Ante padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y representantes del Estado mexicano, Esmeralda de Troitiño, comisionada especial para México de la CIDH y cabeza del mecanismo de seguimiento, indicó que recibieron una carta de integrantes del GIEI en la que refieren que recibieron mensajes parecidos a los señalados en los informes de Citizen Lab, por lo que presumen pudieron ser víctimas de espionaje a través del software «Pegasus». Mario Patrón, director del Prodh, pidió que el organismo internacional ponga un ultimátum al Estado mexicano para poder dar continuidad al mecanismo de seguimiento.
En respuesta, los funcionarios mexicanos encabezados por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, señalaron que ya se hacen las investigaciones al respecto sobre el presunto espionaje.
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Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que indagaron el caso Ayotzinapa, pudieron haber sido espiados a través del software «Pegasus», del que hace unos días denunciaron haber sido víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo revelaron este miércoles durante una audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso.
En el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH, Esmeralda de Troitiño, comisionada especial para México y cabeza del mecanismo de seguimiento, destacó que recibieron una carta de los integrantes del GIEI donde refieren que recibieron mensajes parecidos a los señalados en los informes de Citizen Lab.
El pasado 19 de junio, una investigación del diario The New York Times reveló que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas habían sido espiados por agentes del Estado mexicano, únicos autorizados para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.
De acuerdo con informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, entre enero de 2015 y julio de 2016 se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”. A estos se suman los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria.
El informe fue elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.
Los comisionados Luis Ernesto Vargas y James Cavallaro demandaron una respuesta enfática del Estado sobre el tema.
«Varios de los miembros del grupo, así como su secretario ejecutivo recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado ‘Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México'», dijo James Cavallaro ante representantes del Gobierno federal.
En respuesta, los funcionarios mexicanos encabezados por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, señalaron que ya se hacen las investigaciones al respecto sobre el presunto espionaje.
“Hay una denuncia abierta contra quienes resulten responsables”, aseguró el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo al ser cuestionado acerca de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto involucradas en el espionaje.
En su oportunidad, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseveró que en este caso la pregunta es si el gobierno federal será capaz de investigarse.
Asimismo, Patrón Sánchez calificó como una vergüenza que el gobierno federal recurra a la ilegalidad e invierta los recursos para espiar a los abogados que acompañan a los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Respecto al avance en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, las autoridades mexicanas precisaron que el caso no está cerrado y que se siguen todas las líneas de investigación, incluidas las que recomendó el GIEI.
ASÍ ESPIARON A ACTIVISTAS Y PERIODISTAS
Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software habría sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos vieron como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
“Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México”, se mencionó en el reporte del Times.
El Presidente Enrique Peña Nieto “comenzó su mandato en 2012 con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético. No obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de esas promesas tempranas por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que después recibió varios contratos públicos.
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El escándalo de espionaje en México contra periodistas y activistas de derechos humanos creció el pasado 29 de junio cuando varios expertos confirmaron que miembros del Partido Acción Nacional (PAN) fueron blanco de la misma tecnología de punta desarrollada en Israel y vendida exclusivamente a gobiernos.
“Este caso deja totalmente claro que NSO se ha utilizado de forma amplia e imprudente contra una parte de la política y la sociedad civil mexicana”, dijo el coautor del reporte John Scott-Railton. “Una vez más, vemos software de espionaje ‘exclusivo para gobiernos’ utilizado para lo que parecen fines políticos”.
“Conforme siguen apareciendo casos, está claro que este no es un caso aislado de uso indebido, sino una operación continuada que duró más de un año y medio”, añadió.
El PAN es el partido de los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. El reporte dice que el líder del Senado Roberto Gil Zuarth recibió tres mensajes en junio de 2016 con enlaces diseñados para instalar de forma desapercibida el software «Pegasus» de NSO en su celular.
LOS CELULARES ENCENDIDOS
En la misma audiencia, se dio a conocer que autoridades mexicanas reconocieron dos elementos dentro de la investigación del GIEI que desmoronan “la verdad histórica” del caso de los 43 normalistas desaparecidos.
“Sí se investiga el trasiego internacional de drogas en autobuses y que teléfonos celulares de 9 de los 43 desaparecidos mantuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014, cuando supuestamente ya estaban incinerados de acuerdo a la teoría oficial del caso», se señaló.
El fiscal Alfredo Higuera Bernal afirmó que los aparatos telefónicos registraron actividad después del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los abogados del caso cuestionaron las razones para no seguir con el rastreo en meses posteriores.
