La PGR lo despidió de la Fepade hace diez meses en el marco de la investigación del caso de supuestos sobornos de la empresa Odebrecht y que relacionado directamente a Pemex y su ex titular Emilio Lozoya Austin, un hombre cercano al Presidente Enrique Peña Nieto desde su campaña electoral de 2012. Sin embargo, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador lo integró a su equipo de campaña de 2018 para evitar el robo de votos. Ahora, Santiago Nieto Castillo será el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para el combate al lavado de dinero y corrupción.
Pese a todo, aseguró, en el Gobierno federal que iniciará el 1 de diciembre próximo no va por ninguna revancha: sólo por justicia con una estrategia global de coordinación con las secretarías de la Función Pública y la de Seguridad Pública, así como con el INE y la Fiscalía General. Nieto Castillo dijo que se compromete a que, contrario al uso político que el actual Gobierno federal ha hecho de la PGR, su equipo actuará con perspectiva técnica.
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Santiago Nieto Castillo, designado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no buscará venganza sino justicia en las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
«Los asuntos ya están en la Procuraduría General de la República (PGR). En este momento no tengo datos respecto a qué información existe en el ámbito de la Unidad de Inteligencia Financiera [particularmente sobre el caso de los supuestos sobornos de la empresa Odebrecht a altos funcionarios públicos]. Hay que ser muy cuidadosos con la información pública respecto a los casos concretos en razón de que es una etapa previa al proceso penal. En lo particular, lo que he dicho es que yo no busco venganza en lo absoluto, sino más bien justicia», aseguró Nieto Castillo en entrevista con SinEmbargo.
Durante la presentación de su cargo, realizada el lunes pasado por el futuro Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, el propio Nieto, quien es doctor en Derecho, anunció que será parte de la investigación de ese mismo caso junto con otras instancias.
Urzúa Macías destacó que el ex titular de la Fepade se encargará de una unidad relevante para la siguiente administración, pues será uno de los brazos más importantes de la SHCP, “la que se encarga de seguirle la pista al dinero, al lavado de dinero y, evidentemente con ello, poder combatir de manera frontal la corrupción”.
En conversación con este diario digital, Santiago Nieto expuso que no se pronunciaría sobre los resultados de sus antecesores en esa Unidad de Inteligencia, pero aclaró que ésta «no puede ser considerada un elemento de naturaleza política, sino que tiene que ser un trabajo desde una perspectiva técnica. Eso implica que no se utilice siquiera mediáticamente, sino como un mecanismo de control de la corrupción a partir del ejercicio de sus facultades».
La Unidad de Inteligencia Financiera se creó en mayo de 2004 durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Su objetivo es coadyuvar en la prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –conocido como lavado de dinero– y de terrorismo y su financiamiento, entendido como causar la muerte o lesiones graves para intimidar a una población o presionar a un Estado, señalados en el Código Penal Federal.
TRAGO AMARGO EN EL GOBIERNO DE EPN
Santiago Nieto Castillo fue despedido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en octubre de 2017 por órdenes del actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, debido a que «violó el código de conducta del órgano» al dar una entrevista sobre el caso Odebrecht, un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción acusado de corrupción en varios países de Latinoamérica.
La remoción de Nieto de la Fepade ocurrió en el marco de su investigación sobre el presunto soborno de la empresa brasileña Odebrecht por 10 millones de dólares a la campaña electoral en 2012 de Enrique Peña Nieto que implicaba a Emilio Lozoya Austin, ex coordinador del área Internacional de la campaña del priista mexiquense, y quien luego fue el primer director general de Pemex de la actual administración federal. A finales de este mes, un Tribunal suspendió por tiempo indefinido la judicialización de la imputación en contra de Lozoya por lavado de dinero y cohecho.
Cuando Nieto Castillo salió de la Fepade también estaban en curso las órdenes de aprehensión en contra de los ex gobernadores priistas de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por el presunto desvío de recursos del erario público a campañas electorales.
En una entrevista con el diario Reforma, el ex titular de la Fepade aseguró que Lozoya Austin le envió una carta para pedirle un pronunciamiento público «sobre su inocencia» junto con un currículum sobre quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió.
«Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave», dijo entonces.
En marzo pasado, Santiago nieto habló con el diario The Wall Street Journal, y destacó ahí que «intentaron comprarme para que guardara silencio».
Meses después fue asesor electoral de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y luego López Obrador lo integró a su equipo de campaña para evitar la compra de votos el pasado 1 de julio, donde finalmente el tabasqueño ganó la elección presidencial por más del 50 por ciento de la votación.
«LA PGR HA SIDO OMISA»
Sobre la actual Procuraduría General de la República, cuyo encargado Alberto Elías Beltrán lo despidió, Santiago Nieto dijo en entrevista que «queda claro que ha sido omisa en muchas de las acciones más importantes que se esperaba que hubieran en esta gestión. Tiene que ver con la falta de solicitud de extradición de César Duarte [ex Gobernador de Chihuahua], tiene que ver con los temas relacionados con corrupción en el ámbito público, incluso con los temas vinculados con lavado de dinero de varios ex gobernadores», dijo.
Este martes, el Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado dijo que Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no saldrá libre a pesar de que la PGR se desistió ante un juez del caso de corrupción por los 250 millones de pesos presuntamente desviados del Gobierno estatal. Anunció que hay cinco nuevas órdenes de aprehensión y hay varios involucrados.
Sumado al estado norteño, los 22 estados que han sido gobernados por 28 priistas a la par de este sexenio acumulan al menos 140 mil 338 millones 600 mil pesos sin solventar de 2012 a enero de 2018, lo que representa el 76 por ciento del dinero público arrastrado por todas las entidades en ese periodo, de acuerdo con la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los cinco mandatarios priistas que más acumulan montos sin resolver de gasto programable, junto con los municipales y las universidades públicas, son Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, (36 mil 266 millones); Jesús Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán (21 mil 13 millones); Eruviel Ávila Villegas del Estado de México (12 mil 234 millones); Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco (10 mil 787 millones de pesos); y Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León (5 mil 193 millones), revela el órgano fiscalizador.
«En ese sentido, lo importante es que en la transición que se dé a la Fiscalía General de la República –a partir de la aprobación que el Congreso haga de una Ley orgánica, que permita hacer la declaratoria y el nombramiento del Fiscal General– debe dejar atrás los criterios políticos con los que operó la Procuraduría General de la República», afirmó Santiago Nieto.
«Estoy convencido de que las instituciones deben funcionar para lo que fueron diseñadas. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, para la prevención y el combate a los temas relacionados con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, pero también es un tema de combate a la impunidad y la corrupción», aseveró Nieto Castillo.
CONTRA LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN
Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), precisó que aunque «tiene un problema de debilidad institucional», dado que el Comité de Participación Ciudadana ha hecho una gran labor para poder visibilizar los temas de corrupción, «no lo pondría en el mismo saco que la PGR».
Durante la entrevista, el futuro encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó su estrategia global para combatir el lavado de dinero y con ello ser parte del combate a la corrupción.
Para evitar delitos relacionados con enriquecimiento de procedencia ilícita de servidores públicos, delincuencia organizada y particulares o empresarios, planteó, habrá coordinación y colaboración entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) en temas relacionados con el incremento patrimonial de servidores públicos; la Secretaría de Seguridad Pública en torno a lavado de dinero del crimen organizado; y la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fepade para efecto de verificar el combate efectivo al financiamiento ilícito en las campañas electorales.
El objetivo es que también se coordinen con la Fiscalía General de la República en virtud de la parte de responsabilidad penal.
«En la medida en que todas las instituciones se coordinen podemos tener un mejor resultado y que se traduzca no sólo en inteligencia financiera para el Estado mexicano, sino en la sanción en el ámbito de lo penal a partir de los ejercicios que presente el Ministerio Público», explicó.
Asimismo, dijo que generará un diagnóstico para hacer las propuestas de modificaciones normativas que sean necesarias para cumplir con uno de los planteamientos de López Obrador.
«El Presidente de la República electo ha dicho de forma muy clara que ciertos delitos en materia anticorrupción, delitos electorales y robo de hidrocarburos –que están vinculados con lavado de dinero– se conviertan en delitos que ameriten detención preventiva oficiosa», afirmó. «Lo que creo es que necesitamos tener un sistema que sea más eficaz en persecución del delito», planteó.
A pregunta de SinEmbargo, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, dijo durante una rueda de prensa sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional que «Santiago Nieto es un hombre que se la ha jugado en serio por luchar contra la corrupción».
«Entre permanecer en el cargo y hacer lo correcto ha decidido hacer lo correcto en el caso de Odebrecht. Le costó su empleo y entonces el hecho de que el nuevo gobierno lo quiera reincorporar en una posición tan sensible como la Unidad de Inteligencia Financiera es una buena señal para todos los mexicanos y mexicanas que estamos cansados de la corrupción», aseguró.
