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Redacción/SinEmbargo

05/09/2017 - 5:17 am

La factura del #FiscalCarnal / El pleito del PAN / Ley sin cumplir

La designación de un Fiscal General sigue causando polémica, pues los desacuerdos entre los partidos políticos y los señalamientos por intereses ocultos e intensiones de blindaje político para el Presidente Peña Nieto se hacen cada vez más fuertes, generando una fuerte oposición a la designación de Raúl Cervantes.

La factura del #FiscalCarnal
La designación de un Fiscal General sigue causando polémica, pues los desacuerdos entre los partidos políticos y los señalamientos por intereses ocultos e intensiones de blindaje político para el Presidente Peña Nieto se hacen cada vez más fuertes, generando una fuerte oposición a la designación de Raúl Cervantes. Sobre el tema en el Excélsior, el periodista especializado en temas parlamentarios, Francisco Garfías, escribe que: «al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al gobierno les ha salido muy caro aferrarse a nombrar a uno de sus militantes, Raúl Cervantes, como fiscal general transexenal. Esta necedad […] ya unió a toda la oposición (la real y la leal) en su contra. A causa de este asunto, el otrora ‘partidazo’ no ha podido ni siquiera colocar a Jorge Carlos Ramírez Marín en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El jefe de la bancada del PRI en San Lázaro, César Camacho, ya hasta quiere recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para destrabar la formación de la Mesa y regresar a la normalidad. Las redes sociales están volcadas en contra de #FiscalCarnal, agregue que más de 200 organizaciones de la sociedad civil publicaron un desplegado para exigir que se elimine el ‘pase automático’ que llevaría a Cervantes a la Fiscalía. Al propio procurador general de la República, quien no parece darse cuenta de que su larga trayectoria en la cúpula priista lo hace inviable para el cargo, ya lo balconearon. Tiene escondido en Cuernavaca un hermoso Ferrari rojo valuado, dice el periódico Reforma, en tres millones 890 mil pesos […]. El tema del fiscal ha servido como punta de lanza en la guerra que le declaró Ricardo Anaya al Partido Revolucionario Institucional […]. La resistencia del PRI gobierno a negociar la eliminación del ‘pase automático’ le está pegando al propio Presidente Peña. El sospechosismo está a todo lo que da. ‘Sí, claro, quiere que le cubra las espaldas nueve años’, dicen en cualquier charla. ¿Vale la pena pagar la factura para imponer a Raúl Cervantes

Por su parte en Milenio, el periodista Carlos Marín, señala un «atentad a la constitución» y en su columna escribe que: «en el centenario de su promulgación, hay una amenaza grave a la Constitución: chantajes y sabotaje partidistas a la elección de Mesa Directiva en la Cámara de Diputados. Curtido en esas lides, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pretendió algo similar contra el Partido Acción Nacional (PAN) en 2006, pero se conformó con el corrosivo plantón en Reforma. Hoy, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) quieren abortar el orden constitucional con actos ilegales para exigir… que sea legal y ética la designación del fiscal general. Si consuman ese atentado, rebasarán límites que ni Andrés Manuel López Obrador se atrevió a transgredir mandando ‘a volar las instituciones’. Para Ripley que la Diputada presidenta en funciones y los líderes de esa tríada pidan que el Poder Ejecutivo se entrometa en el Legislativo. Los obligados a elaborar y garantizar la ley, la violan. ¿Y qué tal las ONG, tan exigentes del estado de derecho, del respeto al orden legal, de la división de poderes y el respeto a los derechos humanos? Pues acomodadas en la complicidad silenciosa y ninguna se deslinda…»

En tanto, en el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que:»en medio del tironeo por la designación del Fiscal General, grupos ciudadanos están planteando la candidatura de Luis Manuel Pérez de Acha, actual integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Por otro lado, hay quienes voltean a ver hacia a la Suprema Corte en busca de una alternativa, pues le ven al ministro José Ramón Cossío tamaños para tomar las riendas de la Fiscalía General. Habrá que preguntarles si tienen Ferrari».

El pleito del PAN
La crisis interna del Partido Acción Nacional (PAN) va haciéndose cada vez más evidente, las diferentes figuras políticas que militan en el partido se lanzan acusaciones unos a otros dejando en claro las poca intensión de buscar la unidad y revelando intereses particulares de cara a las próximas elecciones presidenciales. En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: «los panistas hacen recordar los pleitos entre los infantes, quienes al enojarse dicen ‘córtalas’, para dejarse de hablar. Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN, aseguró que Ernesto Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega ya no pertenecen a su bancada. Herrera busca que se castigue a los legisladores que votaron por Cordero para que éste asumiera la presidencia de la Mesa Directiva, ‘por lo pronto, tengo una bancada con 33 senadores que trabajan en la construcción de la agenda para este periodo’, dijo. Uno de los que apoya a Herrera es el Diputado Santiago Torreblanca, quien el viernes colocó un letrero sobre la cabeza de Cordero en donde se leía: ‘Aquí, el traidor’. Hay que recordarles que ya no están en la escuela para actuar así.

La fractura del PAN quedó en evidencia el pasado fin de semana, pues de acuerdo con la columna del periodista Joaquín López Dóriga en Milenio: «el fin de semana fue de vértigo […]. Todo comenzó el jueves cerca de la medianoche con la elección del panista Ernesto Cordero, con solo cinco votos de su bancada más los del PRI, PRD, Morena y Verde, como Presidente de la Mesa Directiva del Senado, opositor a Ricardo Anaya, que no lo quería ahí, en su proyecto por la candidatura presidencial del PAN y partidario de Margarita Zavala. Esto llevó a que, al día siguiente en la Cámara de Diputados, Anaya bloqueara con otros opositores la conformación de su Mesa Directiva, que ya habían acordado que la presidiría el priista Jorge Carlos Marín, lo que impidió que por primera vez en 10 años un Secretario de Gobernación acudiera a entregar un Informe de gobierno por decisión del propio Miguel Ángel Osorio Chong, a falta de órgano de gobierno que lo recibiera. El PAN ya ardía, y Zavala y los suyos lo emplazaron a dejar la jefatura del partido y definirse como precandidato, lo que rechazó, y Roberto Gil Zuarth, con otros cuatro senadores, tachados de traidores, lo denunciaron por montar esta crisis a fin de ocultar la denuncia de sus bienes, a lo que respondió con el inicio del procedimiento de expulsión y la exigencia de un fiscal no carnal […]. Así fue el fin de semana previo al inicio del proceso electoral el viernes próximo, cuando no hemos visto ni imaginado, siquiera, nada de lo que vamos a ver cuando suban la potencia del ventilador que ya prendieron y esparcen los detritus».

En más sobre las complicaciones que enfrenta el blanquiazul, en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: «tremendo lío armaron los diputados panistas afines al dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya, quien ha puesto en un ‘impasse legislativo’ al Congreso de la Unión. Nos cuentan que legisladores de ambas Cámaras se han dedicado a revisar la Ley Orgánica y el Reglamento de San Lázaro, y no le ven una salida legal al problema del cambio de Mesa Directiva, en caso de que los diputados no logren hoy llegar a los consensos para la sustitución en el último año de la LXIII Legislatura. Las normas, nos explican, no consideran un escenario de este tipo. En ese punto, el ex Presidente del Senado, Pablo Escudero, planteó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para instalar la Comisión de los decanos. Sin embargo, nos hacen notar, si el máximo tribunal acepta el recurso legal, se tomaría su tiempo, y esto puede hacer controvertibles las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados. ¡A rezarle a San Lázaro!»

Ley sin cumplir
Para el sector más pobre de la población mexicana, la educación no suele ser una prioridad, ni una herramienta que les garantice mejores oportunidades, pues la falta de recursos económicos hace que los estudios pasen a un segundo plano, y comiencen la búsqueda de empleo que les garantice cubrir sus necesidades básicas. Al respecto en El Universal, su Editorial, asegura que: «cuando en una familia faltan recursos para lo más básico, lo importante es conseguir ingresos […]. De esa manera, millones, de menores de edad en el país truncan sus estudios básicos para conseguir algún empleo y aportar recursos a la causa familiar […]. En Xocotla, un poblado del municipio de Coscomatepec, en el centro de Veracruz, muchas familias sólo esperan a que sus hijos sean capaces de soportar sobre sus hombros un bulto de cemento de 50 kilogramos para enviarlos a la capital del país a emplearse como ayudantes de albañil, aunque ignoran que viajan para ser víctimas de explotación. La economía de la localidad se sostiene del trabajo de albañilería en la capital del país. Fermín y Benito, dos adolescentes de 15 años de edad originarios de esa población veracruzana, tienen ya un año de laborar en la Ciudad de México, donde […] trabajan siempre sin contratos para diversas constructoras, que violan la ley laboral. En 2015 México dio a conocer que mediante un decreto quedaba prohibida la contratación de menores de 18 años de edad en 12 actividades ‘peligrosas o insalubres’, entre ellas las obras de construcción. La ley es burlada e ignorada, a pesar de los compromisos internacionales que el país asumió para combatir el trabajo infantil. De acuerdo con estimaciones de la UNAM, en México hay 3.6 millones de niños que trabajan. La ciudad ha conocido de casos de derrumbes en obras, con consecuencias fatales para trabajadores, sin que sus familias hayan sido indemnizadas con apego a la ley […]. Especialistas y organismos internacionales han advertido que los menores de 18 años no deben trabajar, pues no han terminado de experimentar la etapa de la infancia, y aún son considerados pequeños física y mentalmente, así como emocionalmente. La situación comenzará a cambiar en el momento que la siguiente combinación de factores desaparezca: pobreza extrema, empresas voraces y un Estado omiso».

Frente Amplio capitalino
Por su parte en Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: «en medio de los reacomodos hacia la elección de 2018 el perredista Héctor Serrano, Secretario de Movilidad de Ciudad de México, muy activo ahora como operador de su jefe, Miguel Ángel Mancera, se reunió con dirigentes del PVEM para perfilar la eventual participación de ese partido en el frente amplio versión capitalina. Desayunaron con el funcionario Jesús Sesma, Arturo Escobar, Carlos Puente, Carlos Madrazo y Xavier López Adame en el restaurante El Cardenal del hotel Hilton Alameda».

La independencia del IFT en tela de juicio
La falsa autonomía Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no sólo es cuestionada por organizaciones civiles nacionales, sino también por los gobiernos extranjeros. Lo cual quedó de manifiesto en las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya segunda ronda hoy concluye en la Ciudad de México. En El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que «el gobierno de Estados Unidos cuestionó la falta de un órgano regulador ‘independiente’ en el sector telecomunicaciones en México y, sin mencionar por su nombre al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pide al gobierno mexicano que promueva ‘una regulación transparente y un regulador independiente’ para la competitividad y facilitar la entrada de empresas al mercado de telecomunicaciones. La falta de confianza de la delegación estadounidense en la operación independiente de un órgano como el IFT, […] está contenida en el capítulo Buenas Prácticas Regulatorias, del documento Resumen de Objetivos de la Renegociación del NAFTA, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, y la Oficina Ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump […]. Ese documento […] enlista las prácticas regulatorias que a juicio del gobierno estadounidense deben ‘facilitar el acceso a los mercados y promover gran compatibilidad entre las regulaciones de Estados Unidos, México y Canadá’. El objetivo, dice el texto, es regular el comercio en servicios, incluidos las telecomunicaciones y los servicios financieros, y evitar prácticas y reglas que eviten la discriminación a proveedores extranjeros de servicios y restricciones al número de proveedores de esos servicios en el mercado. Es ahí donde, al referirse específicamente al sector de telecomunicaciones, la delegación de Estados Unidos pone en entredicho que en México exista un órgano ‘independiente’ del gobierno en su actuación […]. También menciona la necesidad de que México y Canadá garanticen ‘compromisos seguros para proveer un razonable acceso a las redes a todos los proveedores de telecomunicaciones a través de la interconexión y facilidades físicas de acceso a bajos costos’, eso en una clara alusión a la ‘tarifa cero’ que deberá definir precisamente el cuestionado IFT. Es decir, que los cuestionamientos a la falta de ‘independencia y autonomía’ del IFT, por sus cercanos vínculos con el gobierno de Peña Nieto […] son tan reales, que no son sólo una queja de empresas del sector o de organizaciones de la sociedad civil, que piden un ‘proceso abierto, transparente y participativo’ al Senado, que elige nuevo Presidente del IFT la próxima semana. La percepción de falta de independencia de ese instituto es tan fuerte, que trasciende fronteras y es incluso tema en las mesas de renegociación del TLC».

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