Un segundo examen realizado a las plataformas de transparencia, realizado por México Infórmate y Artículo 19, arrojó resultados reprobatorios a pesar de todas las leyes aprobadas en el último año en materia. Para los realizadores del estudio, la evaluación refleja que a nivel institucional, el servicio de acceso a la información pública es poco ciudadano.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Una calificación nacional de 49.74 puntos a las plataformas de acceso a la información pública, provocó a especialistas en el tema, un desaliento y una preocupación sobre la garantía de cumplimiento y ejercicio de este derecho constitucional, para la ciudadanía y sobre todo, para la población más vulnerable.
El Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI) 2016, expuso que uno de los retos que muestran una mayor desventaja, es el de la promoción de este derecho, en el que los estados tuvieron una calificación de 35.15.
Alrededor de 27 entidades tuvieron una evaluación por debajo de 60 puntos, es decir, aprobatoria, y siete, estuvieron ubicadas entre los 10 y 30 puntos. El estudio recalcó que son escasos los proyectos de promoción destinados a la población en situación vulnerable, además de que el 25 por ciento de los órganos garantes no cuentan con un mecanismo de asistencia para que los ciudadanos realicen solicitudes de información.
Estos resultados no concuerdan con lo que ya está establecido en la Ley, ya que todos los organismos garantes de transparencia tienen la obligación de promocionar el derecho de acceso a la información según lo estipulado en cada ley local.
Ana Cristina Ruelas Serna, directora regional de Artículo 19, expuso que cuando se publicó el INOGDAI de 2014, uno de los comentarios que hubo por parte de los organismos fue que éstos no estaban obligados a cumplir con lo que se les estaba evaluando.
“Eso se contempló (en el INOGDAI 2016), pero los resultados son ahora más preocupantes. Pensaron que la mala calificación era resultado de que no se tenía la facultad de hacerlo, pero ya no hay una sola evaluación que no esté vinculada a una facultad legal. Así, una calificación de 49.74 de promedio nacional, implica el incumplimiento a su legislación y la falta de cumplimiento de los organismos garantes a la propia Ley”, explicó.
La especialista agregó que, a estas alturas, la transparencia debe ser un valor y no una obligación para los órganos garantes.
El INOGDAI arrojó como promedio nacional, resultado de la evaluación de cuatro variables seleccionadas, una calificación de 49.74 puntos. Los mejores calificados fueron Campeche, Durango, Ciudad de México, Tlaxcala, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.
Del otro lado, 17 estados se mantuvieron por debajo de la media: Chiapas, Querétaro, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guerrero.
En Transparencia y Rendición de cuentas, existe una gran diferencia entre el primer y último lugar; Campeche tuvo una calificación de 98.7 por ciento, mientras que Guerrero 3.46 puntos.
Para los realizadores de la investigación, los resultados muestran una seria regresión y una tendencia lejana a mejorar las prácticas existentes.
Los números son contratantes, ya que mientras por un lado se avanzó en el nivel de transparencia y rendición de cuentas, la promoción de este derecho disminuyó en comparación con la misma evaluación realizada en 2014.
A nivel nacional, destacaron los casos de Nuevo León, Guerrero y Puebla, quienes cayeron 23 y 17 posiciones respectivamente, en comparación con el INOGDAI 2014. Hidalgo bajó 12 posiciones y Sonora se restó 10 puntos.
“Nos encontramos con un desaliento porque vemos que no hemos mejorado, que a pesar de una Ley General de Transparencia, de una reforma constitucional de avanzada, nos encontramos con un índice que muestra una caída de casi cuatro puntos, lo que indica que aún falta mucho por hacer para que los organismos de transparencia alcancen el espíritu de la reforma constitucional […] Hoy por hoy todavía son pocos los mexicanos y mexicanas que pueden ejercer ese derecho”, sostuvo Ruelas Serna.
LOS CAMPESINOS NO
Para Ricardo Lúevano, encargado del área de Derecho a la Información de Artículo 19, los organismos no sólo tienen la obligación no solo de proteger los derechos, sino también de promocionarlos. Eso, señaló, sostiene la idea de que se intenta sólo fortalecer la administración pública y no un derecho constitucional.
Durante la presentación del informe, Óscar Guerra Ford, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), dijo que ese derecho se debía entender como un derecho elitista, “sólo lo utilizan unos sectores de la población, el problema es que no hemos involucrado a otros sectores […] Yo tengo una discusión […] digo ‘tú quieres que los campesinos hagan solicitudes de información y los campesinos no van a hacer solicitudes de información, para eso están los medios de comunicación , etcétera, para reproducirlas’, pero sí tienes que dar la posibilidad. Es un asunto complicado, cuesta más recursos”.
Por su parte, Luévano calificó esa premisa como mentira, y platicó de cómo integrantes de pueblos originarios han aprendido a realizar solicitudes de información para el bloqueo de mega proyectos en sus comunidades.
“Hay una brecha. Tener que entrar a Internet les impide ese derecho. No es que no sean curiosos o que no quieran saber, es tremenda la distancia que hay, por lo que es importante saber porqué no promocionan y en esa parte, el ejercicio del gasto es importante conocerlo”, dijo.
En un análisis presupuestal, el INOGDAI encontró que Puebla, Chiapas y Michoacán, destinan per cápita 3 pesos al acceso a la información. Los mejores evaluados en ese rango, Quintana Roo y Campeche, asignan 18 pesos.
“Es lamentable el inicio de la Ley de Transparencia, el problema es que como un derecho humano tal cual, no tendría que haber diferencias por el lugar en el que naces, debe haber un piso mínimo de derechos y de garantías. El Índice lo que ha expresado es que por cada Estado hay diferencias que no están vinculadas a su presupuesto, sino a una serie de paradigmas dentro de la institución”, agregó Luévano.
De acuerdo con el estudio realizado por estas dos organizaciones, el 75 por ciento de los organismos estatales no tienen presupuesto para la promoción de este derecho.
