La corrupción representa uno de los principales problemas en México. Esta práctica equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y se consume 347 mil millones de pesos cada año. Además es la culpable de haber permitido a las organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas en el país. Se trata de un fenómeno endémico que en combinación con una fuerza de policía mal pagada han contribuido a una impunidad casi total en los criminales.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– La «corrupción endémica» es el principal reto que enfrenta México, al ser la detonante de la violencia de los cárteles de las drogas, de la impunidad en los crímenes, y de la poca confianza de los ciudadanos hacia el Gobierno, coinciden cuatro informes internacionales.
Los mismos informes, presentados en días recientes, revelan cómo la corrupción obstruye el desarrollo político y económico al poner en peligro la legitimidad de las instituciones políticas y las industrias.
De acuerdo con el Índice de Percepción de 2015 de Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 95 de 165 de los más corruptos. El costo de este problema, según estimaciones del Banco de México y el Banco Mundial, equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula a su vez 347 mil millones de pesos se consumen cada año por esta práctica.
De acuerdo con la Investigación, México: Anatomía de la Corrupción elaborada por la investigadora María Amparo Casar con el apoyo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), otras implicaciones económicas que conlleva la corrupción es una inversión hasta 5 por ciento, pérdidas del 5 por ciento en las ventas anuales así como de 480 mil empleos al año.
El miércoles pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en su reporte «Situación de derechos humanos en México» que un «aspecto estructural que permea muchas instituciones de justicia en México […] es la corrupción así como la protección, colusión e infiltración de la delincuencia organizada en diferentes dependencias».
Por ello, el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó la urgencia de que el Estado mexicano «adopte medidas concretas, oportunas y efectivas para combatir la corrupción en todos los niveles y en los tres poderes de gobierno».
La Fundación alemana Bertelsmann manifestó a su vez en el Índice de Transformación (BTI), difundido dos días antes, que México ha tenido la mayor pérdida de la calidad de su democracia en los últimos diez años de entre los 129 países que analizó, en parte por la violencia, la desigualdad y la corrupción.
La organización civil dijo que los retos más importantes de México incluyen «la corrupción, la violencia, la desigualdad rampante y una economía débil que no crea suficientes puestos de trabajo para los jóvenes mexicanos que entran al mercado laboral».
«Esta corrupción endémica en combinación con una fuerza de policía mal pagada han contribuido a una impunidad casi total en los criminales. Como consecuencia, el crimen y la violencia se han vuelto endémicos en algunas partes del país”, refiere el reporte.
Al respecto, el Departamento de Estado Estados Unidos indicó en su reporte anual, publicado también el miércoles, que «aunque las medidas federales anticorrupción están mejorando, la corrupción sigue obstaculizando los esfuerzos antinarcóticos de México».
A decir de Washington, «los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley siguen estando mal pagados, viven con escasos recursos, tienen una formación inadecuada, y son vulnerable a la corrupción».
«El Gobierno mexicano y algunos gobernadores estatales han realizado despidos a gran escala de policías corruptos, pero el trabajo que sigue es asegurarse de que sólo los funcionarios plenamente examinados permanezcan en las filas. Algunos funcionarios también han establecido, reestructurado, o aumentado sus oficinas de asuntos internos», dice el reporte.
El reporte del Gobierno estadounidense menciona que las ganancias del tráfico ilícito de drogas que provienen de los Estados Unidos son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano.
«Otras fuentes importantes de fondos lavados incluyen la corrupción, la evasión de impuestos, tráfico de influencias, el secuestro, la extorsión, violaciones da los derechos de propiedad intelectual, la trata de personas y el tráfico de armas de fuego», dice el reporte.
En su informe 2015, también difundido el miércoles pasado, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que en México, «las bandas de narcotraficantes siguen siendo una de las principales fuentes de actividad delictiva, en particular de asesinatos, secuestros y corrupción».
El reporte menciona que estos grupos criminales suponen una amenaza constante para el orden público y la seguridad en muchas partes del país. De acuerdo con el organismo de la ONU, «la violencia, la alteración del orden social y la corrupción ligadas a la producción y la oferta ilícitas de drogas ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y debilitan el estado de derecho».
«La corrupción relacionada con las drogas socava la lucha nacional y mundial contra la ilegalidad. En el plano nacional la corrupción pone en peligro la legitimidad de las instituciones políticas y las industrias. La corrupción de los partidos políticos, los organismos públicos, los funcionarios, los profesionales y los dirigentes de la comunidad obstruye el desarrollo político y económico en muchos países», menciona el informe de la ONU.
Dice que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas son perfectamente conscientes de esto por lo que tratan de minar la capacidad del Estado mediante la corrupción y la violencia.
Dice que la corrupción y los problemas relacionados con las drogas se potencian mutuamente; «de hecho, la corrupción y otros problemas sociales contribuyen considerablemente al desarrollo de la industria ilícita de la droga».
Para la CIDH “la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas». El organismo internacional detalla que el poder fáctico que ejercen los cárteles de la droga en el país, aunado a los niveles de corrupción de muchos agentes estatales que les permiten actuar con impunidad en muchos casos, inciden en los latos niveles de violencia que azotan al país».
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes coincide que la corrupción de los funcionarios públicos sigue siendo un problema constante en las actividades de lucha contra las drogas que compromete el bienestar público. Por ello, pide los Estados deben encontrar el modo de que los funcionarios públicos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los políticos puedan desempeñar sus funciones con honradez.
