Desde el 20 de octubre, aún como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador prometió a Chihuahua que en cuanto llegara al gobierno pediría concluir el proceso de extradición del ex Gobernador César Duarte. Ya pasaron cuatro meses de su administración y nada. Jaime García, abogado y activista de Unión Ciudadana, lo denunció desde septiembre de 2014 por peculado y otros delitos. Lleva cinco años esperando. La Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero no le ha dado audiencia para continuar con el proceso.
Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– El 20 de octubre, durante su gira del agradecimiento, el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió frente al Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para continuar con el proceso de extradición de Estados Unidos de César Duarte Jáquez, quien sigue prófugo de la justicia a cuatro meses de iniciado su gobierno y, además, tiene una cita con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el miércoles 17 de abril respecto a su proceso de expulsión.
Ya como Presidente, no dijo ni una sola palabra en referencia a Duarte ni a la corrupción durante su visita a Ciudad Juárez el 5 de enero, cuando presentó el Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte también en compañía de Corral Jurado. Ese día, Jaime García Chávez, abogado y activista de Unión Ciudadana que denunció penalmente a Duarte en septiembre de 2014, le pidió en una carta que aplicara «todo el rigor de la ley» contra el ex mandatario.
Ante la falta de acciones penales, el abogado chihuahuense ya no cree en el discurso anticorrupción del Gobierno federal.
En septiembre de 2014, presentó la denuncia penal a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014/09 contra César Duarte por peculado, uso abusivo de facultades y atribuciones, tráfico de influencias y violaciones a leyes bancarias acompañado de la prueba: el Fideicomiso por 65 millones que suscribió el entonces Gobernador priista «para pretender quedarse» con el banco Unión Progreso de Chihuahua.
A la fecha, no ha pasado de la integración de la averiguación previa.
«Cero corrupción, cero impunidad, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Me canso ganso», afirmó López Obrador el 2 de marzo en su visita a Chihuahua, Chihuahua para explicar las tandas para el bienestar.
Para el abogado, «la corrupción no se combate con frases sino con acciones de tipo penal. Estamos en una situación de seguir adelante, pero con gran desaliento porque cinco años no han sido suficientes para que esto se mueva ni una pulgada», afirmó en entrevista.
«La lectura que hago tanto lo que se refiere a la causa inicial de 2014 como a los juicios que ha iniciado también el Gobernador Corral es que hay un desdén por parte de la Presidencia de la República. Creo que hay un desprecio por aplicarle la justicia a César Duarte, creo que hay un desprecio por el esfuerzo ciudadano para atender un reclamo extendido de la sociedad chihuahuense», dijo García Chávez.
A fines del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se le notificó parcialmente la consulta que la Unidad de Estudios y Análisis Financiero de la entonces Procuraduría General de la República estaba haciendo para no ejercitar la acción penal contra Duarte, evocó García.
Entonces presentó el amparo 529/2018, que se tramita en el Juzgado Primero de Distrito en la ciudad de Chihuahua, para conocer los argumentos de la Unidad para exonerarlo. Cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la PGR –bajo dirección del encargado de despachoAlberto Elias Beltrán– impugnó ese amparo ya concedido y está en revisión ante el Tribunal Colegiado.
«No es cierto que se haya acabado la corrupción tolerada a la que se ha referido Andrés Manuel, porque la Fiscalía actual de [Alejandro] Gertz Manero sigue litigando formalmente a favor de Duarte al no desistirse de ese recurso de revisión. Ese amparo que se nos había concedido era elemental porque se nos violó nuestra garantía de audiencia», acusó el abogado de Unión Ciudadana.
El Fiscal Alejandro Gertz entró en funciones el 21 de enero. «Al Fiscal Gertz Manero le dirigimos un telegrama en enero del 2019 pidiéndole audiencia y no hemos tenido un acuse de recibo, simplemente nos están dando la ley de hielo. Ni siquiera contestan para decir que se recibió el documento», aseguró.
En Chihuahua se ha encontrado con el mismo silencio por parte de las autoridades judiciales. «Hace un mes fuimos a la oficina de [el Fiscal César Peniche Espejel] a implorarle audiencia, y es hora que no nos contesta», lamentó.
LAS DENUNCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL
Esta semana, la defensa de César Duarte logró un amparo para suspender una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado de 2.4 millones de pesos. No obstante, el Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Alberto Espinoza Cortés, aclaró que no implica que esté exonerado, ya que acumula otras órdenes de aprehensión y, además, se detectó una posible firma falsa en el trámite de amparo.
«El Juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal, Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, detectó que en el trámite del amparo 130/2019 presentado por César Horacio Duarte Jáquez, en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, existía una posible firma falsa, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la República realizara un peritaje por la evidente discrepancia en las firmas», dijo Espinoza Cortés.
El Fiscal estatal César Peniche Espejel explicó que el juez federal les pidió revisar el alcance de sus testigos protegidos, la base de sus denuncias.
Duarte Jáquez acumula 15 órdenes de aprehensión (otras cinco en proceso desde la Fiscalía de Chihuahua), por posible desvío de más de mil 230 millones de pesos y 1 federal solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por peculado electoral por 14 millones de pesos presuntamente a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución que no ha terminado de expulsarlo de sus filas.
La primera solicitud de detención del ex Gobernador Duarte fue el 28 de marzo de 2017 y la ficha roja fue lanzada por la Policía Internacional (Interpol) el 31 de marzo de ese año. Se piensa que vive en El Paso, Texas.
Hasta el momento, documentó el Consejero Jurídico, se le han negado cuatro amparos de manera definitiva.»Estamos confiados que esa orden se va reponer y van a seguir sumándose cargos en su contra, porque hemos acreditado su participación en diversos desvíos de recursos públicos», afirmó.
En contraste, el abogado y activista de Unión Ciudadana, Jaime García, consideró que el trabajo que ha hecho la Fiscalía de Chihuahua «es muy deficiente». Explicó que este amparo que se concedió contra una orden de aprehensión se trata de justificar diciendo que hay otros expedientes, «pero se concedió porque se finca exclusivamente en testigos protegidos cuya identidad no se conoce. Lo que no dice es que los otros expedientes se basan en la misma línea de sustento probatorio, por lo que se puede venir una ola de amparos concedidos a Duarte».
«Debe de ir más allá la causa de la simple declaración de testigos protegidos. Debe haber otro tipo de evidencias. Por ejemplo en el expediente de 2014 está el fideicomiso, los depósitos bancarios», expuso.
DUARTE, LA DEUDA DEL PRESIDENTE
Aquel 20 de octubre, a semanas de tomar protesta, Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gobernador chihuahuense Javier Corral le explicó que el trámite de extradición ya estaba en la SRE.
Desde septiembre de 2017, el Gobierno de Chihuahua entregó ante la entonces PGR la solicitud formal de detención con fines de extradición sustentada en varias cajas con 70 tomos y 50 discos compactos que contenían todas las carpetas de investigación, con las pruebas en las que se basaron los distintos jueces penales de control.
«Hicimos el compromiso de que, una vez que lleguemos a la Presidencia, se va a instruir al Secretario de Relaciones Exteriores para que se proceda de acuerdo con la Ley», afirmó el entonces Presidente electo. «Platicamos sobre el procedimiento, de cómo ya la Procuraduría ha solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se inicie un trámite ante el Gobierno de los Estados Unidos que no se ha llevado a cabo. Entonces, el planteamiento es que al llegar el nuevo gobierno se lleve a cabo ese trámite».
El Gobernador Javier Corral aseguró en su II Informe de Gobierno en marzo que, a diferencia del «manto de impunidad» de la administración federal anterior, «hemos recibido muestras institucionales de un cambio en la procuración de justicia por parte del nuevo Gobierno federal. El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, han externado su disposición y la de las instituciones que encabezan para actuar, y han mostrado total apertura a fin de que no exista impunidad».
Pedro Ugalde Segundo, especialista en Derecho Penal de la UNAM, explicó que uno de los factores que puede demorar el proceso es que no se aporten las pruebas suficientes al Departamento de Estado de Estados Unidos para acreditar los delitos por los que se está solicitando la extradición.
«Esa es la parte sustancial. La intervención de la Cancillería es la parte diplomática y no técnica. La parte técnica recae en la Fiscalía para aportar todos los elementos que requiere el tratado de extradición, lo que obligaría al Departamento de Estado a conceder la extradición», afirmó Ugalde.
«Sabemos que los delitos por los que lo solicitan es peculado, que no está catalogado como grave en la legislación mexicana, entonces permitiría que esta persona pudiera seguir su proceso en libertad», dijo.
El ex Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo durante su comparecencia ante el Senado el 16 de octubre que hasta ese momento se habían entregado 12 solicitudes de extradición.
«Los delitos por los que se ha acusado al ex Gobernador César Duarte son delitos, que por la propia ley, son delitos no graves. Es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedicimiento penal lo podría enfrentar en libertad», aseguró.
«Qué significa. Que la tramitación que está obligada la Federación, para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado norteamericano, pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento. No es una detención inmediata con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en el Estado de origen es un delito no grave», agregó.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, agregó que en este acuerdo también influye la política. «En asuntos políticos todos los estados les imponen prisión preventiva justificada en los delitos no graves, así que le espera la cárcel indudablemente», difirió.
«Un país primero ve qué tanto le conviene tenerlo y qué tanto le conviene entregarlo», dijo sobre posibles factores que atrasen la extradición. «El país los retiene para sacarle información y se trata de un ex gobernador de un estado fronterizo y debe saber muchas cosas», consideró.
«Todos los que son extraditables acuden a todas las instancias que la ley le permite para que no se produzca la extradición. Se dicen presos políticos, que es un revanchismo […] Las personas que tienen problemas legales y huyen a un país lo que buscan es ser extraditados únicamente por ciertos delitos», aseveró Peralta.
De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, a través de la Operación Justicia para Chihuahua, para investigar y combatir los actos de corrupción derivados del gobierno de Duarte y sus ex funcionarios, se han librado 46 órdenes de aprehensión, se obtuvieron 52 vinculaciones a proceso y siete sentencias condenatorias. Además, se han asegurado 53 bienes, entre inmuebles y predios rústicos, y bienes diversos como vehículos y cabezas de ganado que en conjunto podrían alcanzar un valor superior a los 650 millones de pesos.
Legisladores panistas representantes de Chihuahua también han urgido al Gobierno federal la pronta extradición de César Duarte.
«Está prófugo de la justicia el ex Gobernador César Duarte y estamos pendientes de que sea extraditado para que pueda regresarle al pueblo de Chihuahua todos los recursos que fueron desviados», afirmó en tribuna el Senador Gustavo Madero.
La dirigente del PAN en Chihuahua, Rocío Reza Gallegos, aseguró que la impugnación de Duarte contra la expulsión del PRI es «desvergüenza» y «representa el intento de burlarse no solo de Chihuahua sino de las autoridades federales, ante la ineficacia en lograr llevarlo a los tribunales a pesar de las 21 órdenes de aprensión que pesan en su contra».
«Es demasiada la lentitud con la que se está tratando su caso», cuestionó.
EXPULSIÓN DEL PRI, TAMBIÉN PENDIENTE
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó como militante a César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, y se pidió a finales de enero su baja al Consejo Político Estatal.
Pero el 20 de marzo, tras una impugnación de su representación legal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó invalidar este proceso al considerar ilegal que no se le haya dado espacio para su defensa.
Ante ello, el PRI convocó a Duarte Jáquez a una audiencia para el próximo miércoles 17 de abril al mediodía para que desahogue pruebas.
«Se fijan a las doce horas del 17 de abril de dos mil diecinueve, a efecto de llevar a cabo en las oficinas de esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos», anunció el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles Álvarez.
Jaime García, abogado y activista, consideró que «el PRI se debe estar lamentando de no haber procedido en su momento en contra de Duarte; hubo una complacencia absoluta».
