Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Apenas concluyó el anuncio de la estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto para responder a los cuestionamientos de conflicto de interés de su gobierno y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, colgó un mensaje en la página del partido para manifestar el respaldo a la estrategia. Luego, en entrevistas radiofónicas negó que Virgilio Andrade Martínez, recién nombrado Secretario de la Función Pública, esté afiliado al tricolor.
Pero en el pasado de Virgilio Andrade Martínez se encuentra proclividad a ese partido que gobernó México de manera hegemónica de 1929 hasta 2000. Cuando en 2003 fue elegido como consejero del transformado Instituto Federal Electoral, los partidos de oposición lo acusaron de ser militante del PRI y amenazaron con impugnar su elección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Él atajó la crítica con una frase en la que admitía su relación con el organismo político: “Todos podemos ser militantes, pero hay una diferencia fundamental y es que no es posible que el Consejero haga un pronunciamiento a favor de un partido, ni tampoco se puede realizar actividad partidista” (Memoria de sesiones del IFE).
En 2012, Andrade Martínez fue llamado a trabajar al equipo de transición de Enrique Peña Nieto, quien ganó las elecciones de ese año. En aquel momento, se le encargó realizar un diagnóstico de la Administración Pública Federal y recibir la documentación de la Secretaría de la Función Pública, aun cuando su perfil profesional refiere más experiencia en el Derecho Electoral que en el ámbito de la Transparencia.
“El Presidente no ha roto con el viejo PRI, el de las corruptelas, la simulación, la asociación y la negociación. Por el contrario, esa cultura quedó cimentada al pedirle a un político afín al PRI que lo investigue. Es un comportamiento priista”, expresó Ernesto Gómez Magaña, experto en Rendición de Cuentas, en Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas.
Enrique Peña Nieto ha inaugurado una forma de ser priista desde el poder. En la 21 Asamblea Nacional, efectuada en marzo de 2013, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) modificó sus estatutos para que el Primer Mandatario dejara de ser “un destacado priista” y se convirtiera en miembro del Consejo Político Nacional. La propuesta de incluir al Presidente fue presentada por el Frente Juvenil Revolucionario (FJR) y aprobada por unanimidad en las asambleas estatales.
En el agobio de la crisis por el cuestionado origen de su fortuna inmobiliaria, el 3 de febrero pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó una estrategia para generar transparencia y dirimir los posibles conflictos de interés. Como parte de las acciones, nombró a Virgilio Andrade Martínez como nuevo Secretario de la Función Pública –cargo acéfalo en lo que iba de su gobierno- y como encomienda prioritaria le impuso: investigarlo a él mismo, a su esposa Angélica Rivera Hurtado y al Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.
Hugo José Suárez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expone que no obstante la gran oportunidad para dar marcha atrás en la llamada cultura de la corrupción entrañada en el PRI, “este es un partido que jamás revira en nada. Detenerse y reflexionar sería admitir una derrota. Y esa derrota sería histórica, enfocada en el pasado que explica en mucho este presente”.
LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN
En el año 2000, cuando el PRI perdió ante el Partido Acción Nacional (PAN), no sólo era considerado en el país como el instituto más corrupto del país; sino que se le adjudicaba ser escuela de políticos con tendencia al desvío de recursos para fines personales. Así lo muestra la revisión de las encuestas Mitofsky y GEA-ISA de ese año en que cambió el siglo y al poder presidencial mexicano llegó un partido diferente al tricolor.
El PRI, que había gobernado México de 1929 a 2000, era identificado con frases como “el que no transa no avanza”, “le dieron línea”, “lo ordenó el priista de Los Pinos” o “ganó el partido de las mayorías”. Clientelista y corrupto eran adjetivos que en 2000 lo acompañaban. Nadie era capaz de quitarle la paternidad de la tradición del “dedazo”, ese ejercicio de selección que hacía el Presidente de la República para poner a quien lo sustituiría. Y siempre era un priista.
Durante el segundo debate en torno a las elecciones de 2000, el candidato del Partido de la Revolución Democrática, el hijo del General Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano equiparó al PRI con el peor mal político. “Los mexicanos hemos aprendido que PRI es igual a corrupción y corrupción es igual a PRI”, señaló. Y Vicente Fox, suspirante del PAN, le hacía segunda: “Me la ganaste, Cuauhtémoc; realmente mi misma entrada era que corrupción es sinónimo de PRI en este país”. Gilberto Rincón Gallardo, candidato del extinto Partido Democracia Social, le tiraba con la misma fuerza a Labastida Ochoa, candidato del PRI: “Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan esta noche. Tengo 40 años luchando contra el autoritarismo priista…”.
Doce años después, el 24 de junio de 2012, el candidato del PRI apareció en el Estadio Azteca. “Juntos vamos a dejar atrás las prácticas de la vieja política, éste es un proyecto comprometido con la democracia, la libertad y la trasparencia”. Enrique Peña Nieto infringió emoción en el tono.
Aquel no fue un discurso largo. Le tomó 15 minutos referirse al binomio entre el PRI, su partido, y la corrupción anidada en un sistema sin cultura de transparencia ni rendición de cuentas. Una asociación que durante 71 años de gobierno del tricolor se impuso en la memoria de los mexicanos, los intelectuales y los observadores internacionales.
“Somos un proyecto moderno, que promueve y resguarda los valores, la transparencia y rendición de cuentas. Sabemos competir (…) también sabremos gobernar en democracia”, expresó el entonces candidato Peña Nieto que apenas concluía su gestión como Gobernador del Estado de México. En el análisis de los observadores políticos esas palabras se convirtieron en la piedra de toque para romper con el pasado del PRI, uno de oscuridad.
Hoy, cuando han transcurrido dos años de Gobierno, la corrupción y la rendición de cuentas constituyen la crisis que ensombrece la administración del ahora Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Las revelaciones periodísticas de Noticias MVS y The Wall Street Journal de un patrimonio inmobiliario originado en gigantescas constructoras contratistas de su Gobierno, han dado la vuelta al mundo y generado mucha tinta en cientos de análisis.
Jorge Díaz Serrano llegó a la dirección general de Petróleos Mexicanos por la designación del entonces Presidente de México, José López Portillo (1976-1982), el mismo que lo acusó en lo penal por el fraude de 35 millones de dólares que obtuvo con la compra a sobreprecio de dos buques tanque de hidrocarburo. Ambos pertenecían al PRI. Díaz Serrano era Senador por ese partido y fue desaforado en 1983 para que enfrentara el juicio por los cargos formales que presentó en su contra la Procuraduría General de la República. Permaneció cinco años en prisión. Cuando obtuvo su libertad, escribió y debatió sobre en qué medida su prisión se debió a rencores antiguos de López Portillo y otros miembros del tricolor. Lo cierto es que a través de su caso, pudo conocerse sobre la deshonestidad administrativa que predominaba en Pemex. Díaz Serrano falleció en 2011.
Cuando se habla de fortunas inmobiliarias fraguadas al calor de la corrupción, la historia de Arturo Durazo Moreno se convierte en referente. En el lapso que ocupó la comandancia de la extinta Dirección Federal de Seguridad (institución cerrada por Miguel de la Madrid) adquirió más de veinte mansiones en México, Estados Unidos y Canadá. A la que compró en Zihuatanejo, Guerrero, se le bautizó en lo popular como el Partenón, por su similitud con el templo de Atenas, Grecia. Cuando la requisaron, no encontraron ni un solo libro en sus adentros. Su carrera la inició como inspector de tránsito y cuando se volvió agente de la DFS, se convirtió en represor de grupos opositores tanto al gobierno como al PRI. El delito que le fincó el gobierno de José López Portillo fue la adquisición de 60 millones de pesos por contrabando y abuso de autoridad. José González González, quien fuera su escolta, aportó a ese perfil de personaje siniestro que se había instalado en la memoria nacional, al escribir el libro Lo Negro del Negro Durazo. Contó una trama de tropelías.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), dirigido por Carlos Romero Deschamps, aportó al PRI dinero que obtuvo de Petróleos Mexicanos. Mil 500 millones de pesos. Miembros del PRI los trasladaron en efectivo contenido en bolsas al edificio del partido. Este episodio fue el primer asunto de corrupción electoral que llevó a un dirigente sindical a quedar sujeto a proceso penal. Pero su equipo de abogados, al que perteneció Virgilio Andrade (padre de quien ahora ocupa la Secretaría de la Función Pública) logró desbaratar la denuncia que interpuso el Partido Acción Nacional en 2000. En 2011, el Juzgado 13 de distrito de procesos penales federales notificó a la Procuraduría General de la República que el delito cumplió el periodo de prescripción del delito de peculado electoral.
En 1988, Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI llegó a la Presidencia con una crisis de legitimidad debido a un proceso electoral cuestionado. Una de sus primeras acciones fue la detención de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, militante del PRI y secretario general del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de 1961 a 1989. Su gobierno lo acusó de acopio de armas y asesinato en primer grado. También a treinta de sus colaboradores (militantes del PRI). Aunque La Quina vivía rodeado de riqueza jamás se le fincó el delito de enriquecimiento inexplicable. Cinco meses después de haber llegado a Los Pinos, y tres de llevar a La Quina a la cárcel, Salinas abonó para que Carlos Jongitud, ex Senador en dos ocasiones, ex Gobernador en San Luis Potosí, ex líder del Congreso del Trabajo, fuera desplazado del liderazgo del SNTE y llegó entonces Elba Esther Gordillo, la misma a la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto le fincó malversación de fondos, apenas iniciado su gobierno.
Después de la crisis de diciembre de 1994, originada en la decisión del Gobierno Federal de devaluar la moneda nacional, el Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) anunció el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un instrumento con el que se rescataría el ahorro en los bancos. En 1995, el primer mandatario explicó que la quiebra de los bancos haría imposible el acceso a créditos y los ahorradores no podrán disponer de sus depósitos. Aunque en este año, el Presidente indicó que mantenía una “sana distancia” con el PRI, el episodio se encuentra en el historial de asuntos oscuros desprendidos del partido en la medida en que era una época de hegemonía partidista. Zedillo dijo que su decisión se debía a su deseo de evitar el colapso de la infraestructura productiva. En 1998, mediante la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el Fobaproa fue convertido en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y las pérdidas económicas de los bancos privados se convirtieron en deuda pública. Esta decisión gubernamental, ocasionó pasivos de hasta 552 mil millones de dólares por concepto de cartera vencida. El monto fue igual a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de 1998 y el doble de la deuda pública interna. ¿Por qué? En 1998, el Partido de la Revolución Democrática y el de Acción Nacional revelaron una novela de intriga: en el Fobaproa se encontrarán unos mil 275 créditos superiores a los 20 millones de pesos. Unos 700 préstamos aparecieron sin garantías. 600 créditos se llevaron más del 55 por ciento del fondo. Es decir, se lograron fortunas rápidas, formadas por la indiscriminada cesión de empresas públicas a intereses privados.
