En las últimas semanas el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario General de la Defensa Nacional, ha hablado de más. Al menos para la tradición militar, que está institucionalizada, disciplinada y sometida a su Comandante Supremo, en este caso el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Primero y en un acto inédito en los tiempos modernos, pidió disculpas a nombre del Ejército por la tortura a la que fue sometida una mujer –criminal, por cierto- por parte de elementos de las Fuerzas Armadas que él encabeza. Suponiéndose duro, intolerable a la tortura (Ajá), reacio a la corrupción, y ejerciendo su mando, declaró: “Son estos sucesos repugnantes, que aunque aislados, dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio, que dignamente hemos ganado en más de cien años de lealtad […] actos muy alejados de los principios y valores que se nos inculcan permanentemente, desde nuestro ingreso a las fuerzas armadas…”.

“Desde este campo militar y en relación a los reprobables actos a los que me he referido y que hoy nos congregan, en nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible acto”. Lo dijo ante sus tropas en el Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México.

Hace unos días, el General otra vez –insisto, para los parámetros institucionales militares a los que estamos acostumbrados- habló de más.

La disculpa del Ejército, si bien en muy pocos casos causó un buen trago e imagen, en muchos fue todo lo contrario. Fue una aceptación tácita de las prácticas de tortura y excesos que han caracterizado al Ejército Mexicano desde, bueno, muchos, muchos años, no solo de 1968 a la fecha. Además que la acción en ese caso específico, evidenció los abusos en el sistema de procuración de justicia, y vulneró la probabilidad de encarcelar a una mujer, que ciudadanos michoacanos acusan de criminal.

En ese contexto de la confirmación de abusos por parte de militares, de una dudosa participación en hechos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa,  y justo cuando el General de Brigada Jesús Moreno Aviña ha sido condenado a 52 años y seis meses de prisión por ejecuciones, allanamientos, secuestros y tráfico de droga, al General Salvador Cienfuegos se le soltó la lengua otra vez.

Hace unos días, en un acto oficial de izamiento de la bandera, luego de quejarse de lo que considera “un exceso” de críticas hacia la actuación del Ejército Mexicano, se rehusó a que él y sus tropas abandones las calles de México, justificó ante medios de comunicación: “Mientras no estén las corporaciones de policía capacitadas y adiestradas para poder enfrentar estos delitos, tendremos que estar en las calles”.

Algo extraño considerando que la política de utilizar al Ejército Mexicano para el combate a las drogas y a los cárteles, fue la estrategia de Felipe Calderón Hinojosa durante todo su sexenio, y que cuando el Presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión, lo primero que hizo fue retirar al Ejército de las calles, regresarlo a los cuarteles.

Peña pasó de la guerra contra las drogas, a la estrategia –hoy evidentemente fallida- de un “México en Paz”. Retiró retenes militares que aseguraban cargamentos de droga, dio instrucción a Generales en Guarniciones, Zonas y Regiones, de no hacer declaraciones ni coordinar operativos de persecución de narcotraficantes, les instruyó a solo coadyuvar con los aseguramientos estableciendo perímetros de seguridad, y de hecho, que entregaran todo lo confiscado a la Procuraduría General de la República (PGR) para su resguardo en delegaciones federales y no en bodegas militares.

Enrique Peña Nieto, pues, sacó al Ejército de las calles, al mismo Ejército que ahora dice el General Cienfuegos, que no dejará las calles hasta que las Policías civiles no estén capacitadas y adiestradas, expresión que no es casual, pues con esa premisa fue que Calderón instruyó al Ejército a perseguir al narcotráfico, precisamente por la corrupción que imperaba –impera- en las corporaciones policíacas municipales, estatales y federales.

Así pues, o el General está contradiciendo al Presidente, o Peña ya cambió de opinión. Cosa rara, considerando que en estos momentos, en el Senado de la República, hay una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, precisamente para otorgarle facultades al Presidente para, previo a una declaratoria de seguridad, faculte al Ejército o a la Marina, o a los dos, a coadyuvar con las autoridades civiles en la persecución del crimen, la delincuencia organizada y el narcotráfico, cuando la situación haya rebasado a las autoridades locales.

En estos momentos el Ejército, el mismo que Cienfuegos dice que no regresará a las cuarteles, no tiene facultades para actuar con las corporaciones civiles. La reforma, de aprobarse, definirá los términos en los que las Fuerzas Armadas participarán en el combate a la inseguridad, en qué, por cuánto tiempo y con cuáles facultades.

Entonces, o el General habla de más, o Peña nos oculta a los mexicanos un cambio de estrategia en el combate a la criminalidad y el narcotráfico que a estas alturas del sexenio parece incontenible en números y en violencia.

Adela Navarro Bello

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