Considerando el sector de servicios, que aporta el mayor valor económico, bienes inmuebles y el consumo de funcionarios públicos, la descentralización de las dependencias gubernamentales afectaría un 0.5 por ciento la economía de la Ciudad de México, que aporta el 17 por ciento del PIB nacional, dijeron especialistas. La misma jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, ha reconocido su posible impacto aunque también ha visualizado un beneficio en la movilidad y suministro de agua, dos problemas claves en la metrópolis.
De las 25 instituciones federales que el Proyecto de Nación 2018-20124 ha establecido para una posible mudanza a otras entidades, 11 se ubican en la Delegación Cuauhtémoc, cinco en la Miguel Hidalgo y cuatro en la Benito Juárez, sobre todo en avenidas principales como Insurgentes Sur o Paseo de la Reforma. El sector más afectado será el inmobiliario dadas las rentas a oficinas y a viviendas de los trabajadores que eventualmente se irán mudando, previeron analistas. Pero solo si, contrario al intento de los 50 y 90, se logra el proyecto a largo plazo.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– El proyecto de descentralización de dependencias gubernamentales paulatino y basado en la naturaleza de su sector, planteado por el equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busca la reactivación económica regional con generación de empleo y bienestar. Pero también puede afectar a la economía de la Ciudad de México un 0.5 por ciento de su PIB, ya que se desocuparán edificios, disminuirá el consumo de funcionarios públicos con medio y alto poder adquisitivo e impactará en las empresas inmobiliarias por la renta de oficinas o vivienda, visualizaron especialistas.
De las 25 instituciones federales que se han establecido para una posible mudanza a otras entidades, 11 se ubican en la Delegación Cuauhtémoc, cinco en la Miguel Hidalgo y cuatro en la Benito Juárez, sobre todo en avenidas principales como Insurgentes Sur o Paseo de la Reforma de una ciudad que a partir de diciembre será gestionada por Claudia Sheinbaum Pardo, del mismo partido que López Obrador. Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) está en un inmueble catalogado en el Centro Histórico.
El Gobierno federal está compuesto por 18 Secretarías y 299 entidades del Gobierno, por lo que suman casi 3 millones de personas, de los cuales cerca del 80 por ciento trabaja en la Ciudad de México, justifica el Plan de Nación 2018-2014 de López Obrador. La economía de la capital del país aporta el 17 por ciento del PIB nacional seguido del Estado de México con el 9 por ciento del PIB, de acuerdo con cifras oficiales.
Un mes antes de la elección, la morenista aún en campaña reconoció ante integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) que la posible descentralización podría impactar económicamente a la capital nacional.
«Me parece bien, pero tenemos que ver qué impactos económicos va a generar para la ciudad, cómo nos ajustamos a ese nuevo proceso», declaró. Ya como Jefa de Gobierno electa, a finales de julio añadió que en el mediano y largo plazo podrían darse beneficios en los temas de movilidad y suministro de agua.
El economista de la UNAM, Leonel Carranco Guerra, expuso que considerando el sector de servicios y bienes inmuebles así como el consumo, «una aproximación del efecto total negativo en el PIB de la Ciudad de México sería entre el 0.25 por ciento a 0.47 por ciento. Digamos 0.5 por ciento del PIB, un golpe pequeño y no relevante visto de manera macro» y, si se considera que el proceso no será en solo un año, el daño se difumina más, calculó basado en un modelo.
A nivel delegacional, estimó que afectaría más el crecimiento de la Cuauhtémoc, corazón económico de la capital, por 0.52 por ciento del PIB, «el cual sigue siendo bajo». Para la Miguel Hidalgo sería de 0.35 por ciento de su PIB y para Benito Juárez de 0.34 por ciento de su PIB local.
«Es un pequeño impacto económico para la CDMX, pero es un impacto muy positivo para otros estados», balanceó.
El académico Carranco analizó que, además de provocar números negativos a nivel micro consumo, «el sector inmobiliario será uno de los más afectados porque el Gobierno federal renta muchos edificios en clase A, es decir, las mejore oficinas. Aquellas empresas que tengan un gran porcentaje de renta de inmuebles al sector federal van a tener bastantes afectaciones, pero los que tengan diversificación de carteras solo será una merma en sus ganancias».
Fibra Danhos, Grupo Gigante Inmobiliario, Ideal y Copri se convirtieron en las constructoras protagonistas del llamado boom inmobiliario de la Ciudad de México. En megaproyectos de hasta 44 pisos conjuntaron casas habitación, centros comerciales y hasta cementerios, de acuerdo con la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Leonardo González, analista real estate de Propiedades.com, explicó que «desde el punto de vista de desarrollo inmobiliario, la principal implicación tiene que ver con identificar la nueva vocación de predio de cada uno de los inmuebles que van a quedar disponibles. En el caso de que no estén ofertados para ser absorbidos por otro sector que no sea el gubernamental, el impacto también será en cada una de las colonias donde estén ubicadas las secretarías».
Un ejemplo:
El Infonavit está posicionado en la colonia Guadalupe Inn, muy cerca de Insurgentes Sur y Barranca del Muerto. Es un inmueble que da residencia a espacios laborales de empleados que se dedican a la política de vivienda, y además, tienen una función importante para la zona del sur de la Ciudad de México dado que generan un flujo de tráfico en horas pico, una derrama comercial en restaurantes, supermercado y miscelánea. Y, dado que la prioridad es vivir cerca del centro de trabajo, cualquier funcionario público tiene como objetivo tener vivienda cerca.
«Pero al mudarse a Toluca –donde una comprar una casa vale 1.47 millones de pesos–, esa zona sureña tendrá un efecto de implosión desde el punto de vista urbano u mobiliario, porque estos empleados que tienen un alto nivel adquisitivo, formales y generan un efecto de dinamismo de las colonias o lugares cercanos, van a desaparecer gradualmente. Estas colonias tendrán un nuevo perfil y reputación, y nuevo significado de importancia para la ciudad», expuso.
González afirmó que la medida también tendrá un impacto en la oferta, los precios y el desarrollo urbano en las ciudades receptoras.
«Esperaríamos que los funcionarios que se reubiquen dado su perfil de ingreso y de residente urbano tiren los precios de renta al alza o alquilen en segmentos Residente o Residente plus. Tirará las rentas a la alza», planteó. El aumento sería entre un 10 y 15 por ciento, de acuerdo con Eric O’Farrill, socio director de Coldwell Banker Urbana.
De acuerdo a uno de los estudios de Propiedades.com, por ahora las casas más caras para rentar se encuentran en Tijuana, cuya renta asciende a 16 mil 689 pesos mensuales, seguida de Monterrey, Querétaro y Oaxaca, con alquileres mensuales de 15 mil pesos. Monterrey, Querétaro y San Luis Potosí son las más elevadas para comprar incluso por 4 millones y medio de pesos.
El urbanista Armando Ramírez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) dijo que esta desconcentración podría disminuir el flujo de tráfico en esas zonas, pero no solucionarlo dado que pasa el transporte de carga. Además, enfatizó que «habrá que ver que la CDMX siga siendo un foco de inversión, aunque se queden las empresas, y que no se vuelva menos atractiva. Hay detalles que no conocemos».
El Proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador plantea que por el sistema político mexicano, «que ha hecho que la mayoría de las decisiones del poder graviten en torno al centro político de la nación», casi todo el Gobierno federal está concentrado en la Ciudad de México. Eso genera que muchas instituciones y empresas privadas de múltiples sectores también se concentren en la capital nacional.
Visto por sectores económicos, el PIB de la Ciudad de México se compone principalmente por el de servicios casi en un 90 por ciento, documentó el economista de la UNAM, Jesús Marín Blancas.
«Los trabajadores de la Ciudad de México consumen todo tipo de servicios como educativos, vivienda, financieros, comercio, recreativos, gubernamentales, de muebles… al representar el 90 por ciento del PIB local y al irse una cantidad importante de ellos que tienen un ingreso significativo, es de esperarse que en los próximos años impacte al PIB local», aseveró.
Aunque han habido intentos de cambiar esta concentración como en la década de los 50 y en los 90 tras el sismo, no se ha logrado. Actualmente, en un tercer intento, las nuevas tecnologías podrían apoyar, ya que permiten conexiones a distancia para múltiples funciones, plantea el documento.
Como primer paso, se realizarán estudios previos sobre infraestructura o mercados inmobiliarios con un presupuesto de 22 mil 805 millones de pesos.
No obstante, «el verdadero problema es en la parte logística. No todos los estados tienen la capacidad inmobiliaria para captar a estas instituciones. ¿Qué edificio en Colima te soportaría el ISSSTE? Lo que harían sería un sistema de edificios del Gobierno federal que es un costo que deben calcular», previó el economista Leonel Carranco.
Ramírez, desde su visión de urbanismo, también cuestionó que si se manda la estructura burocrática a nivel entidades, cuál será el papel de los gobiernos locales en zonas con delincuencia, o si las entidades seguirán dependiendo de los recursos del gobierno federal.
Leonardo González de Propiedades.com. advirtió que en Oaxaca, donde se plantea mudar la Secretaría de Desarrollo Social, habitan comunidades originarias con propios usos y costumbres que se resisten a la instalación de proyectos. O bien, Guerrero, donde se iría la Secretaría de Salud, tiene una reputación mundial de inseguridad.
Asimismo, dijo el economista Marín Blancas, la viabilidad tiene que ver con la forma y las trabas que se encontrará en el camino porque muchos trabajadores no querrán mudarse e incluso se ampararán o dejarán el cargo. «Tendrá que verse estado por estado», consideró.
«Lo más importante es devolver calidad de vida y agua a las personas, pero no nos dicen cómo. Es un reto muy grande», finalizó Armando Ramírez, urbanista de la UACM.
