Desde hace 13 años, alrededor de 30 familias vivían en el predio La Pedrera, en la zona boscosa de Atizapán, Estado de México. En 2016 iniciaron un litigio con Nacional Financiera para adquirir la propiedad y desarrollar vivienda social. Sin embargo, en noviembre elementos de la Fiscalía mexiquense del Gobierno de Alfredo del Mazo las desalojaron «con violencia», de acuerdo con su defensa legal, para dar paso a la inmobiliaria Expectras, de Grupo Homex, fundado por Eustaquio de Nicolás, cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto.
El área de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México aclaró que el Gobernador no tiene relación ni ordenó el desalojo, pues ese es un asunto de la institución federal Nacional Financiera con el Gobierno de Atizapán. La Fiscalía estatal, por su parte, informó que los agentes ministeriales realizaron «el aseguramiento» derivado de una denuncia por «posible invasión» y rechazó actuar a favor de alguna empresa.
Ciudad de México, 5 septiembre (SinEmbargo).– Afuera del predio en litigio La Pedrera, ubicado en la ex Hacienda del Pedregal en el municipio mexiquense Atizapán, 30 familias mantienen un campamento luego de que hace más de nueve meses fueron desalojadas «con violencia» por elementos de la Fiscalía del Estado de México del Gobierno de Alfredo del Mazo Maza, para «entregarle la posesión de forma irregular» a la inmobiliaria Expectras (Grupo Homex), de acuerdo con el seguimiento del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
«Fue un desalojo ilegal, poniéndole las armas hasta a los niños», evocó Verónica, una integrante de la Alianza Única del Valle que vive en la calle desde el desalojo registrado el 30 de noviembre pasado. «Psicológicamente y moralmente sí nos destruyeron». María Guadalupe afirmó que después de escuchar «balazos al aire» aquel viernes, su hija de 7 años «tenía el arma en la nuca».
La Alianza Única del Valle, conformada por los afectados, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva su defensa legal, señalan como responsables al Fiscal del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; al Fiscal regional de Tlalnepantla, Leopoldo Millán Salgado; y a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía regional de Tlalnepantla, Ivonne Sámano Segura, quien encabezó a un grupo de policías ministeriales de Atizapán durante el desalojo sin orden judicial de por medio.
Este miércoles 4 de septiembre se realizó una audiencia ante un Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla para revisar la actuación de los agentes ministeriales durante el desalojo. No acudió la agente ministerial señalada, Ivonne Sámano, sino otros agentes quienes afirmaron que las familias desalojadas no tienen pruebas de que habitaban en el predio o que sea de su propiedad.
«Lamentablemente la Jueza se limitó a decir que si el Ministerio Público no reconoce la personalidad jurídica a los vecinos de la Pedrera entonces no se les da, por lo cual estamos preparando los recursos legales ante esa determinación», informó el abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, tras la audiencia celebrada por la mañana.
GOBIERNO Y FISCALÍA DE EDOMEX NIEGAN ACUSACIÓN
El área de comunicación social del Gobierno del Estado de México de Alfredo del Mazo aclaró a SinEmbargo que el Gobierno estatal «no tiene nada que ver con este predio» ni promovió ningún juicio contra las familias desalojadas.
«Si estamos hablando de un tema judicializado, un juicio, un desalojo, sí están obligadas estas autoridades, tanto policía estatal como la Fiscalía estatal, a participar a solicitud u orden de un Juez. No es una instrucción del Gobernador», dijo el vocero Jorge Alberto López.
El litigio civil del predio, agregó, «es un tema federal de Nacional Financiera» y del Gobierno municipal de Atizapán, encabezado por Ruth Olvera Ruiz (Morena-PES-PT) desde diciembre de 2018, cuyo equipo se ha reunido con esta instancia del Gobierno federal para dar seguimiento.
Desde 2016 el predio está en litigio civil entre la Alianza Única del Valle y la institución federal Nacional Financiera, la cual, según el CDHZL, aparecía en ese momento como propietaria ante la Instituto de la Función Registral del Estado de México.
Los vecinos buscan obtener la propiedad y desarrollar vivienda de interés social «desde la perspectiva de una organización, no como inmobiliaria», dijo su defensa legal del CDHZL Antonio Lara Duque, porque «en la lógica de las inmobiliarias de ver la vivienda como lucro, el área verde no es más que un desperdicio para la construcción de más casas».
«El señalamiento categórico que se ha hecho no es que exista una orden judicial del Gobernador. Eso es claro», expuso el abogado Lara Duque.
«La Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ha comportado totalmente a los servicios de los intereses de esta empresa [Expectras]. Utilizó un grupo de agentes ministeriales, acompañados por civiles armados, para por la fuerza y con uso de violencia desmedida sacar a los habitantes del predio La Pedrera de sus respectivos hogares para después poner un sello de aseguramiento», afirmó sobre el desalojo que incluyó a niños, mujeres y ancianos.
«Lo sorprendente es que los agentes ministeriales dijeron que el predio estaba baldío, pero la misma inmobiliaria reconoció que había gente habitando el lugar. A la fecha, la Fiscalía se ha negado a recibir los datos de prueba con las que los vecinos acreditan que han habitado ese predio desde hace 13 años», aseveró Lara Duque.
El área de comunicación social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México respondió a este diario que «rechaza tajantemente actuar a los servicios de alguna empresa, y reitera que se ha conducido con estricto apego a derecho en el asunto señalado».
Expuso en una ficha informativa que recibió una denuncia por «posible invasión» del predio La Pedrera, por lo que realizó inspecciones en el lugar y solicitudes sobre el estado registral. Ante los datos, se acordó «el aseguramiento» de los inmuebles, donde habitaban las familias, y quedaron bajo custodia de la Policía municipal.
El 12 de abril pasado, compareció ante el Ministerio Público el apoderado de la inmobiliaria Expectras para presentar cuatro impresiones sobre las inscripciones del registro público de la propiedad expedidas por el Instituto de la Función Registral del Estado de México.
«Al no contar con pruebas que señalen alguna ilegalidad en la posesión de predio, se le dio en depósito», expuso la Fiscalía estatal.
Más de nueve meses después del desalojo, las 30 familias viven en la calle en «guardia permanente», debido a que el campamento ha sido «constantemente acosado por policías ministeriales y personal de seguridad privada», comentó su defensa legal Antonio Lara.
Las familias han pagado el predial del predio La Pedrera, ubicado en la zona de El Pedregal caracterizada por sus amplias áreas verdes.
José Rodríguez, integrante de la Alianza Única del Valle, recordó que en mayo de 2018 esta organización vecinal interpuso diversas denuncias ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México por la tala y destrucción de la zona boscosa de esta región mexiquense, por lo que se cancelaron esas labores de manera definitiva.
EXPECTRAS, DE GRUPO HOMEX
La Unidad de Datos de SinEmbargo publicó en «Las favoritas del Sr. Presidente: miles de millones en contratos sin licitación, para 10 empresas» que Expectras y Propiedades Inmobiliarias de México, ambas de Grupo Homex, obtuvieron al menos 17 contratos por adjudicación directa por 272 millones de pesos en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El Grupo Homex, enfocado en vivienda de interés social, fue fundado en 1989 en Sinaloa por el Ingeniero Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez.
«De Nicolás y Peña Nieto son amigos desde hace más de dos décadas, cuando coincidieron como estudiantes en la Universidad Panamericana. En el verano del 2012, mientras De Nicolás vacacionaba con el presidente electo, el gobierno de Estados Unidos investigaba a su empresa por un fraude financiero masivo cometido en aquel país», dice una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción. «En 2007, por ejemplo, cuando Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, De Nicolás lo invitó a él y a su familia a su yate».
Y, agrega el reporte, en agosto del 2013 la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda presentó tres denuncias por defraudación fiscal por 149.5 millones de pesos, en contra del Ingeniero Eustaquio, ante la PGR de Jesús Murillo Karam, las cuales no prosperaron.
De Nicolás aseguró a MCC que cedió sus acciones en Expectras a un socio desde el 4 de julio del 2012.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Antonio Lara consideró que este caso ratificaría que el Gobierno del Estado de México sigue actuando como en los últimos 100 años «entre influencias políticas y empresariales» en contra de la población civil.
