Kabul, 5 oct (EFE).- El Presidente de Afganistán, Ashraf Gani, recibió informes y denuncias de abusos supuestamente cometidos contra civiles por parte de tropas afganas durante la operación de recuperación de la ciudad norteña de Kunduz, informó hoy la Presidencia del país.
«Ha recibido alguna información y quejas en relación a abuso y palizas a la gente por algún personal de las fuerzas de seguridad durante la operación en la provincia de Kunduz», informó hoy la oficina de Gani en un comunicado.
El Presidente afgano reclamó a los mandos de las fuerzas afganas que «eviten tal desobediencia y actos ilegales», contrarios a las leyes afganas e internacionales, las convenciones de derechos humanos y el código de conducta de las fuerzas de seguridad. Además, pidió durante una video conferencia con responsables del Ejército y de la Policía afgana que los civiles sean tratados «mejor que nunca» en este tipo de operaciones, de acuerdo con la nota.
El Ejército afgano lanzó en las últimas 24 horas operaciones contra los insurgentes en al menos 11 de las 34 provincias del país asiático, dijo el portavoz del ministerio de Defensa de Afganistán, el general Dawlat Waziri, en rueda de prensa en Kabul.
Al menos 150 supuestos talibanes murieron y otros 54 fueron heridos en estas ofensivas, mientras que nueve militares fallecieron en distintas partes del país por ataques insurgentes y la explosión de minas, según el portavoz. Los talibares tomaron hace una semana la estratégica ciudad de Kunduz, en su conquista militar más importante desde que fueron sacados del poder en 2001 con la invasión estadounidense del país asiático.
Las tropas afganas reconquistaron la capital de la provincia de Kunduz el pasado jueves, con apoyo aéreo estadounidense, aunque los combates se han mantenido. En la madrugada del sábado la aviación estadounidense bombardeó un hospital de Médicos sin Fronteras en Kunduz, en una acción que dejó 12 miembros de la organización y 10 personas que estaban ingresadas muertas.
MSF ha repudiado la acción militar asegurando que tanto el Gobierno afgano como Estados Unidos conocían la ubicación de su personal y considera que la afirmación de las autoridades afganas de que en las instalaciones había talibanes supone una admisión de un «crimen de guerra».
