El Senado de la República discutirá este día la Ley de Seguridad Interior en medio de llamados nacionales e internacionales para no avalarla y discutirla de manera más profunda debido a que, acusan los grupos civiles, analistas y organismos internacionales, daña a los derechos humanos y es inconstitucional.
Se prevé que el PRI y sus aliados le den luz verde, por lo que ya hay protestas afuera de la Cámara alta para presionar el voto en contra. La misma ONU se pronunció esta mañana, ayer también lo hizo, desde Ginebra, Suiza, para pedir un mayor análisis a la ley.
El sector patronal también advirtió que La ley de Seguridad Interior supone riesgos, más aún si no se vincula a un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Publica.
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Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El día que la minuta de la Ley de Seguridad Interior será analizada por cuatro comisiones distintas del Senado de la República comenzó con protestas en los alrededores de este recinto.
El sector patronal también advirtió que La ley de Seguridad Interior supone riesgos, más aún si no se vincula a un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Desde ayer una conferencia de prensa las organizaciones civiles hacían un llamado a la población civil a manifestarse en contra de las modificación constitucional por considerar que contribuirá a las violaciones de derechos humanos.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la mano de sus aliados, y 48 abstenciones del Partido Acción Nacional (PAN), aprobó en la Cámara de Diputados esta propuesta el pasado jueves, que pretende regularizar las operaciones del Ejército. Sus críticos ven en ella una oportunidad para perpetuar a los castrenses en las calles y sus exabruptos.
En ese sentido se ha manifestado hoy la comunidad internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, calificó la propuesta que ha llegado a la cámara alta mexicana de “preocupante”.
Al Hussein reconoció el problema que los cárteles producen en México en materia de seguridad, así como el temor que causan estas organizaciones criminales, sin embargo desestimó que el Ejército sea la solución para enfrentarlas.
El 11 de diciembre del 2006, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzaría una inusitada guerra contra el narcotráfico, en el que las Fuerzas Armadas fueron enviadas a Michoacán.
“Más de una década después de que las Fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado.
La promesa de regresar a los militares a los cuarteles se ve más lejana hoy que en el 2015. En aquel año el Alto Comisionado constató que parte de los argumentos para mantener a los castrenses haciendo tareas de seguridad pública era la debilidad d elas policías. No obstante, estos cuerpos no han sido fortalecidos.
“El proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía”, dijo en un comunicado el Alto Comisionado.
Pese a que ha sido el mismo Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, quien ha desestimado el interés de los soldados de permanecer con tareas que no le corresponden, la ley de seguridad interior abre la puerta para que el Ejército haga tareas de seguridad publica.
A diferencia de la oposición a la ley por parte de las bancadas de izquierda, el PAN ha justificado el abstencionismo no por estar en contra de la Ley de Seguridad Interior, sino por no ser acompañada de la aprobación de la propuesta policial de Mando Mixto, que pone a disposición del mando estatal a algunas de las corporaciones municipales, dependiendo su capacidad.
“Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana”, afirmó Zeid.
«Estamos preocupados por esta situación, no quisiera que la policía perdiera sus capacidades de seguridad y hubiera una militarización, porque esto sería una dictadura disfrazada como lo ha manejado el PRI durante muchos años”, dijo Denise Villuendas, una de las ciudadanas protestantes.
El Senado permanece cercado por elementos de seguridad para evitar desmanes de los manifestantes.
Un joven identificado como Arturo Flores, de la organización Mexicanos al Grito, fue agredido por un supuesto trabajador del Senado, quien fue detenido por elementos policiales.
COPARMEX: LEY DE SEGURIDAD, UNA AMARGA MEDICINA
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que La ley de Seguridad Interior supone riesgos, más aún si no se vincula a un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Publica.
«Como amarga medicina, nuestros diputados, decidieron recetar a la sociedad la Ley de Seguridad Interior; misma que debe de ser ratificada por el Senado para completar el proceso legislativo y dar paso a su promulgación», destacó la Coparmex en un comunicado.
Detalló que la en la discusión de esta legislación se develan muchas dudas sobre la conveniencia o perjuicio de la participación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública, que en la lógica constitucional deberían realizar las fuerzas del orden civil. «El trago no es fácil, reconocer que nuestras fuerzas de seguridad civiles no pueden contener la delincuencia y violencia que campean a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional», indicó.
La Coparmex recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como colectivos de organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema han alertado sobre los riesgos implícitos y las poco alentadoras experiencias internacionales de países que siguieron el mismo derrotero.
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Esta narrativa, dijo, es difícil y lejana para quien habita en algún municipio de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa o -por ejemplo- para los empresarios exportadores de Tamaulipas que han logrado la subsistencia de sus negocios al amparo y resguardo de la Marina Armada de México.
Solicitó una explicación por parte de los diputados para rechazar el Dictamen de Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública que permitiría establecer el Mando Mixto.
«Es precisamente en esta ley donde podemos vislumbrar parte importante de la solución a los problemas de inseguridad en México, vinculando a los tres órdenes de gobierno para recomponer nuestras policías a nivel federal, estatal y municipal. En pocas palabras: nuestros legisladores atendieron la urgencia y menospreciaron lo importante», puntualizó la Coparmex.
