Los magistrados del Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinaron que «hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
Además se estableció que, debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el Caso Iguala.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– El Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Lo anterior debido a que los magistrados determinaron “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
En un comunicado se informó que con unanimidad de votos, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, “informan que al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con el “Caso Ayotzinapa”, concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos, para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul”.
Se detalló que también estableció que hay graves violaciones a los derechos humanos en el caso, como la tortura, la desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
Esta comisión, detalla el documento, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos”.
LOS EFECTOS SICOLÓGICOS
El grito de los familiares de la tragedia de los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa en la búsqueda de justicia es bien conocido, pero hay otra dimensión que se escapa del ojo público: el desgaste que sufren por la “violencia burocrática”.
El impacto de esa otra violencia institucional centra el libro Procesos de la noche, de la escritora mexicana Diana del Ángel, que aporta una visión diferente de la tragedia de Ayotzinapa que conmocionó a México.
En Procesos de la noche, Del Ángel, quien participa en la Feria del Libro de Tijuana, recopila 22 crónicas sobre Julio César Mondragón.
Él fue uno de los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa que la noche del 26 septiembre de 2014 sufrieron en Iguala varios ataques perpetrados por policías corruptos y que desembocaron en la desaparición de 43 alumnos.
En uno de estos ataques, según los testimonios de supervivientes, Julio César salió corriendo, y esa fue la última vez que le vieron con vida.
El cuerpo del joven de 22 años fue encontrado la mañana siguiente en mitad de una calle de tierra, sin piel en el rostro y un solo ojo.
Una tragedia como esta “se extiende como si fuera una onda concéntrica hacia la familia, los acompañantes, los abogados… eso es lo que no se ve, el desgaste de lo cotidiano”, subraya la autora en una entrevista con Efe.
La escritora se acercó al caso del normalista en noviembre de 2014, gracias a una amiga suya que empezó a ejercer como asesora legal de la familia en unos momentos en los que circulaba la teoría de que sus asesinos se habían ensañado con él porque era líder de un grupo criminal antagónico.
“La familia de Julio tenía la necesidad de que fuera recordado de otras maneras. A partir de eso escribí la primera crónica y ya vinieron otras”, asevera.
Semanas después de que hallaran el cuerpo, estas personas sufrieron un nuevo golpe con la muerte del abuelo del estudiante.
“Era un hombre grande y tenía una enfermedad previa, pero se agravó y deterioró después de este proceso; a veces no somos tan conscientes de que una ejecución de esta naturaleza o una desaparición tiene estos impactos en la familia”, reflexiona Del Ángel.
Otro de los aspectos que la autora señala es la violencia burocrática que sufren los familiares de las víctimas. Esta se percibe, por ejemplo, cuando los seres queridos de Julio César solicitaron una segunda autopsia.
“Algo muy significativo en el caso de Julio era que no tenía rostro; por eso, hubo una insistencia muy fuerte de que se hiciera una prueba de identificación genética”, a pesar de que ellos ya habían reconocido las cicatrices y ciertas partes del cuerpo.
