Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La tasa de mortalidad materna tardía aumentó de 0.07 a 0.35 por cada 100 mil mujeres entre 2002 y 2012, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM). Sin embargo, los conteos sobre mortalidad materna en México han excluido dichos fallecimientos, que se dan de forma tardía aun cuando son causados por acontecimientos relacionados con el embarazo, señaló Graciela Freyermuth, secretaria técnica del OMM.
Tan sólo en 2012, las muertes maternas tardías representaron el 10.5 por ciento de la totalidad de muertes maternas registradas entonces (mil 73); sin embargo, no se contabilizaron en la cifra final de 960 casos.
Fuera de ese conteo quedaron las 113 muertes maternas tardías que ocurrieron después de 42 días del parto o que fueron resultado de tumores de placenta o secuelas obstétricas, de acuerdo con datos del OMM, organización experta en temas de morbilidad y mortalidad materna. El 84 por ciento de los casos de defunciones tardías ocurrieron en instituciones públicas de salud, revela la información de dicha organización.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la defunción materna como “la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio de embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales”.
Ante esta delimitación para medir la mortalidad materna, hay una estrategia para procurar que las mujeres sobrevivan al menos más allá del plazo establecido a fin de que no se consideren muertes maternas, refirió. “Si yo sé que una muerte materna es hasta los 42 días, pues voy a hacer todo lo posible porque ellas sobrevivan más de estos 42 días. No quiere decir que no son muertes maternas, sí son muertes maternas, se sabe dónde fue, pero ya no entran en la contabilidad”.
La reducción de la mortalidad materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptados por México. La meta es disminuir la razón de mortalidad materna en 75 por ciento para 2015.
El OMM ha hecho tres cálculos para medir el avance de la reducción esperada, con base en las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (Conapo). A un año de que se cumpla el plazo para alcanzar la meta de 75 por ciento de disminución, el cálculo más optimista reporta un avance de 52 por ciento de cumplimiento.
Freyermuth explicó que el Estado mexicano ha puesto mucho énfasis en el tema de la reducción de la mortalidad materna, de modo que hay una gran presión en el sector salud y ello ha provocado una estrategia para evitar que la cifra de muertes crezca, lo que no necesariamente significa reducir realmente las defunciones.
“Lo que van a tratar todos, hasta los oficiales del Registro Civil, es esconder esas muertes maternas, porque saben que implica una sanción o un problema”, indicó la secretaria técnica del OMM. Una de las estrategias para hacerlo es no reportar las muertes maternas tardías.
Otro mecanismo ha sido hacer que las mujeres sobrevivan pero con secuelas obstétricas. Para prolongar la supervivencia un poco más y evitar que dichas secuelas queden documentadas en los registros médicos, lo que se hace es trasladar a las mujeres de hospitales generales a otros de alta especialidad y, una vez pasados los 42 días del plazo previsto, regresarlas a los hospitales de referencia.
Un problema asociado con la mortalidad materna tardía es la morbilidad materna grave, es decir las complicaciones maternas severas que no producen la muerte de las mujeres, pero sí les dejan secuelas de gravedad. A diferencia de lo que ocurre con las muertes maternas, sobre lo que ocurre en esos casos ni siquiera se tiene registro, apuntó la secretaria técnica del OMM.
Algunas de esas complicaciones son la preeclampsia severa, que puede producir un accidente vascular cerebral; la hipertensión crónica, que genera insuficiencia renal; la sepsis, que puede conducir a la esterilidad. Otra complicación son las fístulas entre el colón y la vagina.
“Son complicaciones que de alguna manera trastocan la vida de las mujeres y las llevan a tener complicaciones con su familia o sus parejas”, puntualizó la especialista.
Aunque no hay registro de cuántos casos de morbilidad materna hay en el país, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estima que por cada muerte materna hay 30 casos de morbilidad materna.
En lo que va del año se han reportado 734 muertes maternas, de acuerdo con el Observatorio con base en información de los Boletines de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SS).
EL CASO DE IRENE
Freyermuth explicó que la morbilidad materna sí es registrada, pero el problema está en que las secuelas pueden no ser consideradas como tales por los médicos, lo que dificulta darles seguimiento. Sin embargo, hay casos de morbilidad materna grave donde las complicaciones son demasiado evidentes como para ignorarlas como tales.
Uno de esos casos es el de Irene Cruz Zúñiga, una oaxaqueña de origen mixteco que hace 13 años fue víctima de una mala atención médica por parte de la Secretaría de Salud (SS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En 2001, a Irene le fue practicada una cesárea de emergencia. Ella tenía entonces 26 años y esperaba a su primer hijo. En su comunidad, Morelos, en el municipio de Santa Cruz Itundujia, no había centro de salud, sino sólo una brigada de salud itinerante. Como se trataba de un parto de riesgo, la brigada la trasladó al centro de salud de Itundujia, donde no la atendieron. Finalmente fue llevada al hospital del IMSS ubicado en Tlajiaco, donde una mala práctica la dejó inmóvil y sin habla de por vida.
La versión que el personal médico que atendió a Irene dio a sus familiares es que la anestesióloga no le controló la presión correctamente, lo que le provocó un derrame cerebral. Desde entonces, su familia de origen se encarga de cuidarla a ella y a su hijo Epafrodito.
A pesar de que entonces el esposo de Irene presentó una denuncia penal, las autoridades de procuración de justicia de Oaxaca dejaron el caso en el olvido, a pesar de que desde 2007 un peritaje del Ministerio Público demostró que sí había una relación entre la mala atención y los daños sufridos.
En 2010, el Ministerio Público declara que por tratarse de un hecho ocurrido en el IMSS, declina la competencia a la Procuraduría General de la República, que a su vez confirma la relación causal entre la mala práctica médicos y el daño causado a Irene.
En diciembre de 2013, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Oaxaca declaró prescrita la acción penal contra la anestesióloga, acusada del delito de lesiones con agravante de responsabilidad médica.
A pesar del fallo, el Magistrado reconoció que las lesiones y daños sufridos por Irene eran permanentes, por lo que debían ser reparados.
Sin embargo, hasta ahora el cumplimiento de las medidas de reparación han sido incipientes, y lo poco que se ha logrado son avances parciales y descoordinados, pues cada institución involucrada está actuando desde su visión y alcances, de acuerdo Cecile Lachenal, investigadora de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Fundar conoció el caso de Irene hace un año y desde entonces ha acompañado a su familia en la búsqueda de la reparación del daño.
Durante la presentación del documental Justicia por Irene: un camino hacia la reparación del daño, elaborado por Fundar y la organización Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC), Lachenal detalló los pocos avances que ha tenido el caso.
“Eso es un poco difícil para la familia porque están repitiendo diagnósticos médicos a Irene, están repitiendo visitas que tienen que atendré familiares, que los están distrayendo de sus actividades cotidianas”, relató.
Además, solicitaron una beca para el hijo de Irene, Epafrodito, pero el Instituto de Educación Pública de Oaxaca sólo ha propuesto incorporar al niño en el proyecto de becas que ya tiene. Fundar considera la medida insuficiente, pues si se trata de un caso excepcional consideran que requiere una respuesta también excepcional, de modo que no basta con la incorporación de programas asistenciales que ya existen.
Además, refirió Lachenal, una persona acude a rehabilitar a Irene, pero sólo va cada cuatro o cinco semanas.
La Procuraduría de Justicia local, que también está señalada como responsable, proveyó terapia psicológica para la familia. Aunque los familiares estaban a gusto con la terapia, ésta sólo se hizo dos veces y luego se suspendió, contó la investigadora.
Respecto a la reparación económica, que corresponde al IMSS, no ha habido avances.
“Estamos ante pequeñas acciones pero nada que se sostiene y nada que termina de concretarse”, expresó.
Freyermuth señaló que los problemas que ocurren dentro de los hospitales públicos, son problemas de Estado, porque es su obligación que el personal que ahí labora tenga las habilidades y las competencias necesarias no solamente para responder ante una complicación, sino para resolver los problemas más básicos de salud.
“Este problema es entre Irene y su familia y el Estado. No es un problema entre particulares y creo que es un aspecto fundamental” expresó Freyermuth respecto al caso de Irene. “Sin embargo, si nosotros nos adherimos a los derechos humanos, la obligación del Estado es proveer a los ciudadanos de condiciones y del acceso adecuado a los servicios de salud”.
El pasado 30 de octubre, Diputados perredistas presentaron un punto de acuerdo para que las instituciones señaladas como responsables cumplan con su obligación en el caso de Irene. Fundar espera que la Junta de Coordinación Política suba al pleno de la Cámara de Diputados dicho punto de acuerdo.
La organización también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las múltiples violaciones a la integridad personal, salud, violencia obstétrica, falta de acceso a la justicia, refirió Jacqueline Sáenz, también integrante de Fundar.
Aquí puedes ver completo el documental Justicia por Irene: un camino hacia la reparación del daño:
