La administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa en la Ciudad de México culminó con el 34 por ciento de aprobación respecto al 63 por ciento de Marcelo Ebrard (2006-2012), el 76 por ciento de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006) y el 41 por ciento de Cuauhtémoc Cárdenas (1994-2000), de acuerdo con cifras de Grupo Reforma.
Por sus resultados en seguridad, el actuar de la Procuraduría de Justicia, la movilidad, el boom inmobiliario y el proceso de reconstrucción luego del terremoto del 19 de septiembre pasado –sumado al mal manejo de todos estos temas ante la opinión pública y su cercanía al Gobierno federal–, la balanza electoral este 2018 se inclina hacia la alianza de Morena por encima del PRD, expusieron politólogos consultados por SinEmbargo.
Luego de no militar en el Sol Azteca, pero ser abanderado del PRD-PT-MC, Mancera va ahora a la elección del 1 de julio por un lugar como Senador plurinominal del PAN e impulsa el Gobierno de coalición desde la coalición Por México al Frente, que comanda el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.
Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– En julio de 2012, el abanderado perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa obtuvo el histórico 63 por ciento de la votación para ser el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Luego de su rendimiento en seguridad, movilidad, derechos humanos, respuesta ante el sismo del 19 de septiembre y cercanía con el Presidente Enrique Peña Nieto dejó el cargo en marzo con una baja aprobación ciudadana, la peor registrada en las últimas cuatro gestiones.
El estado en el que Mancera Espinosa deja a la capital del país ya impacta negativamente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), de acuerdo con las encuestas de las primeras semanas de campaña rumbo al 1 de julio; el PRD, que ha gobernado la CdMx por dos décadas, podría ser fuertemente castigado severamente por una sociedad particularmente politizada, coincidieron politólogos.
«La gente está tomando memoria de todo lo que ha pasado», afirmó Valeriano Ramírez Medina, doctor en Estudios Políticos y Sociales y maestro en Sociología por la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM).
Maximiliano García Guzmán, doctor en Ciencia Política, expuso que la gestión de Miguel Ángel Mancera ha influido de manera importante en la posición de liderazgo que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene por estos días en términos electorales.
«Morena le debe parte de su posicionamiento a los malos resultados que entrega Mancera en varios rubros y Morena ha sabido capitalizar esta desventaja», dijo. «Mancera se posicionó gracias al PRD y la influencia política de la izquierda que se relaciona con Marcelo Ebrard y [Andrés Manuel] López Obrador. Finalmente, Mancera tomó distancia y eso acabó beneficiando la constitución del movimiento de Andrés Manuel», dijo García Guzmán.
Miguel Ángel Mancera, también ex Procurador General de Justicia de la CdMx, no es militante del Sol Azteca, pero fue candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición PRD, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), bajo el lema «Decidamos Juntos».
En una entrevista con SinEmbargo, publicada en marzo pasado, el doctor Mancera Espinosa explicó que su incorporación al frente conformado por el Partido Acción Nacional (PAN), PRD y MC era para «impulsar el Gobierno de coalición, lo que sería un cambio de régimen». Esto es, para explicar en los estados de la República que esta idea busca evitar que el Congreso congele iniciativas o solo mande el Presidente. Además, ahora, es candidato del blanquiazul por la vía plurinominal al Senado de la República, aunque su designación aún está en entredicho debido a controversias por el reglamento.
Para el académico Valeriano Ramírez, las fallas en la gestión de Mancera se concentraron en su negación a la existencia del crimen organizado en la capital del país, a la afectación en la movilidad y a la elaboración de obras, además de su actuar en el proceso de reconstrucción tras el temblor de hace siete meses.
Maximiliano García, politólogo, consideró que su administración fue de claroscuros. «Llama la atención la lectura que la opinión pública le da tanto a los aciertos como a los errores», determinó.
En política social, hubo una ligera disminución en la pobreza y aumento de empleo, analizó. Pero dado que es una zona menos marginada frente a otros estados, «hubo fallas importantes que no compensaron esos éxitos» y, sumado al mal manejo en comunicación de esos temas, «generaron un descontento importante».
Entre esos errores, el académico mencionó el alza al boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), la reacción ante las contingencias ambientales, el nuevo reglamento de tránsito y, principalmente, el tema de la seguridad cada vez menos favorable.
De acuerdo con la última encuesta de Grupo Reforma, la administración de Mancera culminó con el 34 por ciento de aprobación en comparación con el 63 por ciento de Marcelo Ebrard Casaubón (2006-2012), el 76 por ciento de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006) y el 41 por ciento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1994-2000).
«Mancera nos dijo bastantes veces que no hay crimen organizado y nos encontramos con que hay un cártel en Tláhuac y también que en Ciudad Universitaria hay narcomenudeo; al mismo tiempo tenemos una policía que es insuficiente o por lo menos no tiene libertad de acción por falta de presupuesto o falta de equipamiento», evaluó el politólogo Valeriano Ramírez.
Los especialistas también cuestionaron su cercanía con el Presidente Enrique Peña Nieto, principalmente durante sus primeros años de gestión, lo que incluyó reuniones periódicas con el Jefe de Ejecutivo y una variedad de encuentros en eventos oficiales.
«La cercanía de Mancera con Enrique Peña Nieto tuvo impactos en opinión pública, aunque de manera dividida. Si bien para algunos fue una cercanía poco productiva y dañina para la imagen de Mancera, también permitió romper con una especie de tradición que se estaba gestando respecto a que el puesto de Jefe de Gobierno se estaba convirtiendo en un trampolín político para tener posibilidades de acceder a una candidatura presidencial», dijo el politólogo Maximiliano García Guzmán. «Aun con la cercanía que se presume no se arrojaron resultados del todo favorables. Si hubiera habido una distancia marcada entre los dos ámbitos de gobierno quizá los resultados hubieran sido menos desfavorables».
No obstante, Mancera «no calculó» que todo el costo político de las decisiones que venían del Gobierno federal se le quedaron a él, como la nueva Constitución de la capital del país y el proceso de reconstrucción.
Durante su campaña, hace seis años, Mancera Espinosa implementó la práctica denominada «Decisiones por colonia», en la que preguntó a los habitantes sobre sus prioridades para «decidir juntos». Los capitalinos exigieron menos basura, seguridad, más patrullas y más agua. Durante su último informe de Gobierno destacó la nueva Constitución, su programa Abogado y Médico en tu Casa, las ecobicis eléctricas y 70 kilómetros más de Metrobús.
Esos resultados tienen hoy a la coalición «Juntos Haremos Historia» en la preferencia electoral, y abajo al PRD y su alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano, de acuerdo con las más recientes encuestas.
LA INSEGURIDAD Y LA PGJCDMX
«Quiero ser Jefe de Gobierno de esta Ciudad para que tú y tu familia vivan más felices. Para que tengas más y mejor seguridad», declaró el candidato de Movimiento Progresista, Miguel Ángel Mancera, durante el primer debate en 2012. Sin embargo, los homicidios durante 2017 en la Ciudad de México alcanzaron niveles nunca antes vistos, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El año pasado se registró la tasa histórica de homicidio doloso de 12.31 por ciento, sobre todo en las delegaciones Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Además, la tasa de robo con violencia fue de 66 por ciento en 2017, la más alta del promedio nacional, y creció 28 por ciento, más desde que se tiene registro, sobre todo en la Cuautémoc, reveló el ONC.
En las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tláhuac y Venustiano Carranza aumentaron ocho de los diez delitos analizados de 2016 a 2017.
Durante su gobierno, Mancera negó que hubiera presencia de cárteles en la Ciudad de México. En julio del 2017, la Marina abatió a «El Ojos», líder del cártel de Tláhuac. Hasta febrero el entonces Jefe de Gobierno reconoció que «el único punto donde la Federación está en un esquema de inteligencia en temas de narcotráfico, en relación con narcomenudeo, es Tláhuac».
Días después se registró una balacera en Ciudad Universitaria entre narcomenudistas y compradores, según la Procuraduría de la Ciudad de México, instancia que descartó la relación con el cártel de Tláhuac. En la Ciudad de México también está la presencia de La Unión de Tepito.
En entrevista con La Jornada, el actual Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, reconoció que la delincuencia organizada ha aumentado en la zona sur y la bandas de narcomenudeo extendieron sus actividades a la extorsión de comerciantes y al robo.
Además de la expansión de grupos delincuenciales, en el mandato de Mancera Espinosa resaltó la actuación de la Procuraduría de Justicia (PGJCDMX), sobre todo en el caso Narvarte y el feminicidio de Lesvy.
Sobre el multifeminicidio y asesinato en la colonia Narvarte en julio de 2015, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México concluyó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México omitieron «investigar con la debida diligencia y perspectiva de género» los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril.
La CNDH local detectó anomalías porque el espacio del crimen no fue bien preservado por la Procuraduría y hubo tanto contaminación como alteraciones; la Procuraduría de Rodolfo Díaz omitió líneas de investigación; revictimizó a las víctimas y permitió filtraciones oficiales y no oficiales de información a los medios que terminaron criminalizando públicamente a las víctimas. El actual Procurador, Edmundo Garrido, también formó parte de la investigación de ese caso.
Dos años después, en mayo del año pasado, Lesvy de 22 años fue asesinada en Ciudad Universitaria. En un inicio, la Procuraduría determinó que la joven se suicidó ahorcándose en una caseta telefónica. Emitió una serie de tuits señalando que el día de los hechos la pareja estaba bebiendo y drogándose, y reportó que la víctima no estudiaba. Tras cuestionamientos de la opinión pública, María Elena Cárdenas Rodríguez presentó su renuncia como directora del área de Comunicación Social de la PGJ capitalina.
Tras casi un año del hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX concluyó que fue feminicidio cometido por su pareja. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación a las Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría y Tribunal Superior de Justicia capitalinos, por la falta de una debida diligencia y atención a los familiares en la investigación.
SIN PLANEACIÓN URBANA
La Ciudad de México y su zona metropolitana «han sufrido» una expansión urbana acelerada sin una adecuada planeación y sin inversiones «suficientes» en sistemas de transporte y movilidad. Esto ha generado un sistema de transporte público «fragmentado» y ha impulsado el aumento del uso del automóvil con consecuencias negativas para la sociedad: muertes por hechos de tránsito, contaminación del aire, generación de Gases de Efecto Invernadero, congestión vial, contaminación auditiva, pérdida de productividad, y fragmentación social, evaluó el informe «Movilidad inteligente para la CDMX» del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés).
Asimismo, de acuerdo con un estudio de Sin Tráfico, en la Ciudad de México durante media hora se pueden recorrer solamente 23 kilómetros, en el mejor escenario posible. Eso la coloca con la menor distancia entre 31 ciudades principales de México.
Miguel Ángel Mancera destacó de su gestión, entre otras cosas, la expansión de líneas del Metrobús. No obstante, usuarios de la nueva línea 7 han manifestado inconformidad por la lentitud del servicio que los orilla a realizar largas filas, sobre todo hacia Santa Fe. En junio del año pasado, un juez suspendió las obras de esta línea, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) enfatizó que la avenida Paseo de la Reforma está catalogada como monumento histórico. Finalmente la obra continuó.
Durante su administración también resaltó el aumento al boleto del Metro de 3 a 5 pesos, con sus respectivas protestas, y la activación de varias contingencias ambientales que provocó pérdidas económicas por el control a la circulación de automóviles y tráileres. Pese al incremento, los millones de usuarios de ese sistema de transporte colectivo siguen quejándose del servicio deficiente y han reportado en redes sociales fallas de los vagones o andenes.
CÁRTEL INMOBILIARIO Y OBRAS
Durante el sismo del 19 de septiembre, edificios nuevos se derrumbaron, entre ellos, el que la desarrolladora Dekah Inmobiliaria construyó hace poco más de dos años en la avenida Insurgentes Norte o el edificado por Canada Building en Portales, Benito Juárez. Las organizaciones Vecinos Unidos, La Voz de Polanco, SumaUrbana y Va por mi Gente denunciaron que la ley de reconstrucción de la Ciudad de México, propuesta por Miguel Ángel Mancera, beneficia a las constructoras del “cártel inmobiliario” con fondos, predios públicos y exenciones de impuestos,y además les permite evadir reglamentos locales de desarrollo urbano y despojar con total opacidad.
El Gobierno de Mancera encomendó parte de la reconstrucción a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarias que agrupa a Fibra Danhos, Grupo Gigante Inmobiliario, Ideal y Copri, constructoras protagonistas del llamado boom inmobiliario de la Ciudad de México.
Gerardo Valverde, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró que «ante una posible crisis de agua en un futuro cercano, construir vivienda en el poniente de la ciudad parece una terrible idea». En su texto de la revista Nexos expuso que los Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) del parque la Mexicana o la Barranca de Tarango «no fueron pensados para la construcción de vivienda social, y si bien es cierto que podrían llegar a ser una manera de mantener en buen estado una parte de las áreas verdes concesionando su administración a privados, el Estado está relegando una de sus funciones principales, el cuidado del medio ambiente, a un ente privado».
Dos obras que los habitantes sí pudieron frenar fueron el Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa (CCC) y la rueda de Chapultepec. En diciembre de 2015 los colonos de la delegación Cuauhtémoc rechazaron el proyecto en una consulta con 14 mil 201 votos por el «no», al considerar que no era una opción ecológica, frente a 7 mil 893 que lo apoyaban. En mayo de 2016, también se canceló la rueda de la fortuna para evitar dañar al Bosque de Chapultepec.
GRANADEROS Y DERECHOS HUMANOS
Al menos ocho policías encapsulaban y golpeaban con toletes a un hombre arrodillado que intentaba protegerse con sus brazos durante la manifestación del 20 de noviembre de 2014, a dos meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. A lado otro ciudadano huía con un niño en brazos, reveló una fotografía de Guillermo Perea de la agencia Cuartoscuro.
Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, miembro del colectivo de derechos humanos Liga de Abogados Primero de Diciembre, ha llevado casos de jóvenes detenidos arbitrariamente por la policía durante manifestaciones en la Ciudad de México, durante la administración de Miguel Ángel Mancera.
De acuerdo con la abogada, los granaderos suelen encapsular y detener a jóvenes que parecen estudiantes por lo que hay mucha estigmatización. Durante los enfrentamientos, los golpean de manera indiscriminada. Pero cuando son trasladados al Ministerio Público, la averiguación no logra integrarse porque, salvo testimonios de los mismos policías, no existen pruebas que determinen que son culpables de algún acto de violencia contra autoridades, civiles o establecimientos.
Alejandro Jiménez, representante legal de los 11 detenidos durante la manifestación del 20 de noviembre de 2014 por Ayotzinapa, coincidió en que los detenidos son acusados solo con base en los testimonios fraudulentos de los policías.
Respecto a las agresiones a la prensa, principalmente se dan en el contexto de las marchas. Los cuerpos policiacos suelen golpear o detener a los periodistas que están documentando con foto o video las detenciones arbitrarios o algunos otros abusos, expuso Leopoldo Maldonado, ex abogado de Artículo 19.
Luego de cuestionamientos por parte de activistas y organizaciones civiles sobre la actuación del cuerpo de granaderos en las marchas que se habían realizado en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, presentó su renuncia.
Las detenciones arbitrarias y violentas, dijo la litigante Izti-Guari Hurtado, generan daño moral, psicológico y patrimonial al tener que gastar en la defensa legal. De acuerdo con el abogado Alejandro Jiménez, los derechos humanos que se violan son la presunción de inocencia porque las autoridades asumen que por el hecho de manifestarse se hace uso de violencia; el de libertad de expresión; el derecho a la seguridad jurídica, e incluso el derecho a la dignidad porque los rapan y a la integridad porque los golpean y los insultan.
Durante la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto hubo manifestaciones en la capital del país y 104 detenidos. Actualmente todos están libres. Pero desde 2013 la liga de abogados 1DMX ha exigido la reparación integral por los daños referidos, así como una indemnización que no supera los 100 mil pesos.
«Lo que se busca no es dinero, sino una reparación integral que incluya una disculpa pública y garantías de no repetición», aseguró la abogada Hurtado Bañuelos.
EL SISMO
De acuerdo con las cifras oficiales, el temblor de 7.1 grados el 19 de septiembre dejó más de 200 muertos y 5 mil 700 viviendas dañadas en la Ciudad de México. El gobierno de Miguel Ángel Mancera emitió medidas como el reparto de apoyos de 3 mil pesos o créditos, así como la ley y la plataforma de reconstrucción para transparentar el uso de los recursos. Luego de que dejó el cargo para continuar su carrera política, el proceso quedó en responsabilidad del actual jefe de gobierno José Ramón Amieva.
Pero sobre el apoyo de 3 mil pesos, los damnificados acusaron que no era suficiente para una renta, y de la Comisión para la Reconstrucción hubo tres renuncias, incluyendo la de su dirigente Ricardo Becerril, por acusar que tres diputados de la Asamblea Legislativa los pusieron al margen del manejo y asignación de los recursos públicos. Mauricio Toledo, Jorge Romero y Leonel Luna lo negaron.
Ahora, el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (Fonaden) es vigilado por la Secretaría de Finanzas, la cual asigna los alrededor de 8 mil millones de pesos a las dependencias que lo requieren como el Sistema de Aguas, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Rural. No obstante, el Secretario de Finanzas Edgar Amador renunció en abril.
