Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– El gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en el Distrito Federal se ha destacado, hasta ahora, por mantener una visión centrada en una política policial “restrictiva” y “autoritaria”, afirman abogados especialistas en defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión.
En ello ha influido la trayectoria profesional del Jefe de Gobierno capitalino –quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como Procurador en la Ciudad de México y, previamente, había laborado en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)– y la ausencia de contrapesos de los poderes Legislativo y Judicial locales, consideraron Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, y Sergio Soto, de la Liga de Abogados 1º de Diciembre .
“La visión del gobierno es la visión de un Ministerio Público”, plantea Soto, integrante del colectivo de abogados que desde el 1 de diciembre de 2012 ha defendido legalmente a personas detenidas en la capital del país en contextos de protesta social o de forma arbitraria.
El señalamiento de Soto alude a la trayectoria profesional del actual Jefe de Gobierno fue como servidor público de la SSPDF y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la que incluso fue titular. Previamente a sus labores como funcionario público, se había desempeñado como abogado litigante.
Su trayectoria en el servicio público ha incidido en que sean precisamente tales dependencias las que han destacado más en lo que va de su administración, por encima de otras como Desarrollo Social, Salud o Educación.
“El tema de seguridad, desde una perspectiva judicial sumamente restrictiva de derechos, ha ocupado la centralidad de la administración de Mancera. Es decir, no se ha destacado la presente administración por sus políticas sociales, o por hacer algún contrapeso real al gobierno federal, como lo fueron las dos anteriores administraciones, o por alguna propuesta política novedosa, creativa”, expone Maldonado.
A esto, Soto agrega: “La visión de las áreas fuertes es una visión formada en la procuración de justicia, en la investigación y persecución de delitos, y la visión del gobierno del Distrito Federal está muy contaminada en términos de ver a la política como una prolongación de la función del Ministerio Público”.
Pero a ello también ha contribuido el hecho de que quienes estaban, hasta hace poco, al frente de ambas dependencias eran personas cercanas a Mancera.
Por un lado, al frente de la PGJDF se encuentra Rodolfo Ríos Garza, cercano a Mancera desde hace muchos años y quien entre 2010 y 2011 se desempeñó como su secretario particular, cuando Mancera era Procurador.
En 2012, Mancera dejó el cargo para contender por la Jefatura de Gobierno para el periodo 2012-2018. Ríos Garza se convirtió en coordinador de asesores de la PGJDF. Al frente de la PGJDF quedó Jesús Rodríguez Almeida, quien se desempeñaba como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.
Mancera y Rodríguez Almeida se habían conocido en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde el primero daba clases. Rodríguez Almeida fue alumno suyo en tres asignaturas.
Fue Mancera quien invitó a su ex alumno a trabajar en la PGJDF como fiscal de procesos de Juzgados Penales Norte en 2008. De ahí, Rodriguez Almeida pasó a la subprocuraduría y luego reemplazó a su ex profesor.
Una vez que Mancera se convirtió en Jefe de Gobierno, lo propuso para ocupar la titularidad de la SSPDF, mientras que a Ríos Garza lo propuso para ocupar la PGJDF. El Presidente Enrique Peña Nieto avaló ambos nombramientos.
Rodríguez Almeida fue titular de la SSPDF hasta el pasado 5 de diciembre, cuando renunció al cargo tras denuncias de abusos del uso de la fuerza por parte de granaderos y policías auxiliares, al término de la marcha del 1 de diciembre, y de una polémica declaración en la que defendió el trabajo de los policías capitalinos durante las movilizaciones del 20 de noviembre.
Ese día, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías tanto en el aeropuerto como en el Zócalo. Fue en la plaza central donde los policías hicieron detenciones arbitarias y agredieron a manifestantes.
Cuatro días después, Rodríguez Almeida felicitó a los policías por su actuación, “porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”.
Durante toda su gestión fueron recurrentes los señalamientos de abusos policiales durante las protestas sociales. La última fue ese 1 de diciembre, cuando al finalizar una movilización pacífica y luego de que un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos vandalizó negocios ubicados sobre Paseo de la Reforma durante unos 40 minutos, cientos de elementos de la Policía Auxiliar y de los granaderos se replegaron sobre la avenida, a la altura del Senado.
Ahí agredieron a personas que no habían sido responsables de los actos vandálicos, y en algunos casos ni siquiera habían participado en la marcha. Un grupo de unas cien personas también fue “encapsulado” por los policías, y sólo la intervención de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta evitó su detención.
TRADICIÓN ROTA
El abogado Soto habla sobre las repercusiones que ha tenido el establecimiento de una política con visión policial. Dice que la principal es que se han coartado las libertades democráticas que desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas se habían ido afianzando en la capital del país.
“Con la entrada de Mancera a la Jefatura de Gobierno se rompe tajantemente esta tradición que se venia cuajando, en el ámbito de gobernanza en el Distrito Federal”, considera.
Él y Maldonado coinciden en que uno de los más claros reflejos de esta política policial es la “mano dura” frente a las muestras de descontento social, donde se ha hecho comunes prácticas como las detenciones arbitrarias y violentas, se recurre de forma sistemática a los “encapsulamientos” durante las protestas, e incluso de han restringido los espacios para manifestarse.
La “cereza en el pastel” de esta política ha sido la Ley de Movilidad del Distrito Federal, promulgada el 14 de julio de este año, afirma el abogado de Artículo 19.
El pasado 3 de diciembre, la juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa, Paula García Villegas, declaró inconstitucionales los artículos 212, 231 y 214 de dicha ley al considerar que violan el derecho a la asociación y a la libertad de expresión.
La resolución de inconstitucionalidad vino luego de que una decena de organizaciones civiles, agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, interpusieron 14 mil amparos contra la Ley, que establece una serie de condiciones a quienes quieran manifestarse.
Particularmente los artículos impugnados refieren que se tiene que dar aviso previo (por lo menos de 48 horas) a la SSPDF para llevar a cabo una manifestación de cualquier índole, que éstas no pueden utilizar vitalidades primarias y que la SSPDF “tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación”.
Pero la visión policial del gobierno capitalino no sólo es perceptible durante las protestas en las calles, señala Maldonado. También está presente en el día a día en el sistema de procuración de justicia, donde la tortura sigue siendo una práctica habitual como método de investigación, y donde se siguen atendiendo a criterios de cuotas de detenciones y consignaciones.
A ello se suma “un Poder Judicial carente de independencia que prácticamente convalida todo lo que hace la Procuraduría. Es decir, una serie de deficiencias estructurales en el sistema de procuración y administración de justicia que provocan violaciones sistemáticas al debido proceso”.
El Poder Legislativo, representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tampoco es un contrapeso real al Ejecutivo local, considera el abogado.
La explicación que da al respecto es que Mancera ha logrado imponer su agenda política en la Asamblea a partir de negociaciones y componendas con las distintas corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mayoritario en la ALDF.
A pesar de que el PRD se erigió como un partido de izquierda, lo que sus corrientes internas han demostrado, dice Maldonado, es que sus intereses de grupo están por encima de una voluntad de establecer un programa progresista.
Bajo esta lógica, “se ha sacrificado el programa político por los intereses de las ‘tribus’, y por eso [Mancera] ha logrado impulsar esta agenda policiaca”, expone.
SIN CAMBIOS
Tras la renuncia de Rodríguez Almeida, el pasado 16 de diciembre Hiram Almeida Estrada fue nombrado nuevo titular de la SSPDF. Hasta entonces, Almeida Estrada se desempeñó como Contralor General del gobierno capitalino.
Al asumir el cargo, Almeida Estrada dijo que no se tolerarían los abusos de autoridad o del uso de la fuerza contra los ciudadanos.
Para Soto, la llegada de Almeida Estrada a la SSPDF no supone cambio alguno.
Ejemplo de ello, dice, es que sigue pendiente el cumplimiento de la recomendación 7/2013, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tras los abusos policiales en el operativo del 1 de diciembre de 2012.
En ella se planteó, entre otras cosas, revisar los protocolos de actuación de los policías para el control de multitudes, así como crear un modelo que garantizase el respeto a los derechos humanos, y fue dirigida a la SSPDF, así como a la PGJDF, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Maldonado también ve el nuevo nombramiento con poco optimismo, pues considera que una primera señal necesaria para hablar de una transformación en la visión del gobierno sería que los policías, incluidos sus mandos medido y altos, comenzaran a rendir cuentas de los abusos que han cometido.
“No basta con decir que se va a hacer sino que se debería empezar a hacer, a partir de muchísimas evidencias que hay en los últimos dos años, eso sería una señal positiva pero cuando se comience a hacer. Y sanciones que de verdad impliquen un inicio hacia una reparación del daño a todas las víctimas de estos abusos”.
