Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Entre 2011 y 2013 se cometieron al menos 409 agresiones contra defensores de derechos humanos en México, que incluyen hostigamientos, vigilancia, robos, secuestros, desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, torturas y asesinatos violentos, de acuerdo con el documento El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013.
El informe fue elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos (Red TDT), con base en su propio monitoreo sobre las agresiones a personas y colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos. Los datos recabados exponen que en tres años ocurrieron al menos 104 casos (que pueden involucrar más de una agresión), en contra de 115 defensores, 56 defensoras y 37 colectivos.
Los datos sistematizados por la Red TDT evidencian que durante 2011 (aún en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa) ocurrieron 40 de esos casos y en 2012, 33. Durante el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron 31 casos.
Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red TDT, dijo que si bien ha habido una continuidad en el número de agresiones ocurridas, así como una sistemática criminalización de los defensores de derechos humanos, lo que distingue a las acciones violentas perpetradas contra defensores en el gobierno actual es el tipo de agresiones y su intención de querer reprimir toda expresión de diferencia.
A decir de Raczynska se puede hablar de acciones de “mayor represión a la diferencia de opinión, la libertad de expresión a partir de la toma de protesta del Presidente Peña Nieto”.
Ello incluye la detención de líderes sociales, represión policial de manifestaciones sociales, hostigamientos e intervenciones telefónicas, como refirió este jueves durante la presentación del informe.
Desde 2008, la Red TDT, que agrupa a 74 organizaciones en todo el país, ha monitoreado las acciones que, considera, criminalizan la protesta social. Además, su secretaria ejecutiva explicó a SinEmbargo que actualmente lo que notan es también una criminalización de lo diferente.
“Hay una criminalización no sólo a la protesta sino a la diferencia, a la diferencia de ideas y por supuesto que eso impacta también en el derecho a defender los derechos humanos”, consideró.
Otra distinción que Raczynska observa en el gobierno actual es la avanzada de legislaciones locales para limitar la protesta social, como son los casos de Chiapas, Puebla, Distrito Federal y Quintana Roo.
“Y eso es de suma preocupación porque a través de la legislación se va coartando el derecho a defender los derechos humanos”, expreso.
MENSAJE DE IMPUNIDAD
Los datos recopilados por a Red TDT dan cuenta de 42 tipos de agresiones contra defensores de derechos humanos, de las cuales la más recurrente es la amenaza de muerte. En los años revisados, se registraron 55 casos de este tipo. Por número de incidentes, le siguen las amenazas (44), las agresiones físicas (38), las detenciones ilegales o arbitrarias (34), las intimidaciones (28) y las muertes violentas (27).
De los asesinatos, 24 están impunes, y de los tres donde se consignó a presuntos responsables, sólo ha habido un sentenciado: un menor de edad a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla presentó como uno de los cuatro responsables del homicidio de la activista poblana transgénero Agnes Torres Hernández, y quien fue sentenciado a tres años de reclusión en el Centro de Internamiento para Adolescentes, de acuerdo con el informe de la Red TDT.
El documento refiere que de las 409 agresiones documentadas, 207 se cometieron contra defensores, 111 contra defensoras y 91 afectaron a colectivos. Entre esos casos figuran como víctimas 23 organizaciones de la Red TDT.
“Es un mensaje claro de impunidad que se está dando”, dijo Raczynska a SinEmbargo respecto a la implicación para la sociedad que tienen las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos en México.
“Primero que nada, el gobierno mexicano tiene la obligación de ofrecer protección a toda la sociedad mexicana, pero en particular a los defensores y defensoras por el impacto que tiene el trabajo que estos realizan a favor de los derechos humanos de todos y de todas”, agregó.
El trabajo al que la directora de la Red TDT hace referencia es al de acompañamiento y apoyo directo con quienes son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos, como ella misma explicó. “Es una labor de defensa y acompañamiento que aporta en general al derecho que tenemos todos y todas de acceder a la justicia”.
RIESGO DE LA INVISIBILIZACIÓN
En una de cada cuatro de las agresiones documentadas por la Red TDT, el agresor no ha sido identificado, lo que significa que aun si fueron vistas en flagrancia, las víctimas no pudieron identificar su procedencia o su relación con una institución específica.
Pero en el 75 por ciento restante de casos, las estadísticas del informe refieren que en 51 acciones violentas quien las perpetró fueron policías estatales; en 31, policías municipales; en 21, el Ejército, y en 15, la Policía Federal.
Si los casos se revisan por tipo de agresión, es posible encontrar 24 actos de afectaciones al respeto y a la honra, 25 casos de hostigamiento, así como vigilancias, robos, allanamientos, violaciones a la libertad de expresión o a la protección judicial.
Para Raczynska es imperativo que el gobierno mexicano reconozca la labor que realizan los defensores, así como su aporte en la democratización del país. De otro modo, “se invisibiliza el costo de defender los derechos humanos en México”, dijo. “En México hay una sociedad civil muy activa pero una población que desconoce que hacen y para qué trabajan los defensores de derechos humanos. Eso genera un escenario poco amigable con quienes defienden y promueven los derechos humanos”, consideró.
“El mayor riesgo que corremos es la invisibilidad”, dijo Victor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con sede en Chiapas. López expuso que la invisibilización del trabajo de los defensores ocurre a nivel nacional, pero que en el caso de Chiapas el trabajo de los defensores, y en general de las luchas sociales, queda marginado frente a la extensiva campaña publicitaria que ha desplegado el gobierno estatal.
“Para nosotros hay todo un montaje que invisibiliza lo que está ocurriendo en realidad: las detenciones arbitrarias, el tema de la ley que pasó de un día para otro, el asunto de la persecución contra defensores, la represión contra estudiantes, campesinos, cómo se está cerrando el margen de diálogo”, dijo.
Agrega que otra implicación de intentar hacer pasar desapercibido su labor como defensores es deslegitimar su trabajo.
En el caso de la Casa del Migrante de Saltillo, su director, Alberto Xicoténcatl, acuso más que una invisibilización, la desprotección “planeada y consciente”, por parte del gobierno.
“Es una desprotección que busca por todos los medios posibles hacer lo menos posible para proteger y defender a los defensores de DH”, consideró.
Xiconténcatl planteó que desde 2009, el albergue para personas migrantes que dirige comenzó a recibir agresiones más intensas. Aunque desde entonces, y en más de una ocasión, han solicitado medidas cautelares, hasta la fecha no se han cumplido a cabalidad.
A esas denuncias se suma la de Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien se refirió al doble rasero de la justicia, que es deficiente en los casos donde los defensores de derechos humanos son víctimas, pero muy diligente cuando los imputa de algún delito.
“Para ellos el sistema de justicia no funciona, las averiguaciones no avanzan, hay complejidad en los asuntos, no dan con ningún responsable, no hay avances sustanciales; mientras que para los defensores comunitarios, para los líderes sociales, sí funciona eficazmente la justicia”, criticó.
MECANISMO DE PROTECCIÓN Y VOLUNTAD POLÍTICA
La Red TDT señaló que en el país son escasas las herramientas del Estado para dar respuesta a las exigencias de protección de los defensores de derechos humanos.
Aunque los defensores pueden acudir a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos y éstas pueden otorgar medidas cautelares, desde 2012 existe, al menos legalmente, una herramienta específica para ellos.
Se trata del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, creado bajo el cobijo institucional federal y que otorga medidas cautelares y de protección a defensores en riesgo. El Mecanismo es operado por la Secretaría de Gobernación.
Edgar Cortez, integrante del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, enumeró las fallas que este Mecanismo presentaba para marzo, cuando entró en una crisis institucional: un rezago de 88 de 130 casos que tenía, la alta rotación de personal, la falta de acceso a recursos económicos y la ausencia de medidas de protección adecuadas.
Cortez dijo que en este momento el Mecanismo se está rediseñando y ha adoptado una nueva metodología.
No obstante, habló de los retos que, en el corto plazo, tiene que encarar la herramienta del gobierno federal para los defensores de derechos humanos: atender y cerrar los casos de rezagos y no dar pie a que vuelva a existir; incrementar la diligencia y prontitud de respuesta; crear indicadores de resultado del Mecanismo; diseñar un catálogo de medidas e protección más amplias y efectivas, acorde con necesidades de los defensores; y discutir cómo generar coordinación entre el Mecanismo y otras medidas, como la resolución judicial de las investigaciones, trabajo que corresponde a las procuradurías de justicia.
Raczynska consideró que además de la implementación de medidas y políticas para la protección de los defensores, el Mecanismo debería, en primer lugar, generar medidas de prevención de las agresiones. Tal prevención debería partir del análisis de las situaciones de riesgo y del contexto estructural en que los defensores de derechos humanos realizan su trabajo, dijo.
“Es evidente que si hay una comunidad en resistencia, si hay una empresa en colusión en acuerdo con autoridades, impulsando un proyecto que no fue consultado, que no fue acordado y debidamente informado, eso va provocando una posibilidad de conflicto, que probablemente será acompañado por una organización de derechos humanos, que está trabajando en un ambiente de riesgo y vulnerabilidad y obviamente puede ser agredido”, ejemplificó.
La secretaria general de la Red TDT consideró que una medida de prevención sería que los gobernadores se pronunciaran públicamente a favor del trabajo positivo de los defensores, condenaran las agresiones en su contra y abrieran espacios de diálogo.
“Eso no se está dando, entonces yo creo que el Mecanismo podría ser un impulsor de este tipo de prácticas a nivel nacional”, dijo.
Sin embargo, para Alba Cruz, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha y quien desde hace siete años tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su trabajo con comunidades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el problema de fondo es respecto a la implementación del Mecanismo, y no con su diseño.
“Esa es la parte que falta: cómo la gente que está alrededor de esto entiende que se tienen que coordinar, que tienen que articularse y que tienen que tener voluntad para que funcione integralmente”, dijo.
