“Siempre pagamos los mismos”, reclamó una trabajadora del hogar de 57 años afectada por la caída del Metro de la Línea 12. Como ella, decenas de trabajadores critican el poco interés del Gobierno en garantizar su seguridad y brindarles servicios de transporte de calidad.
CIUDAD DE MEXICO (AP) — Albañiles, limpiadores, trabajadoras del hogar, vigilantes, hombres y mujeres de todas las edades avanzaban la mañana del jueves poco a poco por una cola que serpenteaba hasta llegar a los autobuses de un paradero junto a la estación de Tláhuac, el final de la línea del Metro que el lunes sufrió el accidente que mató a 25 personas e hirió a casi un centenar en la capital de México.
Todos eran trabajadores de suburbios del sudeste de la ciudad que hace casi una década celebraron la llegada del Metro a esta zona, una línea que movía a unas 220 mil personas diariamente. Ahora, la mayoría se resignaba a tardar casi el doble de lo habitual hasta llegar a sus empleos porque los políticos –que nunca suelen usar el Metro– habían mirado para otro lado ante lo que muchos consideraban una tragedia anunciada.
“A los políticos les da igual hacerlo bien o no”, dijo Víctor Luna, un vigilante de 54 años mientras esperaba uno de los autobuses con una caja en la mano.
Cada día Luna y su hija Ana María, madre soltera de una niña de cuatro años que también trabaja como guardia de seguridad, recorrían en bus los más de 20 kilómetros desde su pueblo Valle de Chalco hasta el metro de Tláhuac. Luego atravesaban gran parte de la ciudad en la Línea 12 hasta su lugar de trabajo, un trayecto que antes duraba dos horas y desde el accidente se convirtieron en tres.
“Lo hubieran evitado si realmente el Gobierno hubiera estado atento a todos los servicios que nos brinda», lamentó Ana María Luna. «Pero no hicieron caso a todos los reportes que había”.
“Siempre pagamos los mismos”, decía María Isabel Fuentes, una trabajadora del hogar de 57 años mientras esperaba su turno para abordar uno de los casi 500 autobuses dispuestos por el Gobierno como alternativa a la línea cerrada. “Desde que lo abrieron nos daba un poquito de miedo», agregó.
La Línea 12 es la más reciente de las líneas del suburbano pero también la que ha estado inmersa en más escándalos e irregularidades que han tocado a todas las autoridades desde que se inauguró en 2012 por el entonces Jefe de Gobierno y ahora Canciller Marcelo Ebrard hasta la actual administración local, dirigida por Claudia Sheinbaum.
Pasajeros y autoridades por igual llegaron a temer que el rechinar y el rebote de las ruedas en las curvas cerradas pudieran acabar en un descarrilamiento pero nadie esperaba un derrumbe como el del lunes. Cuatro días después, los técnicos reunían pruebas para avanzar en el peritaje, la cifra oficial de heridos seguía aumentando (el Gobierno capitalino tenía 92 lesionados registrados, 40 de ellos todavía hospitalizados) y la crispación crecía.
Los políticos intensificaron todo tipo de acusaciones cruzadas y las víctimas levantaban cada vez más fuerte su voz para exigir ayudas y justicia. Mientras tanto, muchos trabajadores se resignaban a quejarse en silencio agradeciendo la suerte de que no les hubiera tocado.
“Estamos acostumbrados a salir de todo pero tenían que haberse hecho las cosas bien”, indicó Luisa Quito, una vendedora de dulces de 51 años que trabaja junto a la estación y recordaba que aunque al principio había gente que se quejó de la llegada del metro porque temían las expropiaciones, ahora la mayoría estaba contenta de tener un medio de comunicación rápido que atravesaba la ciudad.
Algunos insisten en que debería haberse terminado con calma y bien. “Se hizo todo de emergencia porque querían ganar puntos», se quejaba Andrés Juárez, un encargado de mantenimiento de 49 años en referencia a que se hizo casi al final de la administración de Ebrard.
“Ahora tienen que poner todo su empeño porque mucha gente usa este servicio”, confió Victor Luna. Su hija, sin embargo, era menos optimista. Harta de los políticos, dijo que a raíz del accidente ha decidido no participar en las elecciones de medio mandato del 6 de junio porque nadie quiere hacerse responsable de la situación aunque ese sea el trabajo de los gobernantes.
“Mi voto nadie lo va a tener, es una pérdida de tiempo», señaló. «No se vale lo que hacen”.