El pasado 15 de diciembre, de manera apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley General de Biodiversidad, en medio de otra polémica discusión: la de la Ley de Seguridad Interior.
En entrevista para SinEmbargo, Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, denunció la existencia de un potencial conflicto de interés, ya que, afirmó, la promovente de la iniciativa fue la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien impulsa actividades mineras en el país.
«Detectamos que hay un conflicto de interés, dado que la Senadora promovente Ninfa Salinas Sada tiene un interés en proyectos de minería metalúrgica a cielo abierto en México. Con base en los contenidos de la iniciativa, como es el debilitamiento de las áreas naturales protegidas (ANP) para que se permitan este tipo de actividades que son las más destructivas, es evidente este conflicto de interés», destacó el biólogo marino y maestro en Ciencias con especialidad en Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales.
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Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– La Ley General de Biodiversidad ya está en la Cámara de Diputados a pesar de las múltiples críticas de organismos civiles, quienes han señalado que da manga ancha a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas por su importancia ambiental en México.
El pasado 15 de diciembre, de manera apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley General de Biodiversidad, en medio de otra polémica discusión: la de la Ley de Seguridad Interior.
En entrevista para SinEmbargo, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló la existencia de un potencial conflicto de interés, ya que, afirmó, la promovente de la iniciativa fue la Senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que impulsa actividades mineras en el país.
«Detectamos que hay un conflicto de interés, dado que la Senadora promovente Ninfa Salinas tiene un interés en proyectos de minería metalúrgica a cielo abierto en México. Con base en los contenidos de la iniciativa, como es el debilitamiento de las áreas naturales protegidas (ANP) para que se permitan este tipo de actividades que son las más destructivas, es evidente este conflicto de interés», destacó el activista.
«Es una Ley bastante permisiva en las ANP, permitiría el fracking y la minería, actuales amenazas para la biodiversidad», agregó.
La iniciativa de Ley de Biodiversidad llegó durante el primer día del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.
«Lo sospechoso aquí es que a pesar del rechazo que ha tenido por parte de organizaciones de la sociedad civil se aprobó en el Senado el último día de sesiones, justo en río revuelto mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior. Aprovecharon para aprobarla y que pasara desapercibida. Demuestra que PRI [Partido Revolucionario Institucional] y PVEM buscan dar un albazo, dar un trámite bastante rápido a la iniciativa de Ley y publicarla a pesar de las incongruencias que se presentan en el documento», denunció.
Entre esas incongruencias, Olivera enlistó las siguientes:
–Debilitamiento de la figura de las ANP.
–Omisiones en el tema de la protección de recursos genéticos.
–Falta de consulta pública, previa e informada, principalmente con las comunidades indígenas, quienes mayormente dan protección a los ecosistemas.
–Dota de legalidad para poder capturar y lucrar con los mamíferos marinos.
–Promueve un aprovechamiento extractivo de fauna silvestre a través de métodos como la cacería, es decir, apuesta por la conservación de especies a través de su aprovechamiento.
Cabe mencionar que en general, si se publicara la iniciativa tal y como está, cancelaría la actual Ley General de Vida Silvestre y modificaría diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico, en lo concerniente a las áreas naturales protegidas.
Sin embargo, el ambientalista destacó que la Cámara de Diputados aún puede cambiar el rumbo: «Los diputados pueden frenar esta iniciativa y pueden modificarla para atender las demandas de la sociedad civil y así mejorarla a través de la consulta pública, previa e informada con todos los grupos interesados».
«La iniciativa debe tener una representatividad de las personas que podrían ser afectadas. Por ello, estamos solicitando que otras comisiones como la de Cambio Climático y Asuntos Indígenas en el Congreso soliciten el turno y se haga un sistema de parlamento abierto, con una consulta real y no como se hizo en el Senado», solicitó.
La Ley regularía el capital natural del país, por ello, advirtió que «todos los mexicanos nos veríamos afectados porque de alguna manera dependemos del estado de conservación del medio ambiente y los recursos naturales».
Además, los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la participación y a la consulta serían violentados.
«Se violaría el derecho a un medio ambiente sano, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», recriminó.
Al haberse aprobado en el Senado, el trámite legislativo continúa. Y ahora se pide que se haga lo propio en la Cámara de Diputados, de allí pasaría a su promulgación por el Presidente Enrique Peña Nieto, posteriormente se publicaría en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y así sería aplicable.
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ONGS LEVANTAN LA VOZ
Hoy, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad compuesta por Greenpeace México, Defenders of Wildlife de México, Teyeliz, Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad Capítulo México, Eco Maxei Querétaro y el Centro para la Diversidad Biológica, también se pronunció:
«La Cámara de Diputados recibió la minuta de Ley General de Biodiversidad (LGB) luego de que se aprobara sorpresivamente en el Senado, buscando dar un albazo y poniendo en riesgo el patrimonio natural de nuestro país».
Ante «el atropello democrático, de derechos humanos y la poca sensibilidad del Senado hacia grupos históricamente vulnerados, como los pueblos indígenas y las comunidades locales», la Coalición exigió a los diputados respetar «el derecho humano a participar y a que no se repliquen las malas prácticas legislativas de su colegisladora en el Senado, abriendo el proceso de dictamen a una consulta ciudadana amplia, efectiva y culturalmente adecuada».
