Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Representantes vecinales agrupados en la organización #VecinosUnidos pidieron eliminar por completo las Normas Generales de Ordenamiento 30 y 31, relativas al desarrollo urbano de la Ciudad de México, que se encuentran detenidas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Las Normas 30 y 31 fueron propuestas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para sustituir a la Norma 26, creada originalmente para producir vivienda social y popular, y que se suspendió desde agosto de 2013 debido a los abusos que desarrolladores inmobiliarios cometieron al amparo de ella para construir viviendas de lujo simulando que eran de interés social.
Sin embargo, la propuesta de Seduvi para reemplazar dicha norma ha sido criticada y rechazada por organizaciones vecinales, como los que integran a #VecinosUnidos, pues consideran que las nuevas normas no resuelven la necesidad de atención de vivienda social ni eliminan las lagunas legales que en la Norma 26 sirvieron para que se cometieran abusos.
El pasado 31 de agosto, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, informó que la Asamblea había suspendido el proceso para dar entrada a las Normas 30 y 31 y que no lo haría hasta que hubiera una amplia discusión al respecto y se revisaran las propuestas de los grupos parlamentarios y de la sociedad civil.
Pero para los integrantes de #VecinosUnidos la suspensión es una medida insuficiente.
“Suspenderla no es lo que necesitamos, necesitamos quitarla de la mesa. No es lo que la ciudadanía necesita para una vivienda de interés social que tiene más de 10 años de rezago”, dijo Susana Kanahuati Reyes, vecina de la colonia San Ángel, en conferencia de prensa. También participaron Oswaldo Mendoza, integrante del Comité Ciudadano de la colonia Xoco, Omar Karim, representante del comité vecinal de la colonia Condesa, y Ricardo Acosta y Alejandro Velázquez, a nombre del pueblo de Santa Cruz Xochitepec, en Xochimilco.
Las normas de ordenación, establecidas en los programas de desarrollo urbano y la ley en la materia, regulan la intensidad, ocupación y formas de aprovechamiento del suelo y del espacio urbano, así como las características de las construcciones.
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Luego de que el pasado fin de semana se anunciara la suspensión para dar entrada a la iniciativa de ley que propone las Normas 30 y 31, la organización vecinal Suma Urbana junto con #VecinosUnidos crearon una petición en la plataforma electrónica change.org para anular y desechar dichas disposiciones.
La solicitud “Por un DF sin construcciones irregulares. Por un DF planeado y sustentable. ¡No a la Ley Mancera! #SalvaDF” está dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, y a los coordinadores de los grupos parlamentarios en la ALDF.
Hasta las 20:00 horas del miércoles 3 de septiembre, la petición sumaba 4 mil 216 firmas.
UNA NORMA POLÉMICA
La polémica Norma 26 –como se le nombra habitualmente a aquélla que oficialmente se llama “26.- Norma para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular”– se creó para fomentar la vivienda social, y una de sus características es que permitía la construcción de edificios habitacionales por encima del número de niveles autorizados por la Ley de Desarrollo Urbano, siempre que éstos fueran de interés social.
Pero ello dio pie a abusos por parte de algunos desarrolladores inmobiliarios, quienes se aprovecharon de esta disposición al tramitar permisos de construcción al amparo de dicha norma, para producir viviendas de lujo simulando que eran vivienda social.
Por esa razón, la Norma 26 fue suspendida el 19 de agosto de 2013. La suspensión ha sido prorrogada en dos ocasiones y será vigente hasta el 14 de diciembre de este año.
A la par de esta suspensión, la Seduvi informó que realizaría un análisis para diseñar nuevos mecanismos para atender el asunto de la vivienda de interés social y para evitar la mala utilización de la norma que lo regulara.
Este año, la instancia a cargo de Simón Neumann Ladenzon –un empresario inmobiliario– presentó dicho proyecto, que consiste en una norma para producir vivienda social (Norma 30) y otra para incrementar la oferta de vivienda de nivel medio (Norma 31).
Los representantes vecinales de #VecinosUnidos consideran que, tal como están planteadas, las normas que sustituirían a la número 26 mantienen huecos legales que podrían favorecer, de nueva cuenta, sólo a los desarrolladores inmobiliarios. Además, consideran que dichas normas contribuyen a la especulación inmobiliaria y no responden a la necesidad de un plan de desarrollo urbano sustentable.
Y aún más, pues a decir de Kanahuati, la Norma 31 legalizaría lo que se consideraba violatorio con la Norma 26 respecto a la construcción de pisos por encima del límite establecido en los programas de desarrollo, pues permite construir por arriba del límite al amparo únicamente de un pago de derechos.
La integrante de #VecinosUnidos también denunció que a pesar de que la Norma 26 se encuentra suspendida, se han seguido otorgando certificados de zonificación al amparo de ella.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Administración Urbana de la Seduvi, proporcionados por Kanahuati, entre 2010 y en lo que va de 2014 se han otorgado 2 mil 888 certificados de zonificación con base en la Norma 26. De esos, únicamente el 12 por ciento ha sido usado para construir vivienda social, a decir de la representante vecinal.
Durante este año, periodo en el que la Norma 26 ha estado suspendida, se han entregado 144 certificados de zonificación al amparo de ella.
Cuando Neumann Ladenzon informó de la suspensión de la norma, señaló que sólo el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi) seguiría operando al cobijo de ella, “porque la Norma 26 es un instrumento de incentivo a lo que es la vivienda sustentable y de interés social”.
Al respecto, Kanahuati expresó: “Habría que revisar si realmente las está utilizando el Invi o a quién se las está dando, porque no sabemos en dónde están aplicando, hoy, 2014, la Norma 26”.
De acuerdo con información de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de abril de 2005 se decretó la Norma de Ordenación Número 26, pero el 10 de agosto de 2010 ésta se derogó y quedó una con una nueva denominación: “26.- Norma para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular”.
Esta norma planteó la construcción de vivienda de entre 20 y 30 salarios mínimos, y estableció tres zonificaciones: uno dentro del Circuito Interior, otro entre el Circuito Interior y el Anillo Periférico y el tercero en el área comprendida entre el Anillo Periférico y el límite del Distrito Federal y el límite de suelo urbano.
Esta zonificación era la base para autorizar proyectos de vivienda que pretendieran incrementar los niveles de construcción, y se establecían tres categorías de acuerdo al precio final de venta, cinco rangos conforme a la superficie de los predios, y cuatro criterios de sustentabilidad que las construcciones debían incorporar. Los precios de venta estipulados iban de los 20 hasta los 30 salarios mínimos.
La Norma 26 permitía el incremento de niveles de construcción en vivienda social, siempre que se cumplieran con criterios de sustentabilidad sobre ahorro de agua y energía. Ese era su único candado.
El 12 de octubre de 2012, la Norma 26 se suspendió por primera vez. El 19 de agosto de 2013 fue nuevamente suspendida y aunque la vigencia de la suspensión era hasta el 12 de diciembre de 2013, ésta se ha prorrogado en dos ocasiones: primero, al 13 de julio de 2014, y recientemente se amplió al 14 de diciembre entrante.
Al momento de suspender la Norma 26, la PAOT tenía 74 expedientes, tanto de denuncias como de investigaciones de oficio, sobre casos en los que se había aplicado de forma ilegal para la construcción de vivienda de interés social y/o popular en 11 de las 16 delegaciones. Kanahuati refirió que el número de expedientes que investiga la PAOT ha aumentado a 90, y siguen apareciendo nuevos casos.
La Norma General de Ordenación Número 30 plantea establecer estímulos y condiciones para producir vivienda para la población de bajos ingresos.
Plantea tres ejes para la generación de vivienda:
a) Producción social de vivienda: gestionada directamente por constructoras para población de bajos ingresos
b) A través de productores sociales: personas físicas o morales, familias, organizaciones sociales, cooperativas y asociaciones de vivienda o de producción de bienes y servicios, gremios profesionales o institutos de asistencia integral que realizan autogestiones para producir vivienda
c) Para población en situación de riesgo: para habitantes de viviendas en zonas de riesgo o que han sudo afectadas por desastres naturales
La Norma General de Ordenación Número 31 plantea incrementar la oferta de vivienda media para promover la densificación habitacional “incluyente y sustentable”.
Para ello propone integrar un Fideicomiso de Desarrollo Urbano que contribuya a financiar la vivienda de bajo costo y la infraestructura y equipamiento de la ciudad. El método para obtener recursos es a través del pago por rebasar las superficies máximas de construcciones establecidas en los programas delegaciones y parciales de desarrollo urbano. la norma plantea nuevos límites, definidos por lo que resulte de multiplicar el 80 por ciento de la superficie del terreno por el máximo de niveles indicados en la norma.
Por cada metro cuadrado adicional de superficie de construcción se adquieren derechos de desarrollo, es decir que se efectúa un pago al Fdeicomiso, que varía según la colonia donde esté la construcción.También se puede aumentar el número de viviendas, siempre que se haga el pago de derechos de desarrollo al Fideicomiso.
El 60 por ciento de los pagos de derechos de desarrollo son a apoyar la producción social de vivienda, estipulada en la Norma 30, y el 40 por ciento restante se usaría para mejoramiento urbano de las colonias donde estén los proyectos de vivienda.
