Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– Felicitas Martínez Solano, coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero (CRAC), denunció que su estado está hundido en una crisis de inseguridad. Sin embargo, dijo, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero no hace nada al respecto y tampoco deja a sus habitantes defenderse.
En conferencia de prensa, la activista denunció que sus compañeros detenidos lo único que han hecho es defender sus derechos: «luchar por tener acceso a la justicia por la defensa de nuestro territorio y eso para el Estado es un delito, pero no es un delito, para nosotros no lo es. Es una gran riqueza que a nosotros como pueblo hemos cuidado por muchos años, por más de 500 años de resistencia».
Aseguró que «los delincuentes que tienen delitos comprobados, a ellos no se les sanciona, pero los que defendemos nuestros derechos, nuestra lucha, sí. Estamos en la cárcel de alta seguridad, es lamentable este Estado de Derecho de los mexicanos que estamos viviendo. Es muy grave en este país y en este sexenio», acusó
«De nueva cuenta nos preguntamos, ¿por qué nos acusan?, ¿de haber puesto nuestros ideales del tema de seguridad en la región del estado de Guerrero? Sabíamos que estábamos dando un resultado eficaz en la región de la Costa Chica de Guerrero, pero el Estado nunca cumplió ni cumple su palabra», dijo.
Explicó que tras la detención tanto de Nestora Salgado, el pasado 21 de agosto del año pasado, también se detuvo a compañeros en la Casa de Justicia de El Paraíso, en el municipio de Ayutla y a partir de ese momento «no hubo un procedimiento conforme a la ley» para todos ellos.
«La Constitución dice que tiene todos los derechos humanos y a pesar de todos los tratados internacionales y la Convención 169 no se han respetado, porque no hay intérpretes y traductores que realmente tomen su declaración, porque hay palabras que no es lo mismo decirlo en nuestra lengua materna, que en castellano. Están violentando mis derechos porque la ley dice que tengo derecho a tener un intérprete y eso no existe».
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmada en 1989 asegura en su Artítulo 12 que:
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces».
«Hoy en el estado de Guerrero se convulsiona entre tanta inseguridad y violencia generada por los grupos delincuenciales y las mismas autoridades y sabemos que no quieren hacerse cargo del problema pero tampoco permiten que la ciudadanía se organice para proteger su vida y su patrimonio», expuso la lideresa.
Aseguró que hace unos días supo que en la región de Tierra Caliente se están conformando organizaciones de pueblos que quieren tomar la seguridad con sus manos. «Saludamos esos esfuerzos y esperamos que sea legítimo de los pueblos», planteó.
«El Estado con tanta seguridad que ha implementado, no ha dado un resultado eficaz. Que no haya muerte, no haya persecución, no haya hostigamiento, todo se sigue dando. No hay resultado y miles de millones invierten pero ahora el Presidente informa de otra policía (la Gendarmería), son impuestos de todos los mexicanos, pero no hay un resultado eficaz de seguridad».
Finalmente hizo un llamado al gobierno del perredista Ángel Aguirre Rivero para que «pare las prácticas represivas que lo han caracterizado hasta ahora. Que atienda las demandas y necesidades de los pueblos y sus organizaciones, que evite que la energía de un pueblo vigoroso y digno como el nuestro se encauce en las vías de la confrontación violenta, a las que parece, lo sigue encaminando».
