Las organizaciones destacaron que el espionaje por parte del Estado es una práctica histórica de vigilancia y represión que debe terminar.
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Organizaciones de derechos humanos exigieron a las autoridades mexicanas a investigar el espionaje masivo del que fueron objetos personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.
«Hacemos un llamado a las para que se realice una investigación en torno a los hechos ilegales de espionaje masivo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México; se garantice la reparación del daño y se establezcan medidas de no repetición», expresaron la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) en una carta pública.
De acuerdo con una investigación The Pegasus Project, realizada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, desde 2016 el Gobierno de México habría espiado unos 15 mil números de teléfonos celulares mediante los servicios de la empresa NSO Group, vinculada empresario Uri Emmanuel Ansbacher.
Las organizaciones subrayaron que este espionaje involucró a «109 personas defensoras de derechos humanos y periodistas», entre quienes se encuentran «Yésica Sánchez Maya, integrante del Grupo Impulsor de la RNDDHM y la IM-Defensoras, y el de la periodista Marcela Turati, también integrante de la RNDDHM».
RNDDHM y la IM-Defensora recordaron que en 2017 el entonces Presidente Enrique Peña Nieto admitió que su Gobierno «adquirió el programa Pegasus, con fines de investigar a los cárteles de la droga y a criminales violentos como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán».
Más de 300 defensoras de la @RedDefensorasMx y el resto de articulaciones nacionales de la IM-Defensoras, exigimos verdad, justicia, reparación del daño y medidas de no repetición ante el espionaje ilegal cometido en contra de defensoras de DDHH en México?https://t.co/6hktQx2rRN pic.twitter.com/RFBFGvkupP
— IM-Defensoras (@IM_Defensoras) August 4, 2021
Sin embargo, y pese a que existía «denuncia de espionaje dirigida a actores específicos no relacionados con el crimen organizado el contrato con el programa «permaneció vigente hasta el 31 de diciembre de 2018», según declaraciones de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En su carta, las organizaciones destacaron que «el espionaje por parte del Estado es una práctica histórica de vigilancia y represión en contra de personas defensoras, periodistas y movimientos sociales en México. Es una violación a los derechos humanos que coloca a las personas espiadas en situación de enorme vulnerabilidad».
Lo anterior, debido a que «se accesa, sin consentimiento del titular» a información «que puede ser usada a conveniencia, afectando gravemente la vida, integridad y labor de quienes trabajan a favor de la justicia social, la igualdad y la democracia».
Asimismo, la RNDDHM y la IM-Defensoras recordaron que, con base en su registro de agresiones, durante el periodo de 2016 a 2018 las agresiones contra defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron, ya que de 550 pasaron a 612.
«El uso del espionaje ilegal por parte de las autoridades del Estado provoca una grave vulneración en el derecho a la privacidad y deja al descubierto información que pudo ser utilizada para favorecer la violencia y la criminalización de mujeres defensoras y periodistas», subrayaron.
Por ello, las organizaciones expresaron su preocupación por «esta grave vulneración de la seguridad y derechos de nuestras compañeras» y exigieron que el Estado mexicano investigue el espionaje del que las activistas fueron objeto y que se establezcan mecanismos para la reparación del daño.
Asimismo, que «se establezcan medidas de no repetición de hechos como el que evidenció ‘El Proyecto Pegasus’”; que se aplique un marco legal con el fin de exigir a las empresas de vigilancia privada que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos en todas sus operaciones.
Además, que se revele «públicamente el detalle de las operaciones de inteligencia y las contrataciones que se hayan realizado» y por último que se generen «mecanismos de supervisión y veeduría públicas» en los que participen grupos de derechos humanos en referencia a la «adquisición de nuevas contrataciones y tecnologías».
