La única ayuda institucional a la que pueden optar es a una cuantía económica de mil 310 pesos (unos 60 dólares) mensuales, lo que resulta «claramente insuficiente para que puedan mantenerse», expresó el especialista.
México, 4 de junio (EFE).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) solicitó al Gobierno mexicano que aumente sus esfuerzos para proteger a las personas con discapacidad de situaciones de abuso ante la invisibilidad a la que son relegados, según detectaron en un informe publicado este jueves.
En el informe «Es mejor hacerte invisible: Violencia familiar contra personas con discapacidad en México», la organización no gubernamental documenta el abuso y la desatención que enfrentan muchas personas con discapacidad por parte de sus familias, junto a quienes tienen que vivir por falta de apoyos en lugar de poder llevar una vida independiente.
El documento de 71 páginas recoge testimonios de personas en esta situación de los estados de Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y Ciudad de México, además de conclusiones derivadas de estas declaraciones y de visitas a edificios gubernamentales, y también recomendaciones para revertir la situación actual de desprotección.
De acuerdo a lo explicado por Carlos Ríos Espinosa, investigador de Human Rights Watch, este jueves en videoconferencia, la violencia intrafamiliar es una de las mayores amenazas para las personas con discapacidad y en HRW recopilaron casos de violencia física, sexual y emocional de personas con diversos tipos de discapacidades.
Incluso, dijo, atestiguaron que algunas personas vivían, obligados por sus familiares, en cuartos habitualmente utilizados por animales y también supieron de casos en los que la violencia llegaba hasta el punto de que algunos perdieron la vida.
Estas situaciones son consecuencia de las escasas posibilidades que tienen para llevar una vida independiente y estar integrados en la sociedad debido a la escasa ayuda gubernamental.
La única ayuda institucional a la que pueden optar es a una cuantía económica de mil 310 pesos (unos 60 dólares) mensuales, lo que resulta «claramente insuficiente para que puedan mantenerse», expresó el especialista.
Las personas con discapacidad tampoco están incluidas como un apartado en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ni la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) tiene un capítulo dedicado a las mujeres con discapacidad.
«Lo que debemos plantear es política para que sean sujetos de derecho y lograr apoyos para que tengan una vida independiente y la posibilidad de contar con poder de decisión sobre que sea lo mejor para cada quien», sentenció Ríos Espinosa.
De acuerdo a la postura de HRW, los organismos públicos deberían formular un plan integral con un plazo definitivo para ampliar el apoyo y los servicios que favorezcan la vida dependiente de las personas con discapacidad.
Y esto solo se podrá conseguir a través de la generación de oportunidades de empleo, vivienda y transportes accesibles y asequibles.
«El Gobierno mexicano debe redoblar sus esfuerzos para incluir plenamente a las personas con discapacidad en su respuesta a la violencia familiar, sobre todo en un contexto en el que el COVID-19 amenaza con exponer a muchas más personas a un riesgo mayor», terminó Ríos Espinosa.
México suma al momento más de 100 mil casos de COVID-19 y 11 mil 729 muertos.
