Las denuncias de trata de personas menores de edad crecieron un 46.45 por ciento de enero a julio de 2021; el rapto un 24.56 por ciento y la corrupción de menores un 22.5 por ciento.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El número de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de rapto, trata y lesiones, así como de tráfico y corrupción creció en el periodo de enero a julio de 2021 con respecto al mismo número de carpetas iniciadas en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo a cifras oficiales.
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red de Derechos por la Infancia (Redim), indicó que la violencia disparada contra la infancia y adolescencia es algo que tiene que llamar a una profunda e inmediata reflexión como sociedad.
“En Redim hemos visto y nos ha preocupado, el incremento de la violencia hacia niñas, niños adolescentes; para el último informe anual que hizo Redim para el cierre de 2020 se alcanzaban a ver incrementos históricos en causales que venían a la baja y de pronto dieron un repunte en pandemia”, comentó.
Las denuncias por trata de personas menores de 18 años (227) registradas en el periodo en mención crecieron 46.45 por ciento en comparación con enero julio de 2020, que reportó 155 casos. Las carpetas de investigación abiertas por tráfico de menores de edad subieron 275 por ciento, pues de cuatro denuncias registradas de enero a julio de 2020, para el mismo periodo de este año se reportaron 15 casos.
La corrupción de menores, que en los siete primeros meses de 2020 registraron 948 denuncias, aumentó 22.25 por ciento en el mismo lapso de este año con un total de mil 159 víctimas.
RAPTO DE MENORES DE EDAD
Las denuncias de rapto de menores de edad registradas de enero a julio de 2021 creció al menos un 24.56 por ciento, con respecto al mismo número de carpetas iniciadas en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales.
De acuerdo a los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) consultados por SinEmbargo, al menos 71 menores de edad fueron víctimas de rapto, distinto al secuestro, en el periodo de enero a julio del presente año. Se trata de 14 casos más que los registrados en el mismo periodo del 2020, con 57 denuncias; en todo el año se reportaron al menos 110 denuncias.
Nuevo León es la entidad federativa que reporta el mayor número de víctimas, de enero a julio, con un total de 64 casos en 2021; seguido de Sonora con un total de cuatro casos; Ciudad de México con dos e Hidalgo con una carpeta de investigación.
Durante el año 2020, Nuevo León reportó, en todo el año, al menos 100 denuncias de rapto de menores de edad; Hidalgo cinco casos; Ciudad de México tres casos y Sonora dos casos.
Los demás estados reportaron, según la información oficial, cero casos; no obstante, no se detalla si se trata porque no existieron denuncias o porque sus fiscalías estatales no desagregan o reportan dicho delito.
Al respecto, la directora de Redim explicó que la lectura de las estadísticas oficiales disponibles se tiene que dar tomando en cuenta, con base a lo que la organización ha detectado, que no siempre las carpetas de investigación se inician con la clasificación o tipificación adecuada y que también puede existir un subregistro. Además, se tiene que considerar que hay familias que pueden no denunciar estos delitos por desconfianza en las autoridades.
“A menudo este este tipo de cuestiones (denunciar estos delitos) le implican tanto dolor a las familiares, y tristemente las familias a veces se han dado cuenta de que la inacción o tiene la percepción de que puede ser de poca utilidad hacer la denuncia porque a veces está muy instalada en la desconfianza de la sociedad”.
No obstante, explicó, cuando se trata de este tipo de delitos graves de violencia contra niñas, niños y adolescentes, sí suelen registrarse.
«Este tipo de violencias (como rapto o secuestro) que implican un acuerdo de las familias y de quienes cuidan de niñas niños, sí suelen ser de las que se reportan”, dijo la especialista, quien consideró que en cuanto a los estados en que no se reflejan cifras sea una cuestión de su documentación o actualización.
Y es que además del alza de denuncias por el delito de violación, que subió un 32. 3 por ciento, la violencia familiar se acrecentó en 21.6 por ciento; la violencia de género en un 12.9 por ciento; las carpetas de investigación por el delito de rapto, el número de víctimas que son menores de edad, es decir, de 0 a 17 años, también registra un alza.
VIOLENCIA EN GENERAL
Los asesinatos de niños, niñas y adolescentes cometido durante todo el año de 2020, que registró al menos mil 100 víctimas, crecieron 3.67 por ciento en comparación al total de asesinatos de niños, niñas y adolescentes registrados en 2019, que acumuló al menos 1 mil 67 víctimas, de acuerdo con datos abiertos consultados del SESNSP.
A su vez, al menos 678 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio doloso entre los meses de enero a julio del presente año; esta cifra es apenas un 4.37 por ciento inferior a la reportada en el mismo periodo de 2020, que ascendió a los 709 asesinatos de menores.
El número de niñas, niños y adolescentes fue un 3.82 más, ya que, de 4 mil 94 casos registrados entre enero a julio de 2020, para el mismo periodo de 2021 la cifra creció a 5 mil 185.
«Esas cifras revelan que los hogares en donde viven niñas niños y adolescentes no representaron un espacio de protección, concretamente para las mujeres estar encerradas en casa representó enfrentarse con sus agresores”, dijo Tania Ramírez.
El crecimiento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia COVID-19 ha sido reconocido por las propias autoridades en semanas recientes en el contexto del debate por e regreso a clases.
El pasado 19 de agosto, el Gobierno de México presentó las cifras de violencia contra los menores para argumentar por qué se debe volver a clases presenciales, luego de que las aulas fueran cerradas por más de un año debido a la pandemia del coronavirus.
El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó ese día que no sólo son las agresiones físicas habían crecido, sino también aumentaron los embarazos de niñas por violación sexual, incluso los homicidios y aún más: los suicidios.
El funcionario detalló que, durante el primer trimestre del presente año, se registraron 129 mil 020 carpetas de investigación por violencia familiar, un aumento del 24 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, revirtiendo la tendencia descendiente de dicho delito.
También mencionó que, en 2020 del total de lesiones por violencia, el 75.78 por ciento ocurrieron dentro del hogar; en el 73 por ciento de los casos, la persona responsable tenía algún parentesco con la víctima; y el 81.6 por ciento de las víctimas fueron niñas y adolescentes.
Encinas Rodríguez también reveló que en 2020 se reportaron 373 mil 761 nacimientos de madres adolescentes, de los cuales 8 mil 876 son hijas e hijos de menores de 14 años.
“Niñas de entre 10 y 14 años fueron embarazadas por amigos, familiares, desconocidos o exparejas, la mayoría de éstos ocurrió por violación sexual o matrimonios arreglados”, explicó.
Organizaciones civiles lamentaron que las autoridades no hayan reconocido el incremento de la violencia contra menores de edad y mujeres, pues era algo que desde mucho tiempo, casi a inicios de la pandemia alertó la sociedad civil.
“En Redim desde muy tempranamente alertamos del impacto negativo que pudiera tener este resguardo y la no escolaridad presencial. En ese momento se alertaba sobre qué implicaciones podría tener (el encierro) sobre dinámicas de violencia doméstica”, confirmó Tania Ramírez.
Y agregó: “Preocupaba mucho el asunto y reiteradamente estuvimos haciendo exhortos al Gobierno y, pues qué bueno que lo reconocieron, pero qué importante hubiera sido de haberlo hecho antes porque, sino, efectivamente se lee como una aceptación en un momento en el (estas cifras de violencia) ayuda a apuntalar otro tipo de decisiones que eran criticadas por la sociedad, como el hecho del retorno a clases”, comentó.
No obstante, destacó que desde Redim son muy insistentes en hacerle un llamado a la sociedad y autoridades de la importancia del retorno a clases presenciales, debido a que desde su perspectiva las escuelas son un espacio de protección.
“Tenemos perfectamente bien mapeado y documentado cómo las escuelas significan este espacio de protección para evitar cuestiones como embarazo adolescente, reclutamiento de niñas, niños adolescentes a la delincuencia, violencia al interior y otros delitos más graves como el homicidio y la desaparición forzada. Se tiene que desestigmatizar el espacio escolar como un espacio de contagio”, dijo la activista.
La defensora dijo que es urgente y necesario el robustecimiento de la institucionalidad pública que defienda derechos de niños niñas y adolescentes, así como impulsar un proyecto prioritario para eliminar la violencia contra niñas, mejorar sus condiciones de salud, de alimentación; mejorar sus derechos en general.
“No necesitamos que se eliminen instituciones que ya habíamos ganado para proteger derechos, concretamente me refiero al SIPPINA, una de las instituciones que tenían más alineadas al cumplimiento de derechos para niños niñas y adolescentes. El ataque en contra de la institución pues claramente repercute en el tipo de atención que se le da a la violencia de niñas, niños y adolescentes”, expresó.
Tania Ramírez dijo que, aunque es preocupante que desde el arranque del actual sexenio no se haya comprendido la necesidad de la urgencia de priorizar los derechos de la infancia, sin embargo, confió en que se recobre el rumbo.
“Ojalá se ocupen estos 3 próximos años (en priorizar los derechos de los niños) como no se ha hecho en los 3 primeros años”, puntualizó.
