La Sedesol no acreditó el cumplimiento de la estrategia de abatir el hambre, y tampoco los indicadores que definió la dependencia en 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la población en pobreza alimentaria extrema, de acuerdo con la ASF.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), el principal programa social de la actual administración y que en 2014 tuvo un presupuesto de más de 160 mil millones de pesos, tiene deficiencias en el diseño, en la focalización de la población a atender y en la coordinación de acciones implementadas, por lo que no hay pruebas de su contribución a la erradicación del hambre en 7 millones de personas.
Según el dictamen referente a 2014, estas deficiencias en la focalización y en la coordinación, no permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales de su población objetivo, ya que de los 61 programas que promovió, sólo nueve atienden directamente la pobreza alimentaria; el resto se ocupan de otras carencias.
Esos nueve programas presupuestarios se hicieron con el ejercicio de 50 mil 438 millones 863.3 mil pesos, tan sólo el 31.3 por ciento del presupuesto anual total.
La ASF realizó una evaluación únicamente de desempeño del programa. Se revisó el diseño de la estrategia y el avance con base en los resultados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en lo que respecta a la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Contra el Hambre (SNCH) y la focalización de la población objetivo y el control y seguimiento de la Cruzada.
También fueron evaluados los resultados de la estrategia en la mejora del ingreso económico y la atención de las carencias sociales de las personas en situación de pobreza extrema alimentaria.
Se utilizaron los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, pero no fue posible evaluar algunos rubros porque los datos proporcionados por la Sedesol “no fueron suficientes de calidad, confiables y consistentes […] no reportó el avance en el cumplimiento del indicador ‘disminuir a un valor igual a cero los 7.0 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema de alimentación para 2018’”, puede leerse en el documento.
Por esta razón, el dictamen de la ASF señala que de las deficiencias detectadas en el marco de la Cruzada, la Sedesol no acreditó el cumplimiento de la estrategia de abatir el hambre, y tampoco de los indicadores que definió la dependencia en 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria, “no definió metas, ni acreditó resultados”.
En 2013 se creó el decreto del que nació la Cruzada. La encargada de diseñarla, focalizar a la población potencial, implementarla y coordinarla, fue Rosario Robles Berlanga, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Su objetivo fue el de atender el mandato constitucional de garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre.
La cruzada atendió en su primera etapa, en el año de su creación, 405 municipios. En 2014, atendió a mil 012 municipios.
PROBLEMAS DESDE LA CONCEPCIÓN
La población objetivo de la Cruzada son aquellas personas que viven con un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar mínimo y que tienen tres o más carencias sociales, lo que las ubica dentro del umbral de la pobreza extrema.
Según los resultados de la ASF, eso es el indicador de pobreza multidimensional y no con la conceptualización del hambre, es decir, hay un problema desde la concepción. La metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dice el documento, no establece ni se cualifica el concepto de “pobreza extrema alimentaria”. En 2014 no se encontró una ley que reglamentara el derecho a la alimentación, por lo que no se define el problema público, ni la población objetivo.
Tampoco se homologaron los apoyos ni se reguló la transversalidad de la política pública entre dependencias y gobiernos.
Se informó sobre la operación de 90 programas, pero sólo 48 contaron con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Los otros 42 programas correspondieron a 15 programas presupuestarios.
“Cada programa tiene su propia población objetivo (personas, viviendas, localidades, etcétera) y su ámbito de actuación (nacional, regional), por lo que sus acciones pueden o no incidir en la población objetivo, los pobres extremos alimentarios”.
El problema de la focalización que señala la ASF es derivado de que del total de la población en México, 55.3 millones viven en condiciones de pobreza y 11.4 millones, el 20.6 por ciento en pobreza extrema. De esa población, 7 millones fueron catalogados por el Gobierno federal en pobreza extrema alimentaria. Esto porque contaban con un ingreso inferior al valor de la Línea de Bienestar Mínimo, además de vivir con tres o más carencias sociales. Es fue la población potencial de la estrategia.
Las cifras chocaron con los estimados del Sistema de Focalización de Desarrollo. Las “deficiencias” se reflejaron en una incorrecta coordinación de acciones de los programas que participaron en la Cruzada; la Comisión Intersecretarial de la CNCH informó que se implementaron 64 programas presupuestarios, pero se identificó que sólo 55 implementaron acciones. No se dio razón sobre por qué no se actuó con los otros nueve.
De los 55 programas que sí se implementaron se realizaron 79 acciones: en cuatro no se establecieron metas y en las otras 75 en que sí, se trabajó con términos absolutos y carecieron de un referente, “ lo que no permite determinar la suficiencia de las acciones para atender la problemática que se pretende resolver”.
“La información de las 79 acciones implementadas por los programas no permite asegurar que se dirigieron únicamente a la población objetivo de la CNCH, ya que sólo se cualifica el total de la población atendida por acción, sin precisar su condición de pobreza extrema alimentaria, por lo que no es posible determinar la imputabilidad de la estrategia en la solución del problema que pretende resolver”, decreta la Auditoría.
Aunado a eso, se encontró que de 64 programas presupuestarios que comprometieron acciones en el marco de la Cruzada, nueve tienen objetivos vinculados a la atención de la carencia por acceso a la alimentación, pero sólo cuatro reportaron al Sifode que atendieron a 518 mil personas, el 7.4 por ciento de la población objetivo.
Del presupuesto ejercido en 2014 –más de 160 mil millones de pesos–, corresponde a lo ejercido por 45 programas y no únicamente a las acciones vinculadas con la CNCH. De 19 programas no se reportó el ejercicio de recursos.
LA ESTRATEGIA DEBE CAMBIAR
En entrevista para SinEmbargo, Pilar Parás, Presidenta de la Fundación Merced, habló de la importancia de transparentar los recursos de este programa social, ya que es alarmante que éstos no lleguen a las poblaciones objetivo.
“Es importante que en todos los programas es necesario cuidar el tema de la corrupción, porque hay muchísimos recursos invertidos en ese tipo de programas que no están llegando a las comunidades o que llegan en forma de compra de votos, pero no crean desarrollo”, dijo.
Desde su perspectiva, la idea inicial de la Cruzada era buena. Comentó que para la elaboración del proyecto fueron convocadas diversas organizaciones civiles a participar con propuestas, pero al final no fueron tomas en cuenta las experiencias de organizaciones que llevan años en el campo trabajando con seguridad alimentaria y con buenos resultados.
La ASF recomendó perfeccionar el diseño de la Cruzada, que focalice sus objetivos y que coordine las acciones de los programas implementados.
Urgió a la Cámara de Diputados a que evalúe la pertinencia de elaborar una Ley General de Alimentación para que se reglamente el Artículo 4, una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a fin de definir el problema público y la población objetivo por atender.
Para Ricardo Fuentes-Nieva, Director Ejecutivo de Oxfam México, la estrategia tiene que cambiar ya, porque considera que los resultados son inaceptables.
“Los resultados de la Cruzada reflejan un problema sintético mayor, que es la falta de resultados de la política social en México y eso tiene que ver en parte, porque sigue con incentivos clientelares, patrimoniales […] hay que repensar las grandes cantidades de recursos que se van a la política social para que tengan más impacto”, comentó.
