La pandemia de COVID-19 golpeó a América Latina, una región que ya enfrentaba otros problemas como la violencia extrema a mujeres. En números absolutos, para 2019 los países con más feminicidios de América Latina fueron Brasil, México y Honduras.
Por Diana Marcela Tinjacá
Redacción Internacional, 6 mar (EFE).- La violencia machista en Latinoamérica, una de las regiones más letales del mundo para las mujeres (más de 4 mil 600 feminicidios en 2019), ha aumentado de forma dramática durante la pandemia y ha llevado, incluso, a exigir que se declare la «emergencia» para aplicar medidas inmediatas.
Aunque para este Día Internacional de la Mujer, bajo el lema «Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19», se mantienen históricos reclamos como la legalización del aborto y la equidad, el repunte de la violencia de género en medio de los confinamientos y su manifestación extrema, los feminicidios, tienen en alerta a la región.
«Varias circunstancias se han prestado para que se recrudezca la violencia contra la mujer: el estrés general, la crisis económica y social, la necesidad de quedarse en casa. Esto privó, además, a las mujeres de espacios de redes de apoyo» y facilitó las expresiones de violencia, dijo a Efe la jefa de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ecuatoriana María Caridad Araujo.
4,600 FEMINICIDIOS EN UN AÑO Y LA SITUACIÓN EMPEORA
De acuerdo con la ONU, que lo describe como una «pandemia en la sombra», los niveles de violencia machista, en particular de tipo doméstico, se han incrementado en todo el mundo durante la pandemia, pero en Latinoamérica lo han hecho sobre unas cifras que en sí ya eran muy dramáticas.
Las estadísticas más recientes de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) muestran que más de 4 mil 600 mujeres de la región fueron asesinadas por razones de género durante 2019, un alza de cerca del 17 por ciento respecto a 2018 (unos 3 mil 600).
Entre las tasas más altas de feminicidios por cada 100 mil mujeres se ubican Honduras (6.2), El Salvador (3.3), Trinidad y Tobago (2.9), República Dominicana (2.7) y Bolivia (2.1), frente a un promedio regional cercano al 2.
Mientras que en números absolutos, para 2019 los países con más feminicidios fueron Brasil (1.941), México (983), Honduras (299), Argentina (252) y Colombia (226).
Y la situación no ha hecho más que empeorar en 2020 y 2021, según Naciones Unidas y diversas organizaciones de mujeres, que lo atribuyen a las dificultades sanitarias y económicas y, sobre todo, a las medidas de confinamiento.
«Nosotras advertimos desde el primer momento que la pandemia no hacía más que agravar las profundas desigualdades, a lo que se suma que el hogar no es el sitio más seguro para quienes atraviesan situaciones de violencia machista», sostiene a Efe Silvia Ferreyra, coordinadora del movimiento argentino Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).
Por ejemplo, en Honduras, que tiene la tasa más alta de feminicidios de Latinoamérica, al menos 40 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2021 como producto de la violencia machista, calcula la Asociación Calidad de Vida.
Lo mismo está pasando en Brasil: el Forum Brasileño de Seguridad Pública indica que los feminicidios pasaron de 636 en el primer semestre de 2019 a 648, un 1.9 por ciento más, en el mismo período de 2020.
Bolivia, otro de los países más sacudidos, registra ya 24 feminicidios en lo que va del año, la mayoría en la región central de Cochabamba, donde en los últimos días causó conmoción el hallazgo de los cuerpos de cuatro mujeres enterrados en una zona rural.
Mientras en Colombia, 2020 cerró con 241 víctimas, según la Fundación Feminicidios, y este año ya van 31 casos.
Algo similar a lo que vive Perú, que reportó 166 feminicidios en 2019, el peor año en la última década, y acabó 2020 con 131.
En tanto en Venezuela, solo en 2020, 256 mujeres fueron asesinadas en hechos atribuibles a la violencia de género, de acuerdo con la organización Utopix, según la cual el país registra un feminicidio cada 32 horas.
Caso aparte es El Salvador, donde en 2020 la cifra de feminicidios bajó un 37 por ciento, pasando de 111 crímenes a 70, algo que la Cepal vincula con la reducción del total de los homicidios en el país (uno de los más violentos del mundo) en el último año.
NO SON CIFRAS, SON VIDAS
El drama se ha agudizado en todos los países, según el mapa de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, en el que se registran de forma preliminar unos 2 mil 330 feminicidios en 2020 y 110 en lo que va de este año, en medio del subregistro histórico de esta lacra.
Datos de Mumalá apuntan a que en Argentina durante 2020 hubo 329 muertes violentas asociadas a género y en el primer bimestre de este año se registraron 69.
En Costa Rica, en 2020 se registraron 19 feminicidios y en lo que va del 2021 se contabilizan 2.
En Ecuador se calcula que en 2020 hubo 118 feminicidios, lo que supone una muerte cada 72 horas.
En Guatemala, donde el delito de violencia contra la mujer es el más cometido anualmente, durante 2020 fueron asesinadas 315 mujeres, una reducción frente a los 479 feminicidios de 2019.
República Dominicana registró en 2020 alrededor de 60 muertes de mujeres a manos de sus parejas o excompañeros.
Y en Uruguay, el año pasado hubo 19 feminicidios y en lo que va de 2021 se han producido 3, según cifras oficiales, aunque colectivos feministas hablan de 20 asesinatos en 2020 y 6 en 2021.
«Los feminicidios fueron los únicos delitos que no descendieron en el marco de la cuarentena», subraya Ferreyra.
Por eso, más de 30 organizaciones de 21 países de América Latina han llamado a instaurar un estado de «emergencia», reafirmando que no se trata solo de estadísticas sino de vidas y de miles de familias afectadas.
Ese llamado fue acogido ya en Puerto Rico, donde el gobernador Pedro Pierluisi declaró en enero el estado de emergencia por la violencia machista, ante los 60 feminicidios de 2020, un 62 por ciento más respecto al año anterior.
Mientras, en otros países, como Honduras y Argentina, las organizaciones feministas luchan todavía por medidas para contener las muertes violentas y que se asignen recursos específicos en favor de la igualdad de género.
SOLUCIONES EN LA JUSTICIA
«El enojo de las mujeres debe ser escuchado y respetado para ser visto como un elemento de cambio social», afirmó a Efe esta semana la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, al señalar que al problema de la violencia se suma el estigma que pesa sobre las mujeres que se manifiestan en este país, donde en 2020 se registraron cerca de mil feminicidios.
La queja se extiende también en Nicaragua, donde organizaciones feministas apuntan a una pasividad del Gobierno sobre la violencia machista, que dejó un saldo de 71 mujeres asesinadas en 2020, y por ello exigen justicia y condiciones sociales que les garanticen equidad, así como una política de protección.
Estos colectivos insisten en que gran parte de las normativas que tipifican el feminicidio o bien necesitan ajustes o no se están aplicando efectivamente, lo que ha degenerado en impunidad o en el miedo a denunciar.
Un ejemplo es el asesinato, a mediados de febrero, de una mujer a manos de su expareja en pleno centro de la ciudad argentina de Villa La Angostura, pese a haber realizado varias denuncias ante la Justicia.
En Argentina, en «lo que va del 2021, un 30 por ciento de las víctimas realizaron la denuncia y, sin embargo, derivaron en femicidios. Hay un aumento leve en la búsqueda de ayuda, pero tenemos un Estado ausente y eso hace mella en la confianza de que la denuncia vaya a cambiar la situación», dice la líder de Mumalá.
En el caso de Chile, donde hay un fuerte movimiento feminista, la Red Contra la Violencia Hacia las Mujeres lamenta que la ley promulgada hace poco más de una década sea «parcial», porque solo reconoce como femicidios «los asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas».
Dentro de este «complejo contexto», la representante del BID considera, finalmente, que la región está llamada a atender dos caras: por un lado, evitar el riesgo de que se reviertan los grandes avances en materia de equidad y participación de la mujer, pero también aprovechar la «gran oportunidad» de reconstruir, contando con el rol femenino, para lograr la recuperación.
