Más de 600 asesinato de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2019 certificaron 84 casos de personas LGBT desplazadas internamente y otras ocho que salieron del país, pero fueron deportadas y siguen necesitando protección, según cifras de COMCAVIS TRANS.
Por Marcos Alemán
SAN MIGUEL, El Salvador, 05 junio (AP).- Zashy Zuley del Cid Velásquez abandonó su humilde hogar en 2014 por el rechazo de su familia en la zona costera de El Salvador y migró a San Miguel, al oriente del país, donde pensó que podría vivir sin discriminación ni violencia. Sin embargo, fue víctima de humillaciones y golpizas por ser una mujer transgénero hasta que presuntos pandilleros la asesinaron en una calle solitaria.
“Zashy vivía desesperada, su familia no la quería por su preferencia sexual y los pandilleros la habían amenazado. Ella sabía que la iban a matar, quería huir del país, irse para los Estados Unidos, pero la mataron de un balazo en el pulmón”, dijo a The Associated Press Venus Nolasco, una mujer trans que dirige el colectivo LGBT “Perlas de Oriente”.
Los migrantes transgénero formaron parte de las caravanas que intentaron llegar a la frontera de Estados Unidos en los últimos años e incluso en esas movilizaciones enfrentaron acoso. Un día después del asesinato de Zashy, la Vicepresidenta estadounidense Kamala Harris identificó la violencia contra la comunidad LGBT en Centroamérica como una de las causas de la migración en la región durante una reunión virtual con el Presidente de Guatemala, Alejandro GIammattei.
A sus 27 años, Zashy se sintió esperanzada con su nueva vida en San Miguel. Rentó una casa en la colonia Ciudad Pacífica, una zona con alta presencia de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) donde también vive su amiga Venus, pero los pandilleros comenzaron a hostigarla hasta que le propinaron una golpiza y le quebraron un brazo. “Le advirtieron que se fuera, pero ella no hizo caso”, cuenta Venus.
Su amiga la acogió en su casa, pero un día los pandilleros la agarraron. “Se le llevaban, la querían matar, supliqué que no la mataran, que la dejaran libre y que ella se iba ir de la colonia”, relata.
En 2015, Zashy regresó a la casa de sus padres en la jurisdicción de Concepción Batres, departamento de Usulután, pero siguió el rechazo. “Querían que fuera un niño, trató de complacerlos, pero no pudo, sabía que era una mujer”, añade Venus.
Según agrega, Zashy trató de cambiar, se metió a la Iglesia y tuvo una relación con una muchacha con la que procreó una niña “pero me dijo: hay algo en mí que no deja de gustarme los hombres”. Regresó a San Miguel, rentó una habitación y cumplió el sueño de montar una sala de belleza, pero después fue asesinada.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la ONG COMCAVIS TRANS apoyaron a Zashy con asistencia humanitaria luego de haber sido forzada a huir. En 2020, la joven se encontraba en un proceso de formación para emprendedores y recibía apoyo de ambas organizaciones en el marco de un proyecto de protección y medio de vida para personas desplazadas internamente en el país.
Tras abrir la sala de belleza, contrató otra mujer trans que le ayudaba y estaba teniendo éxito, por lo que pensaba expandir su negocio. La vida parecía sonreírle, pero la noche del pasado 25 de abril, cuando caminaba en una solitaria calle de San Miguel, Zashy recibió un balazo en la espalda. Transeúntes la auxiliaron y la llevaron al Hospital Nacional San Juan de Dios, donde murió. Hasta el momento no se han producido capturas y Venus piensa que, como otros crímenes de odio perpetrados en el país, “quedará en el olvido, no les interesa lo que nos pasa”.
“Estaba emocionada con sus nuevos planes y su nueva vida. Lamentable y trágicamente, todo llegó a su fin”, dijo a la AP Laura Almirall, representante de ACNUR en El Salvador.
Venus denunció que en San Miguel, a 150 kilómetros al este de la capital salvadoreña, la comunidad trans vive en permanente hostigamiento de las personas homofóbicas, las pandillas, los agentes de la policía municipal y hasta de la Policía Nacional Civil, “que nada hace para investigar los asesinatos de la población LGTBI”.
Según dijo, les tiran piedras, las golpean, las pandillas les cobran renta y cuando llegan a un puesto de la Policía Nacional Civil a poner la denuncia, lo que reciben es rechazo, insultos y desprecio. “Les dicen, no, vos son aquel maricón que se pone en las esquinas, aquí no vengas a reclamar derechos, porque para vos no hay derechos”.
El colectivo “Perlas de Oriente” inició con 50 personas «pero el crimen, y el desplazamiento forzado” lo han minado y ahora solo quedan 35, “entre chicos gay, mujeres lesbianas, mujeres trans y bisexuales”.
“No sé qué nos depara la vida. Aquí nadie hace algo para protegernos, nos pueden humillar, agarrar a golpes y hasta matar como quieran y no pasa nada, porque para las autoridades no valemos nada”, afirmó Venus.
Bianka Rodríguez, la primera mujer trans seleccionada por ACNUR para ser colaboradora de alto perfil y que dirige la ONG COMCAVIS TRANS, dijo a la AP que la situación del desplazamiento forzado para la población LGBT ha ido en aumento cada año y lamentó que a pesar de que existe una ley de protección de personas desplazadas a causa de la violencia, “ésta no esté siendo efectiva”.
La representante de ACNUR dijo que lamentablemente los desplazamientos múltiples son muy comunes no solo para la comunidad LGBT, sino que miles de personas en El Salvador han sido desplazadas debido a la violencia de las pandillas y “a menudo, encontramos que el desplazamiento no ocurre solo una vez, sino que las familias y las personas son desplazadas más de una vez”.
Según un informe sobre la situación salvadoreña y que fue elaborado por COMCAVIS TRANS, los principales perpetradores de la violencia contra la población LGBT son las pandillas (62 por ciento) y agentes del Estado (21 por ciento), lo que involucra a la Policía Nacional Civil y a la fuerza armada.
Según cifras de COMCAVIS TRANS, más de 600 asesinato de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2019 certificaron 84 casos de personas LGBT desplazadas internamente y otras ocho que salieron del país, pero fueron deportadas y siguen necesitado protección.
Rodríguez señaló que en 2019 hubo diez crímenes por odio —ocho mujeres trans y dos hombres gay— mientras que en 2020 se registraron ocho crímenes por odio, cinco contra hombres gay y tres contra mujeres trans.
