Las suspensiones por amparos que derivaron en ajustes a la ruta del Tren Maya no son para «joder» al Gobierno federal, como acusó Fonatur, sino el reflejo de un megaproyecto mal planeado que viola el derecho a la consulta indígena, medio ambiente y vivienda, aseguran los implicados.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– La serie de amparos interpuestos desde 2020 por comunidades de la Península de Yucatán contra el Tren Maya, por violar su derecho a la consulta indígena adecuada, al medio ambiente sano y a la vivienda, orilló al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a ajustar la ruta de dos estaciones del tramo III que se construirían en Ciudad Campeche y Mérida.
Para el director general de la dependencia, Rogelio Jiménez Pons, son ganas de «joder» al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este fin de semana está de gira en Campeche, Mérida y Quintana Roo para revisar avances de la obra. Pero para los pobladores que recurrieron al amparo, y que los jueces les han dado la razón, es la muestra de que el principal proyecto de infraestructura del Gobierno federal está «mal planeado» por «hacerse al vapor» y violar sus derechos humanos, por lo que «sólo tratamos de evitar que nos ‘joda’ el tren de su jefe».
«Los grupos de extrema derecha están poniendo amparos», declaró esta semana Jiménez Pons, sobre la organización Indignación que representa a los pobladores amparados que integran la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y el Colectivo «Chuun t’aan Maya».
«Tenemos prisa por terminar el Tren [finales de 2023]. Se hará todo, pero nada más que se acabe la discusión con estos ‘politiquillos’ que le meten grilla. Son ganas de joder a la 4T, al Presidente», aseguró el funcionario luego de explicar que, aunque poseen los terrenos donde planeaban construir la estación «La Plancha» en Mérida, los largos litigios provocarán que pueda hacerse hasta dentro de cinco o siete años. La estación se moverá a la altura de Teya.
La semana pasada, Jiménez Pons también anunció la modificación de la ruta del proyecto federal en San Francisco de Campeche, por lo cual el Tren ya no ingresará al centro de la ciudad, donde los Tres Barrios, ubicados cerca de las vías del tren de carga, se ampararon contra el desalojo de sus hogares. La estación ahora será construida en la periferia, a las afueras de la mancha urbana y cerca del aeropuerto, lo que, informó Fonatur, generará ahorros por 2 mil millones de pesos y no implicará un problema de conectividad.
La Gobernadora electa de Campeche, Layda Sansores, planeó «insistirle» al Presidente López Obrador durante su visita a la entidad que el Tren pase por la Ciudad de Campeche para que no se pierdan los 3 mil millones de pesos que se destinarían a la construcción de viviendas y de un hospital.
«Nosotros no sólo peleamos para que se desvíe la ruta del Tren, estamos luchando para que se cancele el proyecto porque –además de afectar nuestro territorio, bienes culturales y no tener una Manifestación de Impacto Ambiental completa sobre los polos de desarrollo ni un Proyecto Ejecutivo– va a traer un incremento a la inseguridad a través del narcotráfico y trata de personas», dijo vía telefónica Pedro Regalado Uc, habitante yucateco miembro de “Múuch’ Xíinbal”, una de las asambleas señaladas por Jiménez Pons como «de extrema derecha».
«Nos está poniendo en el espacio donde debemos ser perseguidos y crucificados por los seguidores del Presidente. Pero no estamos en una lógica partidista, sino que estamos defendiendo nuestro territorio, donde vivimos», aseguró Uc, quien además del activista Gregorio Hau, ha recibido previamente amenazas de muerte. «Es triste que se exprese con esa grosería y ese modo de descalificarnos de una forma vil. Merecemos respeto».
En comunicado, la Asamblea “Múuch’ Xíinbal”responsabilizó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del Fonatur de cualquier amenaza, percance o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier integrante «pues sus declaraciones nos ponen –con toda intención criminal– en una situación aún más vulnerable».
SUSPENSIONES EN YUCATÁN
En marzo de este año, la Jueza Cuarto de Distrito de Yucatán concedió tres suspensiones definitivas para el tramo III del Tren Maya (Campeche-Izamal) derivado de tres amparos presentados en enero por la Asamblea Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun T’aan Maya en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por ser regional y no integral que considere todas las variables de riesgo y por no haber respeto el derecho a la información y participación de los afectados.
«Debe entonces inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza», determinó la Jueza, quien aplicó el principio de precaución por «el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente».
Aunque ordenó al Fonatur cesar los trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales, el abogado de la organización Indignación que acompaña a los poblados, Jorge Fernández, dijo que a la fecha siguen.
«Las obras del Tramo III, de Campeche a Izamal, Yucatán, en teoría tendrían que estar suspendidas, pero de ninguna manera lo han respetado. En un viaje de Mérida a Campeche por carretera se ve que la maquinaria está trabajando», aseguró, por lo que tramitaron un incidente (juicio dentro del juicio de amparo) por violación a la suspensión.
La última suspensión otorgada, ha argumentado Fonatur, no tiene efecto sobre la rehabilitación, mantenimiento ni modernización del derecho de vía existente, sólo de la obra nueva.
«El Tren Maya –expuso el abogado– está siendo evaluado por secciones, pero no hay un proceso de evaluación integral del impacto ambiental del proyecto pese a ser de gran magnitud y pasará por diversas entidades con distintas geografías y orografías».
Respecto a las declaraciones del director general de Fonatur, además de calificarlas de «viscerales», Fernández comentó que evidencia un discurso «racista» al sugerir que son las organizaciones y no las comunidades las que se están enfrentando al proyecto.
«Hay que preguntarse si solicitar que se respeten los derechos humanos es de ultraderecha –como los llamó– o más bien es de ultraderecha el que un Estado imponga un proyecto sin consultar a las comunidades, un proyecto que ni siquiera pasa por lo mínimo en el respeto a los derechos humanos y sólo beneficie a los empresarios», aseveró el abogado de Indignación. «Al decir que es culpa de los amparos se oculta la pésima planeación y que se está haciendo a vapor; no asume su responsabilidad».
En marzo de 2020, el Primer juzgado de Distrito de Campeche también concedió una suspensión definitiva a la comunidad de Xpujil en el municipio de Calakmul, Campeche, por un amparo promovido por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) que alegó la violación a su derecho a una consulta indígena adecuada.
AMPARO EN CAMPECHE
El Fonatur detectó 3 mil 286 hogares en ciudades de la Península de Yucatán que deben ser reubicados por estar sobre el derecho de vía para el Tren Maya. Sin embargo, pobladores de Ciudad Campeche y Candelaria, Campeche, interpusieron cuatro juicios de amparo contra el desalojo que violaría su derecho a la vivienda hasta que hace unos días Fonatur desistió y anunció el cambio en la ruta hacia la periferia.
«¡Un triunfo para nuestras familias, nuestra historia y nuestra identidad como campechanos! ¡Se nos hizo justicia tras dos años de lucha!», celebró el colectivo Tres Barrios integrado por 300 familias de Ciudad Campeche que presentó un amparo en mayo de 2020.
Para quienes han aceptado la mudanza y relocalización, y que actualmente viven en Pénjamo, Tenosique, El Faisán e Icorsa, en Tabasco; El Naranjo, Haro, Candelaria, Escárcega y Pixoyal, en Campeche; y otras comunidades en Yucatán, en los próximos meses la dependencia comenzará la primera parte de entrega de viviendas. Mientras que a las familias que negociaron el apoyo económico ya se les ha iniciado la transferencia de recursos, informó Fonatur en agosto.
Pero en los Tres Barrios históricos de Santa Lucía, la Ermita y Camino Real en la ciudad de Campeche sólo 70 personas habían aceptado la relocalización de las más de 300 casas y negocios que debían removerse hasta antes del cambio del trazo.
«De esas 300, 110 tienen juicios de amparo contra los desalojos y de esas 60 o 70 de las que habla Fonatur hay gente que fue a alguna reunión informativa, pero también presentó amparos”, dijo previamente la abogada Kalycho Escaffié, quien asesoró a las comunidades. En Camino Real, barrio pesquero a unas cuadras del malecón, temían perder su fuente de empleo e ingresos turísticos al ser removidos.
Enrique Gallegos, de la Fundación para el Debido Proceso Legal, expuso que Fonatur no estaba dando garantías al colectivo Tres Barrios para una relocalización, sólo se encargó de ver quiénes estaban de acuerdo.
«Empezaron a hostigar a las familias de este colectivo de más de 300 familias que cuestionaban las maneras en las que estaba llevando el proceso», dijo. «Finalmente Fonatur, por fines prácticos, desistió el construir el Tren ahí, pero antes los hostigaron para que retiraran su demanda de amparo».
Gallegos recordó que no es nuevo que el Gobierno federal señale a las organizaciones civiles e indígenas que han cuestionado el proyecto, pero «no dicen que estos amparos son por omisiones que han cometido contra el derecho a la consulta, medio ambiente sano e información».
Apenas el año pasado desde la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador se menospreció a los colectivos ambientalistas por recibir donaciones internacionales.
«Es común, pero es muy preocupante porque este tipo de comentarios han escalado. Este tipo de agresiones aumentan el riesgo de violencia en entornos locales. En Campeche han aumentado las tensiones comunitarias, hay amenazas de muerte y agresiones directas contra los que se han manifestado contra el proyecto», alertó sobre los señalamientos del director general de Fonatur.
