Alto a la violencia
La ola de violencia de violencia de género que azota al Estado de México ha comenzado a levantaralarma entre la ciudadanía, por lo que exigen a las autoridades comenzar a tomar medidas. Por ello en el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “ayer en Toluca se dieron a conocer cinco sentencias de 80 años de prisión contra feminicidas, lo cual llama la atención por dos razones. La primera evidentemente, porque durante los últimos años el Estado de México fue escenario de múltiples crímenes de género y al fin parece estar cambiando la cosa. Y la segunda, porque no se puede pasar por alto la marcha de mujeres que se registró el sábado en la Ciudad de México. Miles salieron a las calles a exigir seguridad para ellas, castigo al acoso y alto a los feminicidios. Habría que ir buscando nuevas formas y, sobre todo, nuevos resultados para esta grave problemática”.
Otro tema en el que se exige la acción de las autoridades es la desapariciones forzadas por lo que en El Universal, su Editorial, asegura que: “el tema de las personas desaparecidas ingresó al discurso oficial como resultado de la presión ejercida por grupos de la sociedad civil y de hechos como el de Ayotzinapa o el descubrimiento de fosas clandestinas, en distintas regiones del país, algunas con centenares de restos humanos. El dolor de miles de familias que tienen un padre o un hijo desaparecido se transformó en exigencia al gobierno federal para que emprendiera acciones ante el problema […]. Este lunes el gobierno de la República puso en marcha la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que con la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense busca sistematizar la información sobre familiares y personas desaparecidas al hacer la comparación de ADN, y tratar de contener una tragedia cuya magnitud se refleja en datos como 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos sin identificar en servicios forense y más de mil 100 fosas clandestinas […]. Las medidas que se anunciaron son de corte federal, pero a nivel estatal se requerirá también sensibilidad de la autoridad local para adoptar acciones similares. La ley en la materia establece que las entidades cuenten con Comisiones Locales de Búsqueda, obligación que registra un grave retraso, pues a más de un año de promulgada la ley apenas una decena de estados ha constituido la instancia respectiva. Hasta ahora lo que había proliferado era la indolencia y negligencia oficial ante un tema que involucra a decenas de miles de personas con paradero desconocido y cuyo destino no puede simplemente ignorarse. Grupos ciudadanos han tenido que iniciar por cuenta propia el rescate de cuerpos en predios donde les han informado que podrían encontrarse restos humanos, con escaso o nulo apoyo de la autoridad. Nadie puede desaparecer sin dejar rastro y menos decenas de miles. Lo que México ha vivido es el abandono de las tareas del Estado de seguridad y protección ciudadana. Una nueva opción parece abrirse para quienes claman por investigación”.
En tanto en Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “la delincuencia ligada al ‘triángulo rojo’ en Puebla, estado que gobierna de forma interina Guillermo Pacheco Pulido, se ha diversificado en delitos y en objetivos. Los mismos grupos que asaltan a montañistas nacionales y extranjeros son los que operan en la zona de Esperanza, Ciudad Serdán y Atzitzintla, esta última entrada a la Sierra Negra, donde han sido levantados y asaltados técnicos y científicos del Gran Telescopio Milimétrico”.
El duelo de AMLO
En diversas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado acusaciones en contra de las pasadas administraciones, señalándolas de corruptas y haciendo mención de faltas en que incurrieron. La más reciente alcanzó al ex Presidente Felipe Calderón de quien dijo fue partícipe de tráfico de influencias durante su sexenio. Lo anterior fue retomado en Milenio, por el periodista Carlos Marín, quien escribe que: “en una más de sus innecesarias y resbaladizas conferencias de prensa, aventuró: ‘… se llegó a que una empresa de estas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un ex Presidente como miembro de su Consejo de Administración; un Presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera…’. El aludido es Felipe Calderón, quien […] y por Twitter negó haber ‘incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés, y mucho menos en actos de corrupción…’ Al quite le entró el ex presidente Vicente Fox, lo cual es notable, porque ambos quedaron distanciados desde que, como secretario de Energía, Calderón se salió del huacal para impulsar su candidatura presidencial contra la de Santiago Creel […]. Fox escribió: ‘Somos ya varios que lo hemos retado y exigido que deje de calumniar. Pero para engañar a sus seguidores, sigue actuando con gran deshonestidad. Ciertamente @lopezobrador no tiene cómo aclarar su deshonestidad personal. La mañanera me parece el mejor lugar para el debate y las aclaraciones. @FelipeCalderon tiene ese derecho. El mesianismo, el populismo, el autoritarismo, el tlatoanismo y la demagogia siempre acaban mal. Donde hay un ejemplo que demuestre lo contrario. La democracia, la libertad, la economía de mercado, la justicia, siempre acaban bien’. Es de esperar que el Presidente no recoja el guante del desafío de los ex presidentes […], cuyo desgreñe trae a la memoria el duelo en el cementerio de El bueno, el malo y el feo. Lo mejor será que AMLO le baje a la confrontación y recuerde que prometió al país una ‘paz y reconciliación’ que, como para terminar con la corrupción, debiera aplicar también ‘de arriba para abajo…'”.
Por otra parte, las acciones de AMLO desde su toma de posesión, son analizadas en Milenio, el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, escribe que: “el poder acumulado por López Obrador durante sus pocos meses en el gobierno es incomparablemente mayor que el que recibió en las urnas. Nada ha crecido en México tanto como el poder del nuevo Presidente. Se ha expandido a costa de su oposición en el Congreso hasta obtener mayorías calificadas que no ganó en las urnas. Se ha expandido a costa de los otros poderes y los otros órdenes de gobierno, sometiéndolos a sus reglas presupuestales y salariales, quitando recursos a los órganos autónomos y a los poderes locales. Ha sometido a la burocracia federal a una austeridad que tiene día con día las maneras de la arbitrariedad y el despotismo. En unas cuantas semanas de decisiones ha saltado sobre leyes vigentes y suscitado más controversias legales que otros gobiernos. Ha puesto los cimientos de un gobierno paralelo en los estados, mediante los llamados superdelegados, especie de prefectos políticos encargados de vigilar y administrar los programas y los recursos de la Federación, que son un porcentaje enorme de los presupuestos estatales […]. Ha puesto los cimientos de la red clientelar más grande que se haya diseñado nunca en el país: dinero público para adultos mayores, discapacitados, estudiantes de nivel medio, jóvenes que no estudian ni trabajan, subsidios agropecuarios, préstamos a la palabra. Ha entregado el censo de ese universo de millones de beneficiarios no a organismos especializados del gobierno sino a una red próxima a su partido, Morena, manejada desde la oficina presidencial, de cuyas listas y transferencias no se ha diseñado ninguna rendición pública de cuentas. Ha empezado a poner los cimientos legales también para la construcción de una Guardia Nacional, radicada en el seno del Ejército, que será encargada de la seguridad pública, en sustitución de las policías federales y locales, y contará con 50 mil hombres y casi 300 bases regionales. Por estas correas de transmisión de prebendas, nuevos poderes locales y despliegue militar, correrá la expansión territorial del partido en el gobierno, Morena, para las elecciones intermedias de 2021 y las presidenciales de 2024”.
La investigación de Tlahuelilpan
Por otro lado en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “ahora sí esta semana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofrecerá detalles de la investigación sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, que a la fecha ha dejado 126 muertos. En enero pasado, don Alejandro se comprometió a dar avances de la indagatoria, incluso anunció que citaría a funcionarios del Ejército, la Policía Federal y de Pemex para precisar la cronología de lo sucedido. Nos dicen que entre hoy y el miércoles el fiscal dará a conocer detalles de la investigación. El viernes, en el Senado, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo dijo que lo sucedido en Tlahuelilpan no fue responsabilidad de las Fuerzas Armadas, ahora habrá que ver qué dice el fiscal al respecto.
El error de AMLO
El conflicto con la CNTE en Michoacán continúa, por lo que las críticas en contra de los gobiernos federal y estatal no han cesado. En ese sentido en el Excélsior, el periodista especializado en temas parlamentarios, Francisco Garfías, comenta los errores cometidos por la presente administración en torno a la resolución de conflictos y escribe que: “la estrategia del gobierno federal para resolver el conflicto originado por el bloqueo de la CNTE a las vías férreas en Michoacán no sólo ha resultado muy cara[…], sino que, además, envía un mensaje equivocado a los grupos que violan la ley para plantear exigencias. Ése es uno de los tres los grandes errores cometidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los 17 días que duró el conflicto. Y es que al renunciar totalmente al uso de la fuerza, el gobierno pierde un elemento fundamental para plantarse con solidez en futuros eventos. Estos grupos saben de antemano que nadie los va a tocar si bloquean, ocupan calles y alcaldías, cierran cruces, hacen plantones o toman aeropuertos. Al contrario, los van a premiar. Les dan un estímulo para delinquir […]. El segundo error del gobierno federal fue aceptar una negociación con el magisterio disidente de Michoacán a cambio de liberar las vías férreas. Mostró que es vulnerable al chantaje […]. Un tercer error monumental es lo que les firmó el oficial mayor de la SEP. Regresó a la Sección 18 el control de las plazas, el ingreso de los normalistas y el control del sistema de pagos a los maestros al aceptar que se dejen de hacer pagos electrónicos y, en el caso de pago en cheque, que se retirara la leyenda ‘no negociables’ […]. El conflicto no está cerrado. Ni lo estará. Es sólo, como dice la Sección 18, un ‘repliegue táctico’. Los docentes se colocarán a un costado de las vías sin impedir el paso del tren, listos para cualquier contingencia”.
No la van a extrañar.
Por otro lado en el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “aunque la ministra Margarita Luna Ramos se despidió el 31 de enero de su actividad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su retiro está agendado hasta el 18 de febrero. A mediados de enero, el Centro Libanés le realizó un homenaje por sus 15 años de trayectoria, sin embargo, en ese lapso no realizó nada que la destacara. Se dice que pasó sin pena ni gloria los tres lustros para los que fue designada por el expresidente Vicente Fox. Se le recordará más porque apenas escuchó la posibilidad de la Ley de Remuneraciones y se protegió para no descontarse el sueldo; y porque en dos ocasiones intentó ser presidenta de la SCJN, pero en ambas sólo obtuvo un voto, el de ella. Revuelo ha causado, pero por quién la sustituirá”.
