Hace siete días en la comodidad de su residencia oficial el presidente de México Enrique Peña Nieto, recibió a padres de los normalistas desaparecidos, asesinados, heridos, y a activistas que les acompañan en su lucha porque la autoridad federal cumpla con su obligación y los rescate. Que los encuentren vivos.

Hace siete días y a los normalistas no los han encontrado. Por más que escarban en la sierra guerrerense, por más elementos federales, militares o gendarmes que envían a Guerrero, por más miembros del gabinete que viajen a aquel golpeadísimo estado, o peritos extranjeros que arriben, a los normalistas no los encuentran.

A quienes sí encontraron fue a quienes después de culpar a muchos, identificaron como los criminales principales de Iguala; al alcalde con licencia de aquel municipio, José Luis Abarca Velásquez y a su mujer, María de Los Ángeles Pineda Villa. A Abarca se le investiga por homicidio calificado, por homicidio en grado de tentativa y por enriquecimiento ilícito, entre otros. A su mujer se le acusa de ser –por vía familiar- miembro del crimen organizado en el ala financiera del cártel Beltrán Leyva, mientras a su esposo lo ubica la autoridad aliado con la organización criminal “Guerreros Unidos”.

A 40 días de la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de seis más, a siete días de la reunión de los padres de los jóvenes desaparecidos o muertos con el presidente Enrique Peña Nieto, han sucedido muchas cosas que asombran a los mexicanos, que les indignan, y muy pocas situaciones que les den certeza y seguridad.

No hay justicia para los 43 ni para sus familias. No hay justicia para los muertos. Y a la población indignada, la que se levanta en manifestación en municipios, estados y países, no se le dan respuestas. El país está cada vez más caótico. En La Paz, Baja California Sur, antes una ciudad tranquila, turística, en 24 horas durante el fin de semana, asesinaron a siete personas. Lo mismo sucedió en Chihuahua. También en la Ciudad de México hubo ejecutados.

El no ejercicio del Estado de Derecho para encontrar ya a los desaparecidos y castigar ya, a los asesinos y secuestradores materiales e intelectuales, es un mal ejemplo que cunde.

Si en México los asesinos, los secuestradores, los extorsionadores y los criminales no reciben castigo ni pagan con prisión, cualquiera puede cometer actos delictivos si cuenta con una mínima estructura criminal y un mínimo de impunidad a partir de la compra de policías y agentes.

Para abonarle a este injusto clima, hace unos días en Tijuana, Baja California se confirmó la premisa aquella que los extranjeros que delinquen en México son liberados sin cargo alguno. Para el colmo de la indignación popular, un Juez Federal dejó en libertad al ex marino que introdujo armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército a territorio mexicano, Andrew Tahmooresi.

La determinación del Juez fue luego que la Procuraduría General de la República cediera ante la presión de autoridades y congresistas de los Estados Unidos, que pedían –a como diera lugar-la libertad de su ex militar. Argumentaron tanto en México como en la Unión Americana, la incapacidad mental del marino que entró de manera frecuente a Tijuana vía San Ysidro, California, antes de ser sorprendido cuando intentaba hacerlo de nueva cuenta pero armado. Tres armas, dos largas y una corta y cientos de cartuchos útiles.

Así mientras en México y en el mundo se exige justicia para los normalistas de Ayotzinapa, el rescate de los 43, el castigo a los autores materiales e intelectuales, en un estado, en Baja California, la PGR cede y deja de cumplir con su obligación de procurar justicia, y libera a un extranjero. No hay justicia pues, en ninguna parte.

¿Cómo quiere el Presidente Peña reestablecer el orden sin imponer el Estado de Derecho? Una tras otras las injusticias se van conociendo y los mexicanos se van transformando, como dijo Manuel Martínez, vocero del comité de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos o asesinados, “Nos estamos encabronando con los políticos…”.

A siete días de la reunión de Peña con los hombres y las mujeres que sufren la ausencia de sus hijos, los acuerdos de la minuta no se han cumplido. No se ha dado a conocer la estrategia ni la intensidad de la persecución y los trabajos para la localización de los 43 normalistas vivos. Los padres de los normalistas se quejaron de cómo de reunirse con el presidente y acordar comunicación directa con los titulares de las áreas de seguridad del gobierno federal, de nueva cuenta les enviaron un funcionario de tercer nivel para dialogar. No ha llegado ni la prontitud, ni la seguridad, ni la certeza, en los hallazgos de cuerpos, o en la localización de los desaparecidos.

En general, no se ha cumplido con llevar justicia a las víctimas. Dos políticos detenidos no debe ser el fin de una investigación. La justicia debe aplicarse en todos los ámbitos y en todos los niveles. A mexicanos y extranjeros. A políticos y criminales. A secuestradores y asesinos.

Mientras la impunidad que tiene origen en el mismo estado mexicano, sea la frecuente en los casos de alto y bajo nivel de impacto, México seguirá siendo el mismo país corrupto e injusto que se ve dentro y fuera de nuestra tierra.

Adela Navarro Bello

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