«A fines de setiembre, la empresa GNLS firmó un acuerdo mutuo de terminación con Gas Sayago (sociedad formada por las compañías públicas uruguayas de hidrocarburos, Ancap, y energía, UTE) ante la imposibilidad material de llevar adelante el proyecto y se retira de las obras en Uruguay», explicó GNLS en un comunicado.

El texto añade que una serie de situaciones que resultaron «insalvables» impactaron «negativamente» en los pilares originales del proyecto.

«GNLS hizo enormes esfuerzos proponiendo alternativas que lamentablemente resultaron no viables», continúa la empresa, cuyos accionistas son la francesa Gaz de France-Suez y la japonesa Marubeni.

El gerente general de GNLS, Fernando Tovar, dijo que «continuar con el proyecto en las condiciones planteadas se volvió imposible».

El pasado 30 de septiembre, la ministra uruguaya de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, anunció que se había firmado la rescisión del contrato entre Gas Sayago y GNLS, que estaba encargada de construir y operar durante 15 años una planta regasificadora en la costa de Montevideo.

En ese momento, Cosse no determinó si se retomarán las obras, en las que estaban empleadas unas 700 personas, ni cuándo sería en caso de que así se decidiese, aunque anteriormente, en una instancia parlamentaria, había señalado que se llamará a una nueva licitación y que la planta estará en operación en 2017.

Se trata de las obras de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas licuado, considerada un «hito» para la transformación de la matriz energética del país, que fue concretada y firmada en 2013 durante el mandato del anterior presidente uruguayo, José Mujica (2010-2015).

La ministra sostuvo que la firma, que ya había manifestado su intención de retirarse del proyecto, pagaría la garantía de 100 millones de dólares por su parte.

La infraestructura estaba siendo construida por GNLS, así como por una subcontratada brasileña para Gas Sayago, sociedad formada por las compañías públicas uruguayas de hidrocarburos, Ancap, y energía, UTE.

Sin embargo, la empresa subcontratada, OAS de Brasil, se retiró del proyecto y dejó las obras a medio hacer hace seis meses, según explicó en mayo el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

De acuerdo con el mandatario, los encargados del proyecto pretendían cambiar el contrato inicial firmado entre el consorcio estatal y la multinacional, y pidió pasar de cobrar 14.5 millones de dólares al mes por alquiler durante 15 años a cobrar 20 millones de dólares al mes por 20 años, una vez estuviera funcionando la regasificadora.

«En todo momento, GNLS actuó con responsabilidad cumpliendo con las normas vigentes en Uruguay; honrando sus obligaciones contractuales; indemnizando a los trabajadores afectados; y respondiendo con las garantías comprometidas», explicó GNLS en el comunicado divulgado hoy.

No obstante, el texto remarca que GNLS invirtió «durante casi tres años en el proyecto».

«Fruto de ello es el avance de las obras, los activos y la información técnica que Uruguay recibe y que sin dudas constituye un patrimonio para el futuro del país y la región», concluyó.