Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– Deficiencias en la infraestructura y en las condiciones en que se mantiene a los migrantes detenidos, fallas en el debido proceso, carencias en la atención médica que reciben, falta de información por parte de las autoridades respecto a su situación migratoria y afectaciones psicológicas causadas por el encierro son algunos de los problemas que la organización Sin Fronteras detectó en las estaciones migratorias del Distrito Federal y Oaxaca, así como en tres estancias provisionales.
Desde 2005, Sin Fronteras ha publicado periódicamente informes sobre el estado en que se encuentran distintas estaciones migratorias de las 32 que existen en el país; pero por primera vez incluyó en su diagnóstico La ruta del encierro. Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias provisionales la situación de algunas estancias provisionales, que son también centros de detención de migrantes, operados por el Instituto Nacional de Migración (INM), pero en donde su estadía es máximo de 48 horas, para las estancias tipo A, y de siete días para las tipo B.
La organización encontró que en esos espacios «las condiciones materiales son mucho peores [que en las estaciones migratorias]», dijo a SinEmbargo la abogada Mónica Oehler, encargada del estudio. Entre las deficiencias que encontraron en esos centros de detención, destacaron el uso de rejas y barrotes que dificultan la iluminación natural y la ventilación, la falta de agua en la estancia de San Pedro Tapanatepec (que generaba mal olor de los sanitarios y el riesgo de infecciones, e impedía que los migrantes pudieran bañarse), las limitaciones en los alimentos y la insuficiencia de espacio (que generaba ansiedad e irritabilidad a los migrantes).
El director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz Rendón, consideró que por sí mismas las condiciones físicas en las que se encuentran las estancias provisionales son degradantes y ajenas a los estándares internacionales sobre la detención.
«Me parece que sí hay indicios de tratos crueles, inhumanos y degradantes solamente en el hecho de tenerlos en esas condiciones de detención. En ese sentido hay estándares en la detención de las personas que no se están cumpliendo en este caso», explicó.
INM RESPETA DERECHOS HUMANOS
Pero además de los problemas materiales, Sin Fronteras detectó que los agentes del INM trasladan a los migrantes entre las estancias provisionales, en la ruta San Pedro Tapanatepec- La Ventosa-Salina Cruz, hasta llegar a la estación migratoria de Oaxaca, al parecer para cumplir con la estancia máxima de siete días en cada lugar. Esto significaría que los migrantes permanecen, en total, 21 días tan sólo en las estancias provisionales, antes de ser recluidos en la estación migratoria, lo cual contraviene lo estipulado en la Ley de Migración respecto a que el tiempo máximo de detención es de 15 días hábiles (excepto cuando un migrante interpone un recurso judicial o administrativo, en cuyo caso la detención se puede prolongar por tiempo indefinido).
En respuesta, la directora de Comunicación Social del organismo, Aurora Vega, dijo a SinEmbargo que no podía brindar una postura oficial, pero comentó que el INM era respetuoso del trabajo de las organizaciones no gubernamentales y aseguró que el instituto lleva una política apegada a los derechos humanos.
«Nosotros, a partir de 2013, llevamos una política de aplicación irrestricta a los derechos humanos en las estaciones migratorias. Hay cosas que tenemos que, por supuesto, mejorar, todo el trabajo puede mejorarse, y estamos encaminados hacia ello», dijo en entrevista vía telefónica.
Cuestionada sobre los señalamientos que hace Sin Fronteras, sobre las deficientes condiciones materiales y faltas en el trato a los migrantes detenidos, la vocera del INM consideró que el diagnóstico no era representativo.
«Según tengo entendido son 200, alrededor de 150 entrevistas, y bueno si usted compara los extranjeros que de alguna manera son alojados en las estaciones migratorias, pues en realidad no es una cantidad representativa. Sin embargo, como le vuelvo a repetir, somos muy respetuosos del trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Pero bueno, pues es una opinión que tiene la organización. Yo le estoy dando la parte que tiene que ver con el Instituto», dijo.
Al insistírsele que no se trataba de una opinión de la organización, sino de señalamientos basados en testimonios de migrantes detenidos, contestó lo siguiente: «Lo que yo le estoy dando como postura es justo la del Instituto, de lo que nosotros apoyamos y le damos permanentemente a los migrantes. Yo no puedo entrar en conflicto de por qué ellos siguen denunciando, habría que preguntarles a ellos y por supuesto es una inconformidad de ellos y a lo mejor puede ser de manera permanente».
El informe de Sin Fronteras incluye 13 recomendaciones al INM, entre ellas que se garantice a los migrantes el derecho a la información sobre su proceso migratorio, mejorar los mecanismos de comunicación externa de las estaciones migratorias, y celebrar convenios con defensores de oficio y organizaciones civiles para que los migrantes puedan acceder a la justicia. Vega dijo que aún no conocía el informe y que por lo tanto no estaba en posibilidad de dar una respuesta sobre si atenderían tales recomendaciones.
PROBLEMA EN ESTANCIAS
El informe de Sin Fronteras destacó también que en las tres estancias provisionales los migrantes detenidos refirieron que no tenían posibilidad de recibir visitas, y en San Pedro Tapanatepec sólo 11.8 por ciento tuvo facilidad para recibir llamadas telefónicas (aunque en ninguna de las estancias provisionales visitadas este derecho se cumplió al 100 por ciento).
El interés de Sin Fronteras por incluir esta vez a las estancias provisionales en su diagnóstico partió de la duda por saber cómo se encontraban esos espacios, que la Ley de Migración establece como parte de los sitios donde los migrantes en una situación irregular pueden ser detenidos, explica Oehler.
«Creemos que en estas estancias es donde se puede violar más derechos», expuso. «En estos espacios chiquitos nadie está viendo lo que está pasando, entonces sí habría que tener mucho más cuidado».
La Ley también estipula que el INM podrá habilitar otros espacios si así lo requiere, y por ello es que Sin Fronteras también indagó acerca de los sitios habilitados para confinar migrantes.
Con base en una solicitud de información, la organización encontró que durante 2013 el INM habilitó 120 estancias provisionales en 14 estados del país, donde mantuvo a 835 migrantes en periodos que fueron desde un día y hasta cinco meses. Sin embargo, en la información proporcionada por el INM no se detalló qué tipo de lugares eran esos espacios habilitados para albergar a los migrantes detenidos, por lo que se desconoce si éstos fueron adecuados o no.
No obstante, tanto Oehler como Quiroz consideran que es una duda razonable suponer que las deficiencias y fallas que Sin Fronteras ha documentado en las estaciones migratorias se puedan replicar, y con mayor gravedad, en las estancias provisionales y en los espacios acondicionados por el INM para retener a los migrantes.
«Esa es la gran pregunta: ¿cómo están estos espacios que han escapado al monitoreo de las organizaciones y donde todo está muy oscuro, muy sin transparencia, muy opaco. Entonces cabe la duda razonable de si en los espacios donde hay monitoreo constante tenemos condiciones bastante degradantes, ahora imagínate cómo estarán aquellos espacios donde hay mucha opacidad», consideró Quiroz.
El director de Amnistía Internacional agregó que más allá de la situación de las estaciones migratorias, el problema de fondo que debe atenderse es cambiar radicalmente el enfoque al tema migratorio.
«La detención debe ser la excepción y no la regla, ahí está el punto central. Cuando tienes una política de detención en lugar de una politica que de verdad tenga como eje central la dignidad humana y los derechos humanos de las personas migrantes tienes este tipo de casos y se van a seguir reproduciendo», concluyó Quiroz.
PREVALECEN LAS FALLAS
Desde hace casi una década, Sin Fronteras ha publicado periódicamente informes en los que da cuenta de las condiciones en que se encuentran las estaciones migratorias del país. Oehler dice que a lo largo de los años sus diagnósticos han cambiado, pues al principio las quejas de los migrantes detenidos en las estaciones migratorias eran relativas a las cuestiones materiales. Cuando en 2010 comenzó a haber mejoras en la infraestructura, las quejas de los migrantes empezaron a ser más respecto al trato que recibían en los centros de detención. Desde entonces la situación no ha tenido cambios significativos, dice.
De acuerdo con el informe La ruta del encierro, en las estaciones migratorias del Distrito Federal y Oaxaca, así como en las tres estancias provisionales evaluadas, persisten fallas al debido proceso de los migrantes, como la falta de información, la carencia de traductores e intérpretes para aquéllos cuya lengua materna no es el español, y la falta de asistencia consular y representación legal de los migrantes.
Para elaborar el informe, la organización realizó cuestionarios a 147 migrantes que se encontraban recluidos en dichos centros de detención, además de llevar a cabo pláticas sobre sus derechos a un total de 228 migrantes detenidos.
Con base en la información proporcionada por los migrantes detenidos, Sin Fronteras detectó anomalías como que poco más del 60 por ciento de los entrevistados no estuvo acompañado por un representante legal al momento de declarar.
«La falta de un representante legal se traduce en disminuir considerablemente las posibilidades de éxito en el caso y, de la misma manera, aumenta la incertidumbre y la falta de información sobre el procedimiento administrativo migratorio», señala el documento.
El informe muestra que casi el 60 por ciento no conocía el procedimiento para solicitar la condición de refugiado, un porcentaje similar no sabía sobre el retorno asistido y más del 70 por ciento no sabía sobre interponer una queja.
El documento también destaca la falta de traductores e intérpretes para personas cuya lengua materna no es el español, así como la actuación de los consulados, cuyo trabajo se suele limitar a identificar a sus connacionales, pero no les brindan la asistencia necesaria ni la protección consular.
Durante 2013, el INM detuvo a 86 mil 929 migrantes, de los cuales 9 mil 893 eran menores de edad. La Ley de Migración señala que el INM debe canalizar a los menores de edad de forma inmediata al DIF mientras se resuelve su situación migratoria, y si de manera excepcional son alojados en estaciones migratorias, se les deberá asignar un lugar adecuado.
Sin embargo, Sin Fronteras encontró que persisten obstáculos, ya que no hay una reglamentación clara para el DIF en la atención a la población migrante menor de edad. Además, en estados como Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, las autoridades migratorias señalaron haber intentado sin éxito trasladar a los niños y adolescentes, ante la falta de capacidad del DIF. En Hidalgo, los mayores de 13 años no son aceptados por su edad y en Chiapas se acepta sólo a menores de 12 años. En el Distrito Federal, las canalizaciones están en función del espacio disponible en el DIF.
Además, hubo 23 personas que dijeron que en las estaciones migratorias había cuartos de castigo, que no son celdas habilitadas específicamente para castigar a los migrantes, sino espacios aislados donde confinan a migrantes como forma de amedrentarlos, aclara Oehler.
