La organización internacional Global Witness destaca que entre las principales causas que defendieron los activistas asesinados en todo el mundo durante 2015 están el enfrentamiento con la minería, en 42 casos; la agroindustria, 20; la tala, con 15, y los proyectos hidroeléctricos también 15. Por si fuera poco, afirma, es notable vulnerabilidad de los pueblos indígenas: casi 40 por ciento de las víctimas mortales pertenecía a ese sector de la sociedad. En México, cuatro activistas fueron privados de la vida el año pasado por cuidar los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos: Julián González Domínguez, Gustavo Salgado Delgado, Alberto Almeida Fernández y José Isabel Cervantes Ángeles.
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– El 2015 fue el peor año de la historia para los defensores medioambientales en el mundo: más de tres personas murieron asesinadas a la semana por resguardar sus tierras, sus bosques y sus ríos, recursos naturales arrebatados por «industrias destructivas», afirmó la organización internacional Global Witness en su reciente informe «En terreno peligroso».
El reporte arroja que durante el año pasado, 185 activistas de todo el mundo fueron asesinados por intentar proteger a la naturaleza y sus recursos, dicha cifra representa un aumento del 59 por ciento respecto a 2014. Sin embargo, la organización advierte que las restricciones informativas y la falta de denuncias implican que la cifra real sea aún mayor.
La definición de Global Witness para los defensores de la tierra y el medio ambiente «abarca a todas las personas que actúan pacíficamente para proteger los derechos sobre la tierra o el medio ambiente, ya sea a título personal o profesional. Generalmente son personas comunes y corrientes que viven en bosques remotos o aldeas de montaña, que es posible que ni siquiera sepan que se las considera ‘defensores de la tierra y el medio ambiente'».
«Además pueden ser periodistas, activistas o abogados que se han comprometido a arrojar luz sobre la destrucción del medio ambiente. Algunos son líderes indígenas que defienden sus tierras tradicionales frente a proyectos mineros o de construcción de presas. Mientras que otros son guardas de parques forestales que combaten la tala ilegal y la deforestación para conservar los bosques», agrega el reporte.
LOS PAÍSES MÁS MORTÍFEROS
Los países más mortíferos para los activistas de la tierra y el medio ambiente fueron Brasil y Filipinas, con 50 y 33 asesinatos, respectivamente, que representan cifras nunca vistas en estos países. Les siguen Colombia con 26 muertes; Perú, con 12; Nicaragua, con 12, y la República Democrática del Congo, con 11.
En nuestro país, cuatro activistas fueron privados de la vida el año pasado por cuidar los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos: Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños (RIIO), fue asesinado el 11 de enero tras ser levantado por un comando de aproximadamente diez personas.
El 4 de febrero, Gustavo Salgado Delgado, activista y dirigente del Frente Popular Revolucionario en el estado de Morelos, fue hallado sin vida sobre la carretera Moyotepec- Las Piedras. El Comité Central del Frente Popular Revolucionario responsabilizó al Gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al Estado mexicano en general y a los caciques de Iguala por el crimen.
Alberto Almeida Fernández fue asesinado el 24 de febrero. En su momento, la organización El Barzón condenó la ejecución del defensor de derechos humanos y aseguró que fue un tenaz oponente a la devastación del desierto chihuahuense.
José Isabel Cervantes Ángeles, encargado de los pozos del municipio de Coyotepec y defensor del agua en el Estado de México, fue apuñalado 18 veces y luego su cadáver fue arrojado a un pozo, el pasado 18 de abril de 2015.
La ONG internacional destacó que entre las principales causas que defendieron los activistas asesinados en todo el mundo se encontraban la minería, en 42 casos; la agroindustria, 20; la tala, con 15 y los proyectos hidroeléctricos también 15.
Por si fuera poco, «En terreno peligroso» destaca la notable vulnerabilidad de los pueblos indígenas, pues casi un 40 por ciento de las víctimas mortales de 2015 pertenecía a dichos sectores de la sociedad.
«Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive», señaló en un comunicado Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness.
Kyte añadió que «cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo. Por cada asesinato que documentamos, hay muchos otros que no se denuncian. Los gobiernos deben intervenir urgentemente para detener esta espiral de violencia».
Por ello, Global Witness exhortó a los gobiernos de los países afectados a:
-Aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación o amenazas.
-Investigar los delitos, incluyendo a sus «cerebros» corporativos y políticos aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia.
-Defender el derecho de los activistas a negarse a la realización de proyectos en su tierra y garantizar que las empresas pidan de forma proactiva el consentimiento de las comunidades.
-Solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales.
La ONG fundada en 1993 asegura que los defensores de la tierra y el medio ambiente son defensores de los derechos humanos, por lo que los gobiernos tienen la obligación de protegerlos, tal y como se estipula en la Declaración de las Naciones Unidas. «Su trabajo también es fundamental para objetivos más amplios como la lucha contra el cambio climático o la garantía del desarrollo sostenible para las generaciones futuras», subraya.
ILDEFONSO: CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA
En dicho contexto, cabe mencionar que los defensores del medio ambiente no solo están siendo asesinados, también son intimidados, perseguidos y criminalizados. El caso de Ildefonso Zamora es un ejemplo de ello.
El líder indígena tlahuica ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los bosques en su comunidad, amenazados por la tala ilegal en la zona. Su activismo y defensa ambiental le ha costado ya la vida de Aldo, uno de sus hijos, asesinado en 2007, y lo tiene ahora recluido en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México, acusado de un robo que no cometió, denunció la organización Greenpeace México.
El pasado 20 de junio se cumplieron siete meses de la reclusión injusta del activista preso de conciencia, ese mismo día Global Witness hizo público su más reciente informe “En terreno peligroso”, el cual señala que el 2015 –año en el que Ildefonso Zamora fue detenido- ha sido el peor de la historia para los defensores de la tierra y el medio ambiente.
