Sin estrategia que funcione, autoridades de los tres niveles de gobierno parecen atadas de manos ante el robo de hidrocarburos. En el Triángulo Rojo, militares y marinos son los que dan la batalla. Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, Cártel del Golfo (CG) y Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) disputan el control del ilícito negocio en diversas regiones. Policías, políticos y empleados de Pemex involucrados con delincuentes, entorpecen su combate.
Cada año se bate el récord anterior de tomas clandestinas conseguidas por los delincuentes y también la cuantía en pérdidas económicas para la otrora empresa de “todos los mexicanos”. En 2017 se registraron 10 mil 363 perforaciones en los ductos, un 50.7 por ciento más que el año inmediato anterior, lo que significó un déficit de 30 mil millones de pesos en ese periodo.
Por Luis Carlos Sáinz
Tijuana/Ciudad de México, 6 de septiembre (Zeta/SinEmbargo).- Las estrategias han fallado una y otra vez. El gobierno ha variado los operativos e incorporó de lleno al Ejército Mexicano y a la Marina. Sin embargo, los resultados no son los necesarios y las batallas se siguen perdiendo. Se trata de la “guerra por el huachicol”, o el robo de hidrocarburos que sigue sin freno en el país.
No por nada, el tema aparece frecuentemente en los discursos del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, que entre las iniciativas de modificaciones a la ley, además de prometer una batida contra la corrupción promoverá que todas las modalidades de hurto de combustibles sean establecidas en el Código Penal Federal como delito grave, y se decrete prisión preventiva de forma oficiosa a los imputados.
Y es que además de las cifras del fenómeno delictivo, que se convirtió en uno de los más lucrativos para el crimen organizado, los hechos son insostenibles. Balaceras, llamaradas o explosiones en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), policías y políticos involucrados, trabajadores de la paraestatal al servicio de los huachicoleros y ahora familias enteras metidas al ilícito negocio desafiando a la autoridad.
Cada año se bate el récord anterior de tomas clandestinas conseguidas por los delincuentes y también la cuantía en pérdidas económicas para la otrora empresa de “todos los mexicanos”. En 2017 se registraron 10 mil 363 perforaciones en los ductos, un 50.7 por ciento más que el año inmediato anterior, lo que significó un déficit de 30 mil millones de pesos en ese periodo.
Este tipo de delito trae aparejada otra serie de delitos, como son el robo de tractocamiones, remolques, pipas, contenedores y camionetas. Por si fuera poco, Pemex sufre la sustracción de equipos en las mismísimas plataformas marinas y los gastos para hacer las reparaciones de la red de ductos se disparan, ocasionando en diversas ocasiones desabasto en el suministro de combustible en diversas entidades federativas.
El huachicoleo afecta a 25 de los estados del país, pero el problema está más focalizado en Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, con un creciente avance en este último año en Hidalgo, Morelos y el Estado de México. Tan solo en la Ciudad de México, que no está entre los primeros lugares de robo de hidrocarburos, el ilícito creció 406 por ciento de enero a mayo del año en curso, al detectarse 76 tomas clandestinas, cuando en todo el año anterior se reportaron 15.
Las autoridades han intentado de todo. Supuestamente enviarían los productos: diésel, gasolina y turbosina, sin terminar, para que en las refinerías se les diera el acabado, y así, de ser sustraído el producto crudo por delincuentes no les serviría. Pero decir “refinerías” -en plural- en México es un mal chiste. Luego se ha optado por otras estrategias que tampoco han llegado a buen término.
Luego, en 2017, se informó que en el país se había adoptado el modelo colombiano para abatir estos delitos. El entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes, aseguró que se hacía una homologación de criterio con la experiencia colombiana que lograron reducir sensiblemente el robo de recursos petrolíferos. Se hablaba de protocolos y manuales facilitados por la Fiscalía y la Policía Nacional de Colombia, por la empresa petrolera sudamericana, para crear inteligencia sobre el tema. Nada pasó.
Hoy las autoridades justifican el aumento en la sustracción ilícita de combustibles realizando una especie de espejeo con el fenómeno del narcotráfico, con la atomización del menudeo. Renato Sales Heredia bautizó esa venta al detalle como el “huachicomenudeo” y dijo en mayo último que estos delitos se combaten de forma coordinada para ir no solo por los que roban energéticos, sino por quienes los ofertan y también por quienes los demandan.
La Procuraduría General de la República (PGR) representada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de diversas unidades especializadas, Pemex, el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), atacan el problema que no fue atendido oportunamente.
Las claves del fenómeno
– Jornaleros están dejando labores del campo para participar en la industria del huachicol
– Huachicoleros ganan ilícitamente en conjunto $2 mdp por día.
– Roban camiones y camionetas para el transporte del combustible.
– Se estima que en el país, tres de cada diez tráileres y ómnibus de pasajeros surten sus tanques con producto ilícito.
– Mujeres y niños se incorporan al negocio ilegal.
– A los jóvenes les pagan entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales.
– El conflicto por el control de territorios se refleja también en el “huachicomenudeo”.
– El 44 por ciento de los detenidos por este ilícito recuperan su libertad.
– En diez años 144 trabajadores de Pemex han sido detenidos en 17 estados.
– Policías se involucran en la protección de las redes de ladrones de combustible.
– También se menciona a políticos en Puebla y Guanajuato vinculados con las bandas.
– Detener y castigar a clientes de chupaductos, nueva estrategia gubernamental.
– Gran parte del combustible robado no se distribuye al menudeo; se vende a industrias
– Delito de robo, posesión o transporte de hidrocarburo no amerita prisión preventiva oficiosa.
– Valor del combustible robado ($30 mil mdp anuales), triplica monto del fondo para seguridad.
CIFRAS DE HORROR
En México se registraron durante el año próximo pasado 28.4 perforaciones diarias en las redes que conducen los productos petrolíferos por el país. Tan sólo 16 de esas tomas clandestinas son detectadas e inhabilitadas cada 24 horas por soldados del Ejército Mexicano, quienes durante el sexenio han sostenido más de 20 enfrentamientos con miembros de la delincuencia organizada dedicada al robo de combustibles.
Los 30 mil millones de pesos de pérdidas que reportó Pemex en la última anualidad rebasan por varios tantos, más de cuatro, los ingresos que la Federación destina para el combate a la inseguridad en las entidades federativas a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), cuyo titular, Álvaro Vizcaíno, lo reconoció durante un foro convocado por el Senado de la República hace unas semanas.
Para avanzar tan descaradamente como lo han hecho en los tiempos recientes e incrementar sus ganancias, los huachicoleros han incorporado a familias completas al negocio, poniendo como escudos humanos a mujeres y niños. Los jóvenes son reclutados en plazas públicas y por recomendaciones de amigos que ya están dentro de las células criminales. Reciben pagos mensuales que van de los 10 mil a los 15 mil pesos, según los datos con los que cuenta Pablo Vázquez, director general de prevención del delito en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Algunos de los adolescentes o adultos jóvenes son empleados para “ordeñar” los ductos de Pemex, otros para fungir como “halcones” y avisar de la presencia de autoridades, unos más para conducir los vehículos adaptados con contenedores para transportar los combustibles a improvisados almacenes. El propio Pablo Vázquez recordó que en México hay unos 300 mil jóvenes que no estudian o trabajan y son susceptibles de ser incorporados a las filas de la delincuencia.
En el caso de los adultos y personas de la tercera edad, éstos son enganchados principalmente en áreas rurales, precisamente por donde pasan las redes de Petróleos Mexicanos. Optan por dejar de lado su vida en el medio agropecuario en la búsqueda de mejores emolumentos que les permitan vivir con más holgura. Al menos así sucede en Puebla, donde versiones periodísticas estiman que el fenómeno se registra en 17 de los municipios.
La posibilidad de adquirir combustible a un mucho menor precio del oficial, para quienes lo requieren en grandes cantidades, es parte angular del problema. Los hidrocarburos robados van a dar a grandes industrias y al transporte de carga pesada. Choferes reconocen que en su peregrinar por las carreteras buscan abaratar los costos y quedarse con una piscacha del dinero destinado para diesel. Se estima que en el país, tres de cada diez tráileres y ómnibus de pasajeros surten sus tanques con producto ilícito.
La misma tendencia del alza de gasolinas, pero sobre todo el aumento en el número de tropas enviadas a combatir este flagelo en diversas regiones, ha motivado que los huachicoleros también encarezcan el producto, que con todo y eso, es mucho más barato que el precio comercial. Un litro de diesel anda costando aproximadamente once pesos, cuando en 2017 todavía se conseguía en la clandestinidad a siete pesos.
Las acciones contra huachicoleros en 2018
5 enero: Policías municipales se enfrentaron contra huachicoleros en San Martín Texmelucan, Puebla, cuando extraían combustible de un ducto de Pemex. No hay detenidos.
8 enero: Tras una balacera, la Policía Federal detuvo en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca a Alejandro Méndez Castillo, “El Rudy”, operador de Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, líder huachicolero en Puebla.
10 enero: Enorme fuga de gasolina de un ducto de Pemex en la zona boscosa de Ocotepec, Morelos, ocasionada por ladrones de hidrocarburo.
13 enero: Al ejecutar una orden de cateo en dos inmuebles en Cuautitlán, Estado de México, autoridades detuvieron a seis ladrones de hidrocarburos, entre ellos a dos policías municipales y dos estatales.
20 enero: Policías detuvieron a ocho huachicoleros en Veracruz y localizaron cuatro camionetas en las que transportaban más de tres mil litros de combustible robado.
25 enero: En Nuevo León fue detenido Óscar Andrés N., quien junto con Omar Leonardo N., lideraba una organización delictiva dedicada al robo de hidrocarburos en esa entidad y Tamaulipas.
1 marzo: Agentes de la PGR y del Ejército capturaron en Cancún a José Giraldo García, “El Cubano”, líder de Los Zetas en el sur de Veracruz, generador de violencia en ese estado y Quintana Roo, además dedicado al robo de hidrocarburo.
6 marzo: Autoridades de Veracruz detuvieron a Diana N., “La Güera”, líder de una célula de la delincuencia organizada y colaboradora de Roberto de los Santos, “El Bukanas”, señalado del robo de hidrocarburo, a trenes y vehículo de carga en Puebla y Veracruz.
10 abril: En calles de Zapotlanejo, Jalisco, fueron detenidos dos sujetos que transportaban 27 mil litros de hidrocarburo robado en dos tractocamiones con reporte de robo.
9 junio: Fuerzas federales y del Estado de México aseguraron el sótano del Ayuntamiento de Isidro Fabela, donde había cuatro tambos con 200 litros de gasolina robada cada uno, con la que se abastecía unidades oficiales de manera irregular.
21 junio: La Policía Federal localizó un túnel con 30 metros de profundidad por donde se extraía hidrocarburo de un ducto de Pemex hacia una finca de Toluca. Se detuvo a uno de los principales distribuidores de huachicol en el Estado de México.
29 junio: Fue detenido en Acultzingo, Saúl N., segundo al mando del grupo delictivo “Sangre Nueva Zeta” que encabeza su hermano, Roberto de los Santos “El Bukanas”, principal ladrón de hidrocarburos, así como de trenes en Puebla y Veracruz.
11 julio: PGR informó de la captura de 23 personas dedicadas al huachicoleo para diversas organizaciones delincuenciales que operan en Puebla y Estado de México. Se recuperaron 139 mil 998 litros de hidrocarburo, siete inmuebles, 91 vehículos, drogas, 32 equipos de comunicación, armas de fuego, cartuchos, una computadora, 999 mil 700 pesos y una motobomba.
11 julio: Policías federales detuvieron en Apaseo el Grande, Guanajuato, a dos policías municipales de Celaya que ofrecieron 40 mil pesos y una renta mensual para liberar a un huachicolero y el tractocamión que conducía con combustible robado.
28 julio: Trabajadores de Pemex y personal del Ejército localizaron cuatro tomas clandestinas en los municipios de Tlajomulco y Zapotlanejo, Jalisco. No hubo detenidos.
2 agosto: Autoridades federales detuvieron en Puerto Vallarta a Víctor Manuel N “El Pantera 16” o “Comandante Viento”, generador de violencia en Tamaulipas y relacionado con el robo de hidrocarburos y narcotráfico.
17 agosto: La Policía Federal aseguró un camión abandonado con un remolque que contenía 21 mil litros de combustible robado sobre la carretera León-Aguascalientes.
24 agosto: En Monterrey fueron detenidos Héctor Adrián N. “La Yegua” y Christian Aarón N., objetivos prioritarios y acusados de generar violencia en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y el norte de Veracruz. “La Yegua” coordinaba el robo de hidrocarburos.
IMPUNIDAD
Aníbal N. se encuentra preso desde el 28 de abril 2016. Lo detuvieron en el municipio de Singuilucan, en el estado de Hidalgo. Policías observaron un camión doble rodado de color rojo a exceso de velocidad y decidieron ir en su persecución. El chofer frenó, se bajó de la unidad y corrió al monte. Su acompañante, precisamente el hoy detenido, atolondrado, cuando quiso pegar carrera ya no lo pudo hacer.
En el camión asegurado había cuatro contenedores con capacidad para mil litros cada uno, casi llenos de gasolina Premium. En total 3 mil 805 litros. Aníbal declaró que solo iba a acompañar a su amigo a entregar el vehículo y que desconocía la ilicitud en su actuar. En agosto de 2016 fue condenado a 10 años de prisión por posesión ilícita del hidrocarburo y en octubre de 2017 le fue confirmada la pena.
Mala suerte para el condenado. La mayoría de los detenidos por delitos similares quedan en la impunidad. Según la paraestatal, el año pasado presentó más de 10 mil denuncias por la ordeña de sus ductos, lográndose la detención de mil 827 implicados en tomas clandestinas, conducción de vehículos, almacenamiento o simple posesión de hidrocarburo, de los cuales mil 717 recuperaron su libertad. Aníbal forma parte de ese magro 6 por ciento que quedó en prisión.
Otro dato revelador muestra como de 17 mil 217 detenidos por la sustracción de energéticos de Pemex, entre 2015 y 2017, nada más 343 fueron sentenciados; es decir, solamente el dos por ciento. Puebla con 21 condenas y Veracruz con cuatro. Eso es en cuanto a imputados, pero obviamente en la mayoría de los daños a ductos y por robo no hay detenidos. Se forman miles de carpetas de investigación sin que jamás se sepa quién o quiénes fueron los autores de los delitos. De estas indagatorias sin detenido se sabe que tan solo el año pasado, la Procuraduría General de la República integró casi tres mil.
Una de las principales dificultades que enfrentan Pemex y el Ministerio Público Federal en los casos en que sí hay imputados es que al no ser considerado un delito grave, muchos de los detenidos no entran a prisión y otros reciben del juez el beneficio de una medida cautelar distinta a la de prisión preventiva para enfrentar su juicio en libertad.
Lo que en un principio costaba a Pemex y las autoridades ministeriales reconocer, que empleados de confianza o del sindicato, o ex trabajadores de la petrolera estuviesen involucrados, no pudo seguir en el oscurantismo. Es una realidad que personal de la paraestatal participa en la sustracción y otras actividades de los huachicoleros. En diez años fueron detenidos 144 empleados de Pemex Refinación, principalmente choferes, de seguridad física, ingenieros, superintendentes y operadores de bombeo.
Hoy en día, la Secretaría de la Función Pública (SPF), a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, investiga una banda de al menos 40 trabajadores que robaban hidrocarburos alterando instrumentos de medición para sobrellenar las pipas que salían a proveer gasolina o diésel a gasolinerías desde la terminal de almacenamiento de Chihuahua. Al menos eso informó la dependencia a finales de 2017, pero como suele ocurrir ya no se conoció el desenlace de las pesquisas.
En marzo de este año, la misma SPF suspendió a ocho trabajadores de Petróleos Mexicanos que presuntamente participaron en la manipulación y alteración de las válvulas de seccionamiento San Octavio, del Poliducto Minatitlán–México, en Acayucan, Veracruz. De esa forma sustraían hidrocarburo. Las investigaciones continúan y tampoco se conoce el resultado de las indagatorias.
En abril reciente, el pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con lo que avaló endurecer con más años de prisión las penas por este delito. La iniciativa de reforma establece sanciones de 20 a 30 años de prisión, en lugar de 15 a 25 años, y multas de 20 mil a 25 veces la Unidad de Medida y Actualización, a quienes sustraigan hidrocarburos de ductos, vehículos, equipos o instalaciones. El dictamen también aumenta los años de prisión a quien compre, comercialice, transporte o almacene hidrocarburos sin derechos, así como a quien altere el producto.
Falta de optimismo y reconociendo el tamaño del problema, Pemex reconoce que las estrategias de seguridad que ha implementado en coordinación con otras dependencias, para combatir la ordeña de combustible, darían resultado hasta el año 2025.
GUANAJUATO Y PUEBLA
La situación se ha tornado de extrema gravedad en el robo de hidrocarburos en los estados de Guanajuato y Puebla, donde la violencia se ha dejado sentir entre las células de huachicoleros y en contra de representantes de la ley. Incluso con la infiltración de algunos elementos y mandos de los cuerpos policiales, lo que ha incrementado el número de policías asesinados en la Región del Bajío y la muerte de militares o marinos en enfrentamientos en Puebla.
Informes de inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNS), de la Secretaría de Gobernación (SG), reconocen la existencia de 15 presuntos cárteles, algunos de ellos con incidencia en el robo de hidrocarburos, como son: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, Cártel del Golfo (CG) y el denominado Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) que operan principalmente en El Bajío, el Triángulo Rojo, y la Zona Noreste del país.
De ellos, el CJNG estaría por lo menos en dos de estos frentes, en Puebla y en Guanajuato, además de otras regiones de México donde no tienen competencia o confrontaciones como ocurre en Puebla, Veracruz y Tabasco con Los Zetas; o en El Bajío con el Cártel de Santa Rosa de Lima, que encabeza un sujeto apodado “El Marro” y que en redes sociales muestra videos donde retan a los miembros de la organización criminal jalisciense.
En Puebla, la situación es tan delicada que varios alcaldes y hasta ex gobernadores han sido señalados de tener vínculos con huachicoleros. Pemex ha cancelado el contrato o franquicia de siete gasolinerías por la compra y venta de hidrocarburo ilícito. Y las balaceras entre delincuentes o emboscadas a militares y marinos son frecuentes, sobre todo en la zona de San Martín Texmelucan.
Tan solo en 2017 en Puebla se registraron 958 tomas clandestinas y las autoridades realizaron mil 679 operativos contra los “chupaductos”. Se recuperaron 4 millones 869 mil 640 litros de hidrocarburo robado en distintos municipios de esa entidad y fueron detenidos 732 presuntos delincuentes.
El hombre que tiene de cabeza la región, incluidos los estados de Veracruz, Tlaxacala, Tabasco y Oaxaca, responde al nombre de Roberto de los Santos de Jesús “El Bukanas”, por quien el gobierno veracruzano incrementó -en mayo- de uno a cinco millones de pesos la recompensa por información que lleve a su localización y captura. Tabasco, por su parte, se previene ante un posible “efecto cucaracha” por la supuesta persecución de los huachicoleros poblanos.
CASO SINALOA
El poder de las organizaciones criminales dedicadas al robo de combustibles se hace patente en el estado de Sinaloa, donde Petróleos Mexicano prefirió cerrar un ducto que continuar perdiendo producto propio y de particulares que ya trabajan bajo el esquema de la Reforma Energética y eran víctimas constantes de los huachicoleros.
A principios de año, Pemex presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, en contra de quien resulte responsable, por la sustracción de hidrocarburos en Sinaloa a través de tomas clandestinas en el ducto. Un video colgado en redes sociales desnudó el problema. En imágenes se observa que un vehículo de la paraestatal circula junto a un grupo de personas que roban combustible por medio de perforaciones al ducto y que los trabajadores de la petrolera no intervinieron ni denunciaron el hecho.
Las tomas ilegales en esa entidad se han duplicado. En el primer trimestre del año se informó de 252 perforaciones a las redes de Pemex, siendo que el año pasado, en el mismo periodo, apenas se reportaron 128. Los esfuerzos por combatir el delito en municipios como Culiacán, Angostura, Mocorito y Guasave, fracasaron. Las ordeñas continuaron en cantidad de tres por día; lo que motivó a las autoridades a cerrar el ducto, en el tramo de Guamúchil a la capital sinaloense.
Finalmente, desde enero, la empresa mexicana no ha reabierto el referido tubo que envía gasolina y diesel de Topolobampo a Culiacán. El ducto era rentado a particulares para el trasiego de sus productos, pero a partir de junio Pemex pidió que se retirara el tramo de la subasta de ductos que lanzó del Sistema Pacífico. Según Grupo Reforma, el cierre de la red ocasionó pérdidas a los gasolineros de ese estado en un 30 por ciento de sus ventas en promedio.
Incidentes por combustibles en 2018
7 febrero: Dos menores y un adulto resultaron heridos al explotar una bodega que almacenaba hidrocarburo robado en la localidad de El Colorado, en San Salvador, en Hidalgo.
23 febrero: Explotó un ducto de Pemex sobre la carretera Morelia-Salamanca a la altura de San Juan Benito Juárez, Michoacán, debido a que huachicoleros extraían combustible.
27 febrero: En San Salvador El Verde, Puebla, fueron ejecutadas cuatro personas, presuntamente relacionados con el robo de hidrocarburo. Estaban maniatadas, presentaban el tiro de gracia y fueron rociadas con gasolina dentro de un automóvil color negro.
15 marzo:
En balacera con policías estatales de Veracruz murieron dos menores de sexo femenino, de 16 y 14 años, en hechos ocurridos en Río Blanco. La Fiscalía veracruzana informó que ambas pertenecían a una banda ligada dedicada al robo de hidrocarburo y dispararon durante el enfrentamiento.
26 marzo: Fuga y explosión en una toma clandestina de un ducto de Pemex en una zona rural de Axapusco, Estado de México. No hubo lesionados ni detenidos.
15 abril: Huachicoleros ocasionaron la explosión y el incendio en un ducto de Pemex en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. Se quemó camioneta. No hubo detenidos.
15 junio: En una emboscada murieron seis policías municipales de Amozoc, Puebla, a manos de huachicoleros. La Fiscalía Estatal detuvo a cuatro personas, dos de ellas mandos de la Comisaria del lugar, presuntamente coludidos con los homicidas.
4 agosto: Encapuchados y militares se enfrentaron en la zona de Santa Ana Xamimilulco, en Huejotzingo, Puebla. Luego hubo otros tiroteos en otros sitios, tras la captura de un líder huachicolero. Hubo dos lesionados.
23 agosto: En Huichapan, Hidalgo, se registró un incendio en una toma clandestina en un ducto de Pemex, No hubo detenidos.
25 agosto: Un incendio en un ducto de Pemex, por una toma clandestina, en la zona montañosa central de Veracruz, dejó ocho huachicoleros lesionados y 15 vehículos calcinados.
26 agosto: En las comunidades de San Miguel Espejo y Santa María Xonacatepec, en Puebla, chocaron marinos y huachicoleros con saldo de siete muertos, entre ellos su líder Téodulo N. “El 30-30″, “El Comandante 30” o “El Guerrero”, del CJNG, que operaba en cuatro municipios poblanos.
28 agosto: Se registró un incendio en ductos de Pemex en San Juan del Río, Querétaro, en las inmediaciones de una zona industrial del municipio, por una ordeña clandestina.