La oposición, sobre todo la izquierda, ha criticado durante años al gobierno federal (antes panista y ahora del PRI) por Carlos Romero Deschamps y, antes, por Elba Esther Gordillo. Pero en la capital, donde gobierna el PRD, se practican exactamente los mismos vicios que tanto se reclama a la Federación. Se tiene un sindicato alimentado con dinero de los capitalinos; se oculta a dónde van esos cientos de millones de pesos.
Eso es lo que ha ocurrido con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y el gobierno capitalino. A través de la Oficialía Mayor, esta organización gremial ha recibido más de 209 millones de pesos del 2000 a la fecha. ¿Y dónde quedó el dinero?
La Oficialía Mayor «no sabe» qué uso le ha dado el sindicato a esos recursos. Pero en los últimos cuatro años no ha dejado de abrirle la caja fuerte. De hecho, cada año le entrega un poco más que el anterior. Tan sólo en 2014 le ha transferido 48 millones 500 mil pesos.
La organización sindical, dirigida desde 2011 por Juan Ayala Rivero, ha recibido el dinero bajo los conceptos de “apoyos colectivos”, “ayudas culturales y sociales” y “otras prestaciones”. Y es un misterio a dónde ha ido a parar…
Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- “¡Chiquitibum a la bim bom ba/ Chiquitibum a la bim bom ba…!”, gritaban una y otra vez los trabajadores del gobierno capitalino, apostados afuera de la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el pasado 17 de septiembre, cuando el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, salió tras haber acudido a ese recinto para rendir su Segundo Informe de Labores.
Pero las porras no eran para él.
“¡A la bio a la bao a la bim bom ba/ Ayala, Ayala, ra-ra- ra!”, remataban los empleados del gobierno –llevados para la ocasión– en reconocimiento a su líder sindical, Juan Ayala Rivero, quien apareció en el umbral del edificio de la calle de Donceles detrás de Mancera Espinosa.
A los agremiados no les importó que el Jefe de Gobierno acabara de anunciar –frente a legisladores, funcionarios de su gobierno y del gobierno federal y políticos de distintos partidos– la formalización de 40 mil empleados temporales, ni que hubiera reafirmado su proyecto de aumentar el monto del salario mínimo, medidas que si a un sector favorecerán será precisamente al de los trabajadores.
Para los sindicalizados del gobierno capitalino lo importante era vitorear a su líder, quien desde 2011 preside el Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF).
Aunque originalmente su gestión al frente del SUTGDF terminaría el año entrante, el pasado 12 de julio Ayala Rivero fue reelegido para un segundo periodo, que concluirá hasta 2019.
El SUTGDF agrupa a más de 100 mil agremiados, quienes laboran para el gobierno local en áreas como la limpieza de espacios públicos y la recoleción de residuos sólidos, el mantenimiento de obras hidráulicas, las labores administrativas del Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad, y hasta los tomadores de tiempo, encargados de registrar los horarios de entrada y salida del resto de los empleados.
Según declaraciones recientes de Ayala Rivero, el número de sindicalizados asciende a 110 mil. Un boletín de la Oficialía Mayor del 26 de agosto de 2013 refirió que, al menos para ese entonces, eran 102 mil los sindicalizados.
Ese mismo día, Mancera Espinosa también oficializó los más recientes cambios a las Condiciones de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, que no se habían revisado desde hacía 14 años, según refirió posteriormente el Sindicato en un comunicado.
La revisión se tradujo en nuevos beneficios para los empleados del sector público local, como un aumento salarial de 3.9 por ciento y una ayuda alimentaria de 900 pesos.
El SUTGDF también destacó que Miguel Ángel Mancera era el primer Jefe de Gobierno que intercedía directamente en la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo.
Mas tarde, Ayala Rivero aplaudiría los avances que en derechos sindicales se estaban logrando, tras un impasse con los anteriores gobiernos capitalinos.
El pasado viernes 28 de noviembre, durante la presentación de la promulgación de la Ley de Unidad de la Cuenta de la Ciudad de México, Ayala Rivero fue más allá en su reconocimiento a Mancera al destaparlo como presidenciable.
“En la Ciudad de México hay rumbo, hay liderazgo, y hay un presidente futuro: el doctor Miguel Ángel Mancera”, dijo ese día en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ante una concurrencia formada por funcionarios, empresarios, diputados locales y jefes delegacioonales, como reseñó el diario Reforma. «Hoy el corazón de la Ciudad de México late más fuerte porque tenemos un líder político que sabe entender y escuchar a la clase trabajadora», continuó en su arenga Ayala Rivero.
No obstante que la relación con los Jefes de Gobierno anteriores no fue tan cercana ni positiva como ha sido con Mancera, el SUTGDF se ha visto favorecido por las administraciones locales que le han entregado 209 millones 705 mil 700.03 pesos, sin que el sindicato haya rendido cuentas sobre el destino de ese dinero.
El dinero le fue entregado a través de la Oficialía Mayor entre los años 2000 y 2014, bajo los conceptos de “apoyos colectivos”, “ayudas culturales y sociales” y “otras prestaciones”, como se desprende de la respuesta dada a una petición de información hecha por este medio.
Sin embargo, la propia Oficialía Mayor reconoce en su respuesta que hasta la fecha no tiene información sobre el uso y destino que el sindicato dio a esos recursos.
RECURSOS SIN FISCALIZAR
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece en su artículo 30 que toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o análogos que reciban recursos públicos por cualquier concepto distinto a las cuotas sindicales, deberán proporcionar información sobre su uso, destino y actividades que realicen con dichos recursos a los entes públicos de los que los reciben.
Bajo este precepto, SinEmbargo solicitó a la Oficialía Mayor –encargada de la administración interna del gobierno capitalino, incluidos su personal, recursos materiales, servicios generales y patrimonio inmobiliario– información sobre los recursos que ha entregado al SUTGDF desde el año 2000 hasta la fecha.
En su respuesta, emitida el pasado 13 de noviembre, la dependencia detalló que en ese lapso realizó trámites de pago ante la Secretaría de Finanzas a favor del SUTGDF durante siete años: 2000, 2007, y luego ininterrumpidamente desde 2010.
En el 2000, el monto concedido fue de 1 millón 695 mil 700.03 pesos, entregados entre los meses de febrero y octubre.
Para los siguientes seis años, según refirió la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, no se encontraron trámites de pago a favor del sindicato dirigido por Ayala Rivero.
Pero en 2007, de nueva cuenta la dependencia erogó recursos públicos al SUTGDF; esta vez el monto entregado fue de 10 millones de pesos, bajo el ambiguo concepto de “Otras prestaciones”.
La Oficialía Mayor no entregó información sobre transferencias para los años de 2008 y 2009.
En 2010, el monto concedido al sindicato como “Otras prestaciones” casi se había triplicado: 27 millones 510 mil pesos se sumaron a la bolsa del SUTGDF sin que para entonces, según la respuesta de la Oficialía Mayor, hubiera informado sobre el uso que le dio al dinero entregado anteriormente.
En febrero de 2011, el Sindicato recibió una nueva transferencia del gobierno capitalino, esta vez por 10 millones de pesos. Para abril siguiente le llegó un monto igual. Y luego otro en julio. Y uno más en agosto. En total, 40 millones de pesos en sólo un año, concedidos como “apoyos colectivos” y sin mayor fiscalización.
En los años posteriores se registraron transferencias de dinero similares, siempre bajo el concepto de “apoyos colectivos”. En 2012, tan sólo en tres meses el SUTGDF se allegó de 35 millones de pesos del gobierno capitalino; mientras que en 2013, la cantidad recibida creció a 47 millones de pesos.
Durante este año, el sindicato ha recibido al menos dos transferencias de dinero público: una en marzo por 25 millones de pesos y otra en julio por 23 millones 500 mil pesos.
Además de la respuesta a la petición de información, la Oficialía Mayor expone en su portal electrónico que, al menos en lo que corresponde a los recursos entregados entre 2011 a 2013, “a la fecha, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, no ha remitido a esta Oficialía Mayor el informe sobre el uso, destino y actividades realizadas con la entrega de los recursos, es decir, aún no ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”.
Pero en la información entregada y la disponible en el portal de la dependencia hay datos que no coinciden.
En su respuesta a la solicitud de información, la Oficialía Mayor refirió que en 2012 entregó 35 millones de pesos al SUTGDF. Pero en los datos reportados en su portal electrónico, la Oficialía apunta haber transferido 40 millones de pesos durante el primer semestre de ese año, esto es 5 millones de pesos más.
Por otro lado, en los datos de 2014 –actualizados el 30 de junio–, no figura transferencia alguna hecha al SUTGDF, a pesar de que en su respuesta a la petición de información, la dependencia afirmó que en marzo le había entregado 25 millones de pesos.
SinEmbargo buscó al líder del SUTGDF, Ayala Rivero, para conocer por qué no ha informado sobre el uso de más de 209 millones de pesos, pero no obtuvo respuesta. A la Oficialía Mayor, a cargo de Jorge Silva Morales, se le consultó para saber por qué ha continuado entregando millonarios montos al SUTGDF, a pesar de que éste no ha dado cuenta del uso del dinero entregado. La petición de entrevista, hecha a través del área de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, tampoco fue respondida.
LOS BENEFICIARIOS Y LOS RESPONSABLES
El SUTGDF ha sido uno de los pocos privilegiados que ha recibido dinero público del gobierno capitalino, a través de la Oficialía Mayor, como muestra la información disponible sobre los recursos entregados por la Oficialía Mayor, de 2011 a junio de 2014.
Si bien el Sindicato es el que ha recibido los mayores montos, la Oficialía también ha transferido dinero a una asociación civil llamada Los Dos Méxicos, AC, y a otra de nombre Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC.
Entre 2011 y 2013, Los Dos Méxicos, AC, recibió 69 millones 75 mil pesos. Según la información disponible en su portal electrónico, la asociación trabaja en proyectos de integración de mexicanos en el extranjero cuyas familias radican en México.
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC, recibió entre 2013 y junio pasado un total de 10 millones 99 mil 999 pesos. La organización plantea entre sus acciones “facilitar la generación de puentes y de espacios de diálogo estratégico entre distintos actores”, “colocar las miradas y las voces ciudadanas en la agenda pública”, y “reivindicar una inteligencia democrática nacional y regional, sustentada en la ética y la práctica del diálogo abierto”.
Respecto a las transferencias al SUTGDF, acorde con la información entregada por la Oficialía Mayor durante el año 2000, éstas se hicieron durante nueve meses (de febrero a octubre), aún bajo la gestión de Rosario Robles Berlanga, actual Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal.
Entonces fungieron en el cargo de Oficial Mayor Porfirio Barbosa Rodríguez (hasta agosto) y Ricardo Pascoe Pierce (de agosto a diciembre).
El primero de ellos fue detenido en octubre de 2006 por la Procuraduría General de la República, por presunto peculado por más de 129 millones de pesos.
A Barbosa Rodríguez se le acusó de haber desviado 83 millones 252 mil 867 pesos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de una compra irregular de enseres para la Policía Bancaria y del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por 46 millones 343 mil 340 pesos. Fue liberado bajo caución el 11 de mayo de 2007, tras pagar una fianza por el mismo monto que presuntamente habría desviado.
La siguiente aportación al Sindicato se hizo en noviembre de 2007, cuando era Oficial Mayor Ramón Montaño Cuadra.
Éste fue sustituido en enero de 2010 por Adrián Michel Espino, quien previamente había fungido como secretario particular del entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon.
Michel Espino es actualmente Diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y forma parte de la comisión investigadora sobre las irregularidades en la Línea 12 del STC Metro, cuyo servicio se encuentra parcialmente suspendido desde marzo pasado.
Espino se integró a dicha comisión a pesar del rechazo de legisladores locales panistas, quienes consideraron que incurría en conflicto de interés dado que había sido funcionario del gobierno de Ebrard Casaubon, bajo cuya gestión se construyó la Línea 12.
A Jesús Orta Martínez le habría correspondido hacer el último pago al SUTGDF durante el gobierno de Ebrard, pues asumió el cargo, en sustitución de Michel Espino, a finales de marzo de 2012. La última transferencia de recursos de ese año se hizo en el mes de abril, por 10 millones de pesos.
Los apoyos concedidos al SUTGDF en la actual administración se dieron bajo la gestión de Édgar Armando González Rojas como Oficial Mayor. González Rojas dejó el cargo el 14 de octubre pasado, tras la difusión de un audio sobre una supuesta operación irregular en la compra de llantas para automóviles, las cuales habrían sido adquiridas con sobreprecios. En agosto pasado, el diario Reforma publicó que la Oficialía Mayor había adquirido toners para impresoras también con sobreprecio.
SINDICATOS Y TRANSPARENCIA
El SUTGDF se conformó el 14 de diciembre de 1937, hace casi 77 años, de acuerdo con información disponible en su portal electrónico. Quedó registrado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 4 de septiembre de 1939. Actualmente está integrado por 42 secciones y desde julio de 2011 es dirigido por Ayala Rivero.
Durante la pasada legislatura en la ALDF, la entonces presidenta de la Comisión de Transparencia a la Gestión, Lía Limón García (actual subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), impulsó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia local para que los sindicatos rindieran cuentas sobre los recursos públicos que manejan, derivados de acuerdos sindicales o contractuales, con excepción de las cuotas sindicales.
Mas la iniciativa no prosperó. De acuerdo con una nota del diario Milenio, publicada el 8 de noviembre de 2010, la vicepresidenta de la misma Comisión de donde salió la propuesta, la perredista Rocío Barrera Badillo, rechazó entonces la posibilidad de regular los recursos públicos que reciben los sindicatos en el Distrito Federal.
“No podemos regular a los sindicatos, no se les puede exigir cuentas, ellos tienen sus propias reglas específicas”, dijo entonces. Barrera Badillo arguyó que la iniciativa atentaba contra los agremiados y sus dirigentes e inhibía el ejercicio de los derechos y la organización de los trabajadores.
La transparencia sindical también quedó fuera de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal aprobadas el 29 de junio de 2011.
Oscar Arredondo Pico, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, consideró que el principio jurídico de la autonomía le ha permitido a los sindicatos manejarse de manera muy discrecional, favoreciendo la opacidad, el uso de recursos para beneficios personales, conflictos de intereses y corrupción.
El especialista explicó que la reciente reforma en materia de transparencia (promulgada en febrero pasado) que contempla a los sindicatos como sujetos obligados, es un avance para la rendición de cuentas de ese sector, que se ha caracterizado por una opacidad escudada en la no injerencia en su fuero interno.
Arredondo hizo una precisión fundamental al distinguir que si bien hay información de los sindicatos que es de carácter privado, hay otra que por involucrar recursos públicos tendría que transparentarse.
“Si lo aporta el trabajador pierde su naturaleza de público, se convierte en un recurso privado; si lo aporta directamente la entidad pública en forma de donativos, por supuesto que tiene que rendirse cuentas de eso, porque son recursos públicos que se entregan a una persona. Tanto la persona que lo recibe como el recursos tienen que ser sujetos a publicidad”, expuso.
-Con información de Shaila Rosagel
