A menos de un mes de que acabe la administración de Enrique Peña Nieto, el balance en la construcción de obras de infraestructura no es el que se pensó hace seis años. La corrupción, la mala planeación y el presupuesto fue diluyendo las obras que presentó Gerardo Ruiz Esparza en el Plan Nacional de Infraestructura. Los proyectos se cancelaron o se pospusieron de manera definitiva.
A pocos días del cierre, Peña Nieto y su Secretario de Comunicaciones y Transportes podrán presumir entre sus grandes obras el avance –con dudas en su presupuesto y en su impacto ambiental- del tren México-Toluca, que incluso ya se prevé que forme parte del plan aeroportuario del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Otro más es la ampliación del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que según lo revisado por la ASF, cuenta un mismo elemento en común que el resto de las obras de infraestructura del país: sobrecosto.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró anomalías en la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara por 109 millones 178 mil 213 pesos tan solo en el ejercicio fiscal de 2017.
Esa cantidad de dinero que se califica como un posible daño al erario público, se conforma por aumentos injustificados de los precios del material, por trabajos que no se realizaron o por los que se pagó más de lo acordado.
La ampliación del tren fue uno de los proyectos principales de Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza. Seis años después, esta obra tiene una inversión de 25 mil millones de pesos. La obra consta de 18 estaciones y tendrá una longitud de 21.45 kilómetros, divididos en tres tramos: el viaducto 1, con 8.65 km de longitud; el viaducto 2 y el tramo subterráneo. Se prevé que brinde un servicio a 233 mil pasajeros diarios, que conectará a los municipios de Zapopan y Tlaquepaque, luego de un periodo de prueba de siete u ocho meses.
Pero durante el periodo de construcción, la ASF detectó observaciones por 109 millones 178 mil 213 pesos, de los que logró recuperar 449 mil 308 pesos. A la SCT le falta demostrar qué ocurrió con 108 millones 728 mil 905 pesos, que quedaron como “recuperación probable”.
Una de las observaciones, que fue por 1 millón 878 mil 567 pesos, la ASF la levantó por los pagos hechos para el suministro y fabricación de viga prefabricada y pretensada. Sin embargo, se duplicó el pago de las vigas y los recursos se cargaron al contrato de la obra pública.
Otro daño, este por 12 millones 498 mil 171 pesos, se ocasionó por pagos a servicios que se hicieron en dos ocasiones, sin que hubiera una verificación al respecto. Esto fue en las perforaciones, es decir, hubo perforaciones adicionales. También porque se pagó por servicios que se requerían para la realización de perforaciones en espacio cerrado, cuando éstas se hicieron a cielo abierto.
La ASF también encontró la compra de un vibrador para concreto por 835 mil 176 pesos y para sustentar esa compra, las autoridades encargadas aludieron a la compra de cemento. Tampoco se encontraron pruebas de la utilización del tope.
También se generó un daño por 16 millones 470 mil 434 pesos en el servicio de suministro perforación y aplicación de inyección para tratamientos especiales de mejora del terreno por variaciones en el precio que no estuvieron justificadas, ya que se obtuvieron los mismos servicios y los mismos materiales que se pactaron desde la firma del contrato.
El desfalco más alto fue de 53 millones 253 mil 898 millones de pesos y fue por pagos indebidos “no recuperables”, según dictaminó la Auditoría. Generó un costo que la contratista no admitiera tener la tuneladora en el sitio de trabajo, lo que generó un daño por 47 millones de pesos. Los otros 6 millones se generaron a la suspensión de trabajos los fines de semana, ya que la empresa había previsto y calculado el costo contando con actividades laborales de 12 horas los domingos.
Luego fueron 16 millones 301 mil 043 pesos de daño al erario que se generaron por cambios en el tipo de perforadora utilizada por la contratista, que realizó la obra con una diferente a la establecida en el contrato.
Finalmente, otros 7 millones 491 mil 612 pesos, se fueron en el pago para la “formación de pedraplen como capa rompedora de capilaridad y mejoramiento de terreno utilizando roca”. No se verificó que los costos de los materiales siguieran siendo los mismos que se consideraron en un inicio. También se encontraron pagos incorrectos, que se cargaron al contrato.
