@letichelius

Durante meses se especuló sobre qué posición tomaría el Gobierno de México ante la disputa judicial en Estados Unidos entre el juez texano, Matthew Kacsmaryk y el Gobierno de Joe Biden, a quien dicho juez obligó en agosto de 2021 a restablecer el programa que había iniciado la Presidencia de Trump, que consiste en que los solicitantes de asilo en ese país provenientes de Centro América esperen su procedimiento administrativo en territorio mexicano. La decisión de este juez llegó a la Suprema Corte quien dio la orden final, que argumentó que la cancelación del programa impuesto por Trump no estaba procedimentalmente bien fundada y eso justificaba restablecerlo. La realidad es que dicha decisión tiene más un trasfondo ideológico por la posición dura frente a la migración del citado juez Republicano, además de ser un golpe bajo en términos electorales contra los Demócratas, cuya promesa de campaña a favor de una migración más humanitaria que implicó entre otras cosas, cancelar este programa. De entrada este es un golpe directo a la administración de Biden.

Pese a ser una disputa entre diferentes poderes internos de Estado Unidos (Poder judicial, y el Poder ejecutivo) para reiniciar el programa mejor conocido como MPP (migrant protection protocols, por su siglas en inglés), el gran detalle estaba en que inevitablemente se necesitaba el aval y la cooperación del Gobierno de México para implementarlo, ya que es este país quien recibirá a los solicitantes de asilo en espera. Durante un par de meses no hubo mayor señal de parte del Gobierno mexicano que parecía darle la vuelta, posponer, o extender las negociaciones en torno a aceptar implementar el MPP. Esto, junto con un par de amparos y demandas interpuestas incluso ante la Suprema Corte de Justicia de México denunciando dicho programa extranjero en suelo patrio (4 de abril de 2019), se pensó podrían haberle servido al Gobierno mexicano para argumentar diplomáticamente por qué México no podría participar en este proyecto propiamente estadounidense. No obstante, finalmente en voz de la Cancillería se anunció que por razones humanitarias y de manera temporal, -sin aclarar que significa esto-, el programa iniciará el 6 de diciembre de este año en varios puntos fronterizos del país.

Como si fuera consuelo, Estados Unidos se comprometió a dar recursos para los albergues que se instrumenten para recibir a las personas en espera, apoyar con cuestiones de salud incluida la vacunación contra la COVID, que por cierto a ellos les sobran, dar apoyo de traslado desde dichos albergues hacia la frontera cuando las personas asistan a sus audiencias de solicitud de asilo, lo que francamente suena menor frente al desafío de la seguridad y la vulnerabilidad extrema que enfrenta este perfil de migrantes en las zonas que quedó probado dieron lugar a abuso, violencia, delincuencia e incluso el secuestro y muerte de personas ahí supuestamente resguardadas con seguridad y cuyos casos, el Gobierno mexicano hasta ahora no ha resuelto.

La aceptación de instrumentar el programa “Quédate en México” en esta versión es una una pésima noticia no solo para los solicitantes de asilo de manera directa, lo es también para los partidarios del Gobierno de Biden que votaron por él entre otras cosas para cambiar este tipo de enfoques que vulneran a las personas migrantes, y para México, porque de alguna manera la decisión es una forma de claudicar a un intento por desarrollar una política exterior que preserve la soberanía que este programa migratorio claramente desdibuja. También es mala noticia para la población mexicana, especialmente la fronteriza, quienes recibirán nuevamente a miles de personas extranjeras. Pero no se mal entienda, no una mala noticia cuando el acto mismo de la hospitalidad es una de las formas de la condición humana más noble, sino porque si no hay proyectos definidos desde ahora para apoyar esa recepción e integración incluso de información, la  población local no tiene elementos para entender que ocurre sino que simplemente se les imponen programas desde el extranjero. Esta ausencia de claridad es un punto central para tratar de generar la empatía necesaria, el acompañamiento y sobre todo, la necesidad de compartir más allá de la nacionalidad, un espacio y tiempo que en México es especialmente difícil, sobre todo por las consecuencias que la pandemia esta trayendo a la economía nacional.

Un punto que no es menor y que hay que tener en cuenta es el hecho de que muchas de estas personas en espera de su audiencia de asilo en Estados Unidos acabarán quedándose en México porque es probable que no logren conseguir el estatus de refugiados en dicho país y a su vez, que decidan no volver a sus países de origen, que ya no serán solo de Centroamérica, sino personas provenientes de cualquier país de la región latinoamericana. Este punto debería estar incluido en la manera como se plantea implementar el programa de espera en México, porque pensarlo sólo como albergues para poner literalmente a la gente es una imagen que remite a los campos de refugiados que simplemente es inaceptable para un país como México.

Por lo pronto hay que tener en la agenda este hecho, el lunes 6 de diciembre se restablece el programa «Quédate en México» que tuvo enormes costos emocionales para las miles de personas que ya lo vivieron directamente, lo mismo que para las sociedades que ya lo han experimentado. Toca hacerlo diferente esta vez, eso sería lo único aceptable de esta nueva versión del MPP reloaded.

Leticia Calderón Chelius

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Dra. Leticia Calderón Chelius Es profesora Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO y maestra en Sociología de la UNAM. Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I).

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