Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional reveló hoy que la tortura en México está fuera de control, pues en 2013 el incremento de los casos respecto a 2003 fue de 600 por ciento.
“Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener «confesiones» o para que incriminasen a otras personas en delitos graves”, dijo en su informe.
“A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales”, agregó.
AI demandó al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas. El informe destaca que sólo el año pasado se denunciaron mil 505 casos, sin embargo precisas que la cifra real pudiera ser más elevada.
De acuerdo con la organización el 64 por ciento de los mexicanos tiene miedo a ser víctima de tortura. Sólo entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 7 mil 164 quejas por torturas y malos tratos.
AI advirtió que la tortura creció vertiginosamente a partir de 2006, cuando inició la guerra contra las drogas y no se ha detenido en la nueva administración.
El Informe llamado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, presentado hoy, analiza el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Los torturadores gozan de total impunidad, pues de 123 enjuiciamientos entre 2005 y 2013, sólo siete fueron condenados. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.
«Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos», afirmó Erika Guevara Rosas, Directora de las Américas Amnistía Internacional.
En cuanto a la CNDH, no cumple con su deber, informó AI, debido a que apenas uno por ciento de los casos denunciados, cuentan con una recomendación.
Las prácticas de tortura de autoridades mexicanas incluyen semi asfixia, palizas, simulacros de ejecución, violencia sexual, amenazas de muerte y descargas eléctricas.
El documento detalla que tan sólo 2013, la CNDH recibió 3 mil 842 denuncias de violaciones de los Derechos Humanos cometidas por instituciones federales de seguridad pública en relación con detenciones arbitrarias, malos tratos, allanamientos ilegales, intimidación y uso ilegal de la fuerza.
Con datos del pasado mes de enero, se informa que entre 2005 y 2013 los tribunales federales atendieron 123 enjuiciamientos por esa práctica.
El informe de AI documenta los casos de más de 20 personas que, como el de Ángel Colón, que sufrieron tortura a manos de las autoridades en México.
Ángel Amílcar Colón Quevedo sufrió tortura y abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas armadas en Tijuana debido a su condición de migrante y su origen racial. Es miembro de la comunidad afrodescendiente de Honduras. Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, lo desnudaron y le sometieron a tratos humillantes y a insultos racistas. Actualmente permanece en prisión en espera de juicio. Fue acusado sobre la base de la declaración que le obligaron a hacer tras ser torturado. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en julio de 2014.
Ante ello, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) pidieron su liberación al argumentar que «constituye una violación de las prohibiciones que se establecen en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros, además de afectar diversos derechos de carácter económico, social y cultural»
Los diputados se unieron a la postura de diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que reconocen a Ángel Amílcar como preso de conciencia y anunciaron que emprenderán acciones.
Amnistía Internacional destaca que a pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales.
Las escasas investigaciones oficiales que se llevan a cabo sobre las denuncias de tortura suelen ser deficientes.
El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones independientes.
En febrero de 2014, el secretario general de AI, Salil Shetty, se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto y le hizo entrega de un memorándum donde se exige una serie de acciones para combatir la impunidad arraigada y las graves violaciones de los derechos humanos en el país.
El informe señala una serie de medidas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos. En primer lugar, el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la tortura y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad.
