Paraguay ha ratificado todos los tratados y convenciones del sistema de derechos humanos regional, excepto la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, y la Convención Interamericana contra la discriminación racial.

El relator explicó que, entre los colectivos más afectados por la discriminación en Paraguay se encuentran las personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), las cuales son víctimas de «estigma, violencia y abuso», y muchas de ellas no utilizan servicios de salud por «miedo a la estigmatización y el rechazo».

Esos factores pueden acarrear riesgos para la salud de esas personas, advirtió.

También alertó sobre la situación de quienes viven con VIH o que han desarrollado Sida en Paraguay, donde cada día se diagnostica una media de tres nuevos casos de infección por el virus, afectando especialmente a los hombres que tienen sexo con hombres y a personas que se dedican al trabajo sexual.

Puras recordó que Paraguay ha introducido «medidas eficaces para reducir la propagación» del virus, como el acceso a pruebas gratuitas para su detección, la distribución de preservativos y la prestación gratuita del tratamiento antirretroviral.

Sin embargo indicó que persisten prácticas ilegales que violan el derecho a la privacidad, como las pruebas del virus que se realizan en algunas empresas y lugares de trabajo.

En cuanto a las personas con enfermedades mentales o con discapacidad del desarrollo o psicosocial, Puras criticó el modelo de atención de Paraguay, basado en una «institucionalización y medicalización a largo plazo, poco integrada en la comunidad».

También criticó la tendencia a la institucionalización y privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley, muchos de los cuales cometen «delitos menores» relacionados con el uso de drogas, sin recibir un tratamiento de salud adecuado para sus adicciones.

«El Centro Nacional para el Tratamiento de las Adicciones no puede hacer frente a la demanda existente y debe ser ampliado adaptando sus programas a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las que tienen menos recursos, y a los adolescentes», concluyó el relator.

Puras recorrió desde el pasado 23 de septiembre varios hospitales, servicios de salud y escuelas situados en Asunción, en los barrios ribereños en situación de pobreza conocidos como Bañados, y en las localidades de Itauguá, San Lorenzo y Coronel Oviedo.

El representante de la ONU visitó además una prisión de mujeres, un centro educativo para adolescentes y el Hospital Psiquiátrico de Asunción, y prevé presentar un informe con sus conclusiones y recomendaciones finales el próximo mes de junio en Ginebra (Suiza).