En una votación definitiva, prevista aproximadamente para septiembre, el Senado juzgará a la mandataria. Para que sea destituida se necesitan 54 votos a favor, el equivalente a las dos terceras partes del cuerpo.
Brasilia, 4 may (dpa) – El relator de la comisión especial del Senado brasileño que analiza la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff recomendó hoy que la mandataria sea enjuiciada.
El Senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal opositor del Gobierno, dijo que la denuncia contra Rousseff presenta «todos los requisitos formales exigidos por la legislación vigente, especialmente por la Constitución Federal, para ser acogido».
La política del Partido de los Trabajadores (PT) está acusada de haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal al practicar maniobras contables que permitieron maquillar la verdadera situación de las cuentas públicas estatales.
También se la acusa de haber habilitado por decreto la apertura de líneas de crédito extraordinarias, sin autorización del Congreso.
Anastasia rechazó las acusaciones del Gobierno de que el juicio político configura un golpe de Estado.
«Por el contrario, el ‘impeachment’ es justamente un mecanismo constitucional que previene rupturas institucionales», afirmó el legislador.
Y agregó: «Nunca vi un golpe con derecho a amplia defensa (…) con reuniones (del Congreso) a las claras, transmitidas en vivo, con derecho a pronunciarse a miembros (del Parlamento) de todos los matices políticos, y con un procedimiento dictado por la Constitución y por la Corte Suprema».
El fallo del relator será analizado el viernes por la comisión, que dará un dictamen favorable o contrario al mismo y luego será sometido a votación en el plenario de la Cámara Alta, lo que está previsto para el 11 de mayo.
En esa instancia se necesita un mínimo de 41 votos, en un total de 81 legisladores, para que el juicio contra Rousseff sea abierto.
Si eso sucede, lo que es altamente probable en base a sondeos que realizan medios locales, la presidenta será alejada del cargo por un periodo máximo de 180 días, durante los cuales asumirá el Gobierno el vicepresidente de la República, Michel Temer.
En una votación definitiva, prevista aproximadamente para septiembre, el Senado juzgará a la mandataria. Para que sea destituida se necesitan 54 votos a favor, el equivalente a las dos terceras partes del cuerpo.
