El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador implementó medidas para mejorar algunos programas prioritarios en materia de Desarrollo Social, en un contexto en que la falta de recursos y los recortes presupuestarios afectan la calidad de los programas, de acuerdo con el Coneval.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Falta de infraestructura y de recursos humanos, recortes presupuestarios y poca definición del problema que pretenden resolver, son algunas de las deficiencias de 17 programas prioritarios de Desarrollo Social del Gobierno federal.
“A pesar de los retos, muchos de los programas lograron avanzar en la mejora de su diseño y funcionamiento”, refirió éste día el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante la presentación de su más reciente evaluación de programas públicos.
Entre las mejoras registradas en los últimos 15 meses, Coneval mencionó el desarrollo de estrategias de innovación y adaptación «para compensar la falta de recursos”; la entrega directa de apoyos a la población con un enfoque territorial; la mejora del diseño y funcionamiento de algunos programas, así como el ejercicio de recursos públicos enfocado a las poblaciones más vulnerables de México.
«La evaluación no califica las acciones sociales o a los gobiernos que las ejecutan”, sino que «permite informar y mejorar sistemáticamente los programas sociales” a nivel federal, explicó en conferencia de prensa José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval.
Otra de las mejoras registradas es el uso de plataformas digitales, la eliminación de intermediarios y la reducción de costos operativos, además de la eliminación o reducción de procesos, como por ejemplo, aquellos relativos a la supervisión y al seguimiento de beneficiarios.
«Se observó que durante el primer año algunos programas modificaron su normatividad, incluso durante el mismo ejercicio fiscal. Estas modificaciones a las Reglas de Operación o Lineamientos eran necesarias dado que algunos programas tuvieron un diseño preliminar que se ajustó a la par de la implementación. Sin embargo, éste proceso pudo propiciar falta de certeza sobre el programa, tanto en los operadores como en los beneficiarios”, explicó el titular del Coneval.
En el caso de la priorización la atención de la población que vive en zonas de alta o muy alta marginación, zonas de violencia y población indígena, Cruz Marcelo refirió que a pesar de ser un logro, “la priorización podría afinarse a partir de utilizar el indicador de pobreza como criterio de elegibilidad [de beneficiarios] para así no sólo llegar a los territorios más necesitados, sino a las personas que los habitan y que presentan mayores carencias”.
FALLAS Y RETOS
Más allá de los recortes presupuestarios que «pudieron afectar, en algunos casos, la calidad o cantidad de los bienes y los servicios otorgados”, Coneval encontró falta de claridad en el objetivo de algunos programas, lo que implica problemas para medir resultados y efectos en la población atendida.
«Algunos programas se centran en medir los avances en la entrega de bienes y servicios, cuidando que la gestión se desarrolle adecuadamente; no obstante, es necesario avanzar en identificar con claridad el resultado que buscan lograr en la población que atienden y, por tanto, el efecto en las condiciones de vida de la población”, explicó Cruz Marcelo.
De acuerdo con el Coneval, “una limitante para la entrega de apoyos monetarios directos es la baja penetración bancaria, principalmente en zonas rurales, lo que incrementa el costo de los beneficiarios de acceder a los apoyos (ya que deben incurrir en costos de traslado a donde hay cajeros); realizar acciones para mejorar las capacidades y el conocimiento que tienen los beneficiarios sobre los instrumentos bancarios, y resolver temas de seguridad en la entrega de éstos”.
En ese sentido, el Consejo indicó que Bansefi, Telecom y la banca privada, que son los medios que más utilizan los programas para dispersar beneficios sociales, «deben mejorar su capacidad para llevar a cabo dicha tarea y asegurar una adecuada atención a los beneficiarios, así como el retiro puntual de sus recursos».
Entre los retos a superar, Coneval detectó la necesidad de dar a conocer los plazos o fechas de entrega de los apoyos para que los beneficiarios puedan planear el gasto de su hogar, además de evitar entregar tarjetas bancarias o apoyos monetarios en horarios laborales, para tratar de evitar que la entrega de apoyos afecte las actividades laborales o educativas de los beneficiarios.
El organismo también detectó que en su primer año de operación, los programas evaluados «contaron con estructuras operativas propias muy reducidas en las entidades federativas, pues una parte de su implementación está a cargo de las personas servidoras de la nación”.
Lo anterior tiene varias implicaciones, de acuerdo con el Coneval.
Primero, que algunos programas comparten al personal operativo, lo que exige un reto de coordinación entre las dependencias involucradas.
Segundo, que muchas actividades son efectuadas por instancias externas a los responsables del programa, lo que implica problemas de organización y supervisión por parte de los encargados de los programas, para que éstos puedan «ajustar en campo los procesos que no dependen de ellos directamente, pero que pueden afectar sus resultados”.
Sobre éste último punto, Cruz Marcelo mencionó que “es necesario definir con claridad en distintos instrumentos normativos los deberes y las responsabilidades de los actores externos a las intervenciones, así como los recursos con los que se les dotará para el desarrollo de sus funciones con la finalidad de lograr la operación de los programas con toda la certeza y con la supervisión adecuada».
Tercero, la concentración de la operación de diversos programas en un solo ente, «lo cual supone que un operativo (servidor de la nación) debe conocer las particularidades de cada programa social y contar con los recursos necesarios para lograr realizar su trabajo con eficiencia y eficacia, sin distinguir entre los programas”.
Por último, el Coneval indicó que “es deseable que los programas tengan metas e indicadores vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a los Programas Sectoriales correspondientes, pues con ello se cuenta con información oportuna para corregir el rumbo en caso de no alcanzarlas o de documentar las buenas prácticas cuando sí se alcancen».
