La iniciativa privada exigió a los gobernadores electos aclarar y sancionar las acusaciones que existan en contra de las administraciones salientes. Destacó que no se puede consentir que ningún servidor público del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección y reproducir la impunidad.
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los gobernadores electos aclarar y sancionar las acusaciones que existan en contra de las administraciones salientes. La iniciativa privada destacó que no se puede consentir que ningún servidor público del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección y reproducir la impunidad.
«Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia ciudadana y debemos de proceder como Estado mexicano», afirmó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE su comentario semanal.
La semana pasada, legisladores y un Gobernador electo pidieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también a los ciudadanos poner un alto a los gobernadores del tricolor que están por dejar el poder y que están tratando de blindarse por distintos medios.
El CCE añadió que el desarrollo económico, político y social de una nación depende de la capacidad del Estado y de la sociedad de generar, por una parte, incentivos y condiciones de certeza para el cumplimiento de los acuerdos, y por otra parte, consecuencias para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan sus obligaciones.
El presidente del CCE mencionó que esta semana se llevará a cabo el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, dispuesto y acordado específicamente para procesar las observaciones presidenciales relativas a las adiciones improcedentes que se hicieron en el artículo 32 de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De esta forma, dijo, se concluirá la fase de procesamiento legislativo para construir el Sistema Nacional Anticorrupción y se dará paso a un nuevo capítulo, de implementación y exigencia de cumplimiento, para que éste pueda consolidarse y rendir los resultados que esperamos los mexicanos.
«Esta es la ‘prueba de fuego’ de la Reforma Anticorrupción que se ha aprobado», precisó Castañón.
Agregó que, como toda reforma, es siempre perfectible, pero se ha logrado un paso en el sentido correcto.
“Necesitamos un Estado y una sociedad decididos a que efectivamente impere la ley, sin pretextos ni discrecionalidad. Esto significa que no puede justificarse ni permitirse el que se violenten los derechos de terceros, como arma de negociación política o con cualquier otro fin -legítimo o no- como hoy ocurre en relación con el conflicto magisterial en el sur del país”, indicó el líder empresarial.
El CCE señaló que el desafío de consolidar el Estado de derecho democrático en México es un camino en el que queda un muy largo trecho por recorrer, con grandes resistencias y obstáculos por superar.
“Tener las leyes y las instituciones idóneas para ello, es sólo el comienzo, el inicio; se requiere de voluntad política y social para hacer que funcionen, en consenso, para que rindan frutos”, expuso el organismo empresarial.
CORRAL LLAMA A DENUNCIAR A DUARTE
El miércoles pasado, Javier Corral Jurado, Gobernador electo de Chihuahua, lanzó una plataforma digital para que funcionarios y ciudadanos puedan denunciar de manera anónima irregularidades y presuntos actos de corrupción, luego de que se propagara el rumor de que la administración del priista César Duarte Jáquez destruyó documentos vinculados con estos delitos.
El Gobernador electo de Chihuahua detalló que las denuncias podrán realizarse en el sitio web Denuncia Chihuahua, que tiene un apartado para subir fotos, videos y documentos que evidencias irregularidades cometidas por servidores públicos del actual Gobierno estatal.
Mucho antes de ser candidato a la gubernatura de Chihuahua, Corral Jurado denunció al priista Duarte Jáquez por diversos delitos relacionados con corrupción, enriquecimiento ilícito y uso ilegal de recursos públicos, entre otros.
Un día después de su triunfo en las elecciones del pasado 5 de junio, el panista confirmó que uno de sus objetivos centrales será limpiar a la entidad de la corrupción.
En casi seis años de Gobierno, el priista César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda pública de Chihuahua, por motivos que aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos. Al recibir la gubernatura, los pasivos del estado sumaban 12 mil 547 millones de pesos, y de acuerdo con cifras oficiales de marzo de 2015 ahora son de 41 mil 926 millones.
Desde hace dos años existe ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia interpuesta por el activista Jaime García Chávez por el caso del banco Progresa Chihuahua. La misma denuncia se interpuso ante autoridades estatales, pero fue desechada, ante lo cual Corral Jurado afirma que se buscarán nuevos elementos para interponer una nueva querella.
Martha Angélica Tagle Martínez, Senadora independiente, dijo en entrevista para SinEmbargo que el PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto deben hacer un llamado al Gobernador Duarte Jáquez y a otros gobernadores, como Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, para detenerse en su intento de blindarse contra posibles demandas cuando en unos meses abandonen sus cargos.
CONGRESO DE VERACRUZ FRENA A JAVIER DUARTE
El pasado 30 de junio, el Congreso de Veracruz frenó la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción en la entidad, cargo en el que se preveía se ratificara a Francisco Portilla Bonilla. Lo anterior luego de la presiones sobre el presunto blindaje que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa pretendía con este nombramiento.
Se preveía que durante la novena sesión ordinaria del Congreso de Veracruz se sometería al pleno la designación de un Fiscal Anticorrupción, sin embargo en un primer momento el tema fue retirado del dictamen del día debido a que no alcanzó el consenso necesario entre los legisladores.
La propuesta fue frenada ya que no reunió los 34 votos a favor necesarios para ser subida al pleno. Incluso la mayoría priista del Congreso local dio un giro y decidió no respaldar la moción.
El Congreso veracruzano discutió la creación de una sala Especializada en materia de Anticorrupción, sin embargo, la discusión se volteó en críticas en contra de la propuesta que aseguran, es una Ley a modo para blindar al Gobernador Javier Duarte. Incluso, dentro del Recito Legislativo, diversas personas protestan con pancartas en las que lee: “#QueNoSeEscapeDuarte”.
Diversos legisladores de oposición subieron a la Tribuna y aseguraron que una Nueva Sala no es necesaria, ya que este trabajo lo puede llevar a cabo el Poder Judicial de la entidad e insistieron en que se trata de un intento por legislar a una Ley “a modo” para proteger a los funcionarios corruptos del Gobierno de Javier Duarte.
La Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Cristina Ledezma, consideró que “crear una sala especializada no implica una sola reforma, significa un nuevo atraco a las finanzas públicas del Estado”.
“Lamentablemente en este Congreso se siguen inventando magistrados. Ustedes están ocupando un Sistema Anticorrupción adecuándalo a su modo, para proteger a todos los funcionarios corruptos de este Gobierno”. Además, aseguró, el dictamen invade las facultades del Poder Judicial.
Hace unos días fue promulgada la reforma constitucional local en materia anticorrupción, con la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados.
La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal Anticorrupción, que durará cinco años en el cargo, y del Contralor General, mismo que serán designados por el Congreso veracruzano, controlado aún por el PRI y sus partidos satélites locales.
Ante ello, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo, exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier Duarte y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción.
Duarte de Ochoa pretende dejar también al Contralor General y extender el poder de Luis Ángel Bravo Contreras, actual Fiscal General de Estado, durante nueve años más.
Con los cambios constitucionales impulsados por Javier Duarte de Ochoa y con el control de los magistrados locales, quienes en mayo de este año determinaron que el Gobernador no interfirió en el proceso electoral ni desvió recursos públicos a favor del candidato del PRI, el mandatario dejaría una estructura que lo libraría de enfrentar cargos por corrupción.
EN QUINTANA ROO, BORGE TAMBIÉN SE BLINDA
En Quintana Roo, el Gobernador Roberto Borge Angulo se «blindó» ante la amenaza de Carlos Joaquín González, Gobernador electo, de iniciar una indagatoria sobre su gestión.
Borge Angulo impulsó –a través del Congreso de Quintana Roo– la elección de Javier Félix Zetina González, un priista cercano a él y a la administración anterior, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.
Además, Borge diseñó la creación de un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia y a tres magistrados del Tribunal Superior. El Constituyente Permanente de Quintana Roo, integrado por los 11 municipios del estado, validaron por mayoría la propuesta de Borge.
De acuerdo con el documento Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cinco más endeudados al término de 2015 son la capital del país, con 71 mil 083 millones de pesos; Veracruz, con 45 mil 879 mdp; Chihuahua, con pasivos por 42 mil 762 mdp; Quintana Roo, con una deuda de 22 mil 442 mdp, y Baja California, con pasivos que suman 18 mil 169 mdp, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que Quintana Roo ya tiene comprometido más del 87 por ciento de sus participaciones transferidas por la Federación y Veracruz el 85 por ciento; es decir, “ya tienen poco margen para endeudarse”.
La de Borge es una administraciones estatales más cuestionadas por parte de organizaciones sociales y activistas. Las difamaciones en contra de periodistas y legislaciones “a modo”, son algunas críticas que ha recibido en los poco más de cuatro años que lleva como Gobernador y que han colocado a su gestión como una de las más “represoras” en el país.
El 14 de septiembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, promovida por el Gobierno de Borge Angulo, por considerar que atenta contra el derecho a la información.
A principios de agosto de 2015, el Congreso de Quintana Roo aprobó la también llamada “Ley Borge”, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico. De acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.
En el artículo 3, fracción XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”.
Por ejemplo, la legislación deja a Pedro Canché Herrera y a Rubén Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el Gobierno de Borge.
La CNDH argumentó respecto al artículo 3 fracción XII, en la que se delimita la calidad de periodistas con la condición de que la actividad sea “permanente”, que este concepto deja “fuera a aquellos que ejerzan el periodismo de manera no permanente, lo cual adolece de razonabilidad al excluir a tales personas del reconocimiento como periodistas, aun cuando ejercitan la libertad de expresión”.
Con esta modificación a la legislación, sostuvo el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, se podría dar lugar a diversas violaciones de los derechos de las personas “al no otorgarles el reconocimiento de la protección a los periodistas, a quienes no encuadren perfectamente en el supuesto debido a la temporalidad con la que desempeñen su actividad”.
Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa, debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19.
–Con información de Shaila Rosagel y Dulce Olvera
