La charola, en el argot de la política mexicana, significa pedir dinero privado no sometido a fiscalización para financiar un proyecto público. Sea éste una edificación, una obra, un estudio, proyecto, una campaña política. La charola ha mantenido a muchos políticos –de todos los partidos– en la historia de México. Uno termina por preguntarse cuando ve que una persona exclusivamente se dedica a la actividad política, de qué vive cuando no está en el gobierno o cuando no ostenta un cargo público. La respuesta es, precisamente, de la charola.

Hay empresarios que disfrazan la charola de igualas, convenios o contratos por estudios y proyectos, para mantener a los políticos que descansan del proselitismo pero a quienes les ven un futuro promisorio en el ejercicio de la función pública. Senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, regidores, son apoyados como candidatos primero y como ex’s después, por ricos que decidieron invertir en ellos porque algún día, en algún momento y en alguna circunstancia, requerirán de su intermediación, cabildeo, voto, firma, decreto o apoyo incondicional.

La charola pues es para los empresarios una inversión que les permitirá en el futuro ver resueltos sus problemas o beneficiarse de alguna acción de gobierno. No es nueva esta mecánica de los políticos de hacerse de dinero. Lo nuevo sería que las autoridades electorales primero, las fiscales después y las de transparencia y planeación, finalmente se decidieran a seguir el dinero de candidatos, políticos y funcionarios, para ver de dónde proviene la bonanza que una carrera en la administración pública no debe dejar a nadie que se adentre en esta cuestión por compromiso de servir.

Gracias a la charola hoy vemos a senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, que en cuanto entraron a la política dejaron sus negocios personales. Que de hecho si contáramos las horas que han dedicado a la actividad parlamentaria o a la administración pública, no habría sueldo legal y decente que les permitiese llevar la vida de privilegiados que llevan. Hay incluso casos de jóvenes, maduros y viejos, que cuentan con casas, familias, joyas, carros y cuentas bancarias, todas con suntuosidad, sin haber ejercido una carrera fuera de la administración pública y de la política. Jamás tuvieron un despacho contable, de abogados, no fueron médicos o dentistas, ni administradores mucho menos economistas. De las aulas de la universidad (o antes de salir de ellas) entraron a la política y el camino se les iluminó con recursos, privilegiándolos en una función que no conoce de horarios, de salarios mínimos, de gravámenes.

Pero independientemente de que la charola mantiene políticos, funcionarios y gobernantes, en época electoral la requieren los partidos y los candidatos para pagar todo aquello que no requiere de recibo, que “no se nota”, que se necesita para fortalecer “las bases” encargadas de la pisca de votos. Es común pues, que a los líderes de distrito, de sección y hasta de manzana de cualquiera de los 300 distritos electorales federales que integran el mapa nacional, se les dote de dinero en efectivo para que éstos a su vez lo entreguen a quienes se comprometen a votar por determinado candidato, o a movilizar gente para mítines, reuniones y el mero día de la votación.

De la charola se toma para los regalitos a los potenciales electores, tarjetas con tiempo aire para telefonía celular desde los 100 a los 500 pesos, gorras, camisetas, lápices, vales, despensas y efectivo para complacer e intentar convencer a quien dice no saber por quién votar. Para el pago de autobuses para el traslado de los acarreados, para el pago de comidas, lonches, tortas, sodas, jugos, para la compra de globos, para el pago de voluntades que prometen votos.

No es una exageración aseverar que todos los partidos y todos los candidatos –guardada la proporción entre unos y otros– hacen sus reuniones para pasar la charola, a los grandes empresarios, a los medianos, a los pequeños, a amigos, a grupos de desconocidos y a políticos. Desde quien aspira a una diputación hasta quien pretende dirigir los destinos de esta gran nación.

336 millones 112 mil 84 pesos es la cantidad tope que el Instituto Federal Electoral determinó para que cada uno de los cuatro candidatos a la presidencia de la República hiciera campaña en busca del voto.

A propósito de los vuelos en aviones y helicópteros privados que suele hacer Enrique Peña Nieto para visitar la mayoría de las regiones del país, y el denunciado como desbordado presupuesto para el pago de espectaculares en la República Mexicana para promover la imagen del priísta, los consejeros del IFE entraron a lo suyo y determinaron –en cuestión de días– que ni este ni otro candidato a la presidencia de la República habían rebasado los topes de campaña hasta hace dos semanas.

Soltado el golpe mediático de los excesos de Peña con espectaculares, aviones y helicópteros, llegó el tiempo para Andrés Manuel López Obrador, a quien exhibieron crónica y audio incluidos, de ser el beneficiario de una reunión donde se pasó la charola para recaudar seis millones de dólares para invertirlos en la campaña del tabasqueño a la presidencia de la República.

El IFE no ha entrado a lo suyo en este caso, pero es necesario, urgente e importante, llamar a la fiscalización externa de los gastos de campaña de los candidatos a la presidencia de la República. 403 millones 334 mil 500 pesos representan muchísimo dinero para el culto de una persona, sobre todo en un país como el nuestro que atraviesa por una crisis económica, y más de la mitad de su población es de recursos escasos.

Los consejeros del Instituto Federal Electoral, los partidos políticos, los empresarios y los ciudadanos, sabemos de la existencia de las charolas, sabemos de los pagos por voluntades, sabemos de los excesos de los candidatos, pero a la fecha no ha habido autoridad alguna que de verdad, con conciencia y compromiso, castigue el ejercicio de estas prácticas que dañan la transparencia, la justicia social y el desempeño de un gobierno sin intereses.

Adela Navarro Bello

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