¿Cuál es el futuro de un país en el que el 57 por ciento de la Población Económicamente Activa labora en el mercado informal? Una mayor miseria, responden especialistas. Este es hoy el caso de México, y diversos estudios sostienen que sólo se podrá combatir la pobreza –que se expande ya al 53 por ciento de la población– a través de una política de generación de empleos bien pagados. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alertado con insistencia sobre el peligro que conlleva la incapacidad de los gobiernos mexicanos para generar empleos suficientes y de calidad, ya que el no hacerlo refuerza la cadena de pobreza y marginalidad que orilla a buscar en la informalidad el empleo que el Estado no puede garantizar.
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Aunque la reducción del trabajo informal ha sido uno de los objetivos principales de los gobiernos de México, la realidad es que pocos avances han logrado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expuso que en 2015 el 57 por ciento de los trabajadores mexicanos –cerca de 30 millones de personas catalogadas dentro de la Población Económicamente Activa (PEA)– se empleó en la economía informal, ese modo de empleo que excluye a los trabajadores de la estructura del desarrollo social.
Factores como la pobreza, la evolución limitada del sector industrial y las crisis económicas provocan que en los países aumenten las cifras relacionadas con el trabajo informal, una figura que para los gobiernos es un problema a erradicar, pero a pesar de lo que se diga en campañas y discursos, es una alternativa a la que las personas recurren para contrarrestar un modelo económico que no genera la cantidad de empleos que se requieren año con año.
Un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resaltó un factor poco tomado en cuenta, que es el estado de ánimo de las personas de América Latina, sobre todo jóvenes, que no logran conseguir un empleo formal y que se ven forzados a optar por un empleo en el que son más comunes los bajos salarios, la inestabilidad laboral, precarias condiciones de trabajo, carencia de coberturas asociadas a la seguridad social y ausencia de representación y diálogo social.
La OIT ubica a los trabajadores informales como un grupo vulnerable y con severas limitaciones para el desarrollo personal y familiar. Añade que los efectos de la economía informal se perpetúan a lo largo de la vida laboral, por lo que su situación económica tanto actual como futura es incierta. Sus ingresos son variables, labora jornadas extensas y no tiene acceso a seguridad social; si se enferma o sufre un accidente, tendrá dificultades en el acceso a atención médica u otras prestaciones. Tampoco puede aspirar a una pensión al llegar a la vejez.
En América Latina hay alrededor de 130 millones de personas sin derechos laborales, de acuerdo con la OIT y en México son 30 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En los últimos tres años la tendencia de que más de la mitad de los mexicanos trabajen en la informalidad se ha mantenido. De 2012 a 2015 la tasa de informalidad ha estado entre el 60 y 58 por ciento de la población ocupada. En febrero de 2016 se ubicó en el 57.7 por ciento.
Un individuo es parte de este fenómeno de la informalidad si trabaja por cuenta propia, en unidades económicas sin registros contables que no pagan impuestos o en el servicio doméstico.
«La mayoría de los empleos que se generan son informales; es decir: sin derechos laborales, sin futuro, sin estabilidad, lo que impide generar antigüedad e imposibilita el beneficio de la jubilación y la pensión», aseguró el doctor Luis Lozano Arredondo, del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En México, al cierre de 2014, las mayores tasas de empleo informal se encontraron entre las mujeres (47.7 por ciento frente al 44.5 por ciento de hombres), jóvenes de entre 16 y 22 años, con 7 ó 9 años de escolaridad, y principalmente en la construcción y los restaurantes, de acuerdo con el documento «Informalidad y segmentación en el mercado laboral mexicano» del Banco de México (Banxico).
Esta investigación del banco central también afirma que aunque hay mexicanos en la informalidad por voluntad [principalmente por los ingresos] entre el 10 y 20 por ciento de los trabajadores informales preferirían tener un empleo formal.
Sin embargo, más de la mitad de los jóvenes asalariados informales persistieron en la informalidad al año siguiente, expone un estudio de la OIT. La probabilidad de transitar a la formalidad es del 10 por ciento y el paso de la informalidad a la inactividad es, en promedio, de 20 por ciento.
LOS EFECTOS DE LA INFORMALIDAD
Diversas investigaciones sostienen que la manera en que se combate la pobreza es a través de políticas de generación de empleo de calidad, o como lo llama la OIT: “trabajo decente”. De acuerdo con los analistas entrevistados, de poco sirve que los nuevos empleos sean sin las prestaciones básicas que estipula la Ley y con un salario mínimo de 73.04 pesos, en un país donde hay 55.3 millones de pobres.
Estas condiciones generarán un país con una juventud sumida en la pobreza y con una población de adultos mayores que tendrán que trabajar durante toda su vida, al no tener asegurada una pensión para la vejez.
Para el doctor Irving Rosales Arredondo, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, además de que México no genera empleos suficientes año con año, cada vez hay una mayor proporción de trabajadores que laboran y ganan poco dinero.
“Las características del empleo que se crea no son las óptimas. No son empleos que le permitan a los trabajadores obtener ingresos suficientes”, destacó.
En el último año, 800 mil personas se sumaron a la cifra de quienes trabajan menos de 35 horas a la semana, mientras que 983 mil personas trabajan 35 horas o más. Entre quienes perciben entre cero y tres salarios mínimos se agregaron 818 mil personas y los que tienen ingresos superiores a tres salarios mínimos se redujeron en 773 mil personas, según datos del CAM.
“Si es gente que gana salarios muy bajos, la probabilidad de que caigan por debajo de la línea de pobreza aumenta muchísimo y todo eso genera un círculo vicioso, porque la parte de los trabajadores del sector informal es grande y los sueldos que se pagan ahí suelen ser muy bajos, entonces el tener pocos ingresos no permite adquirir bienes y servicios. Que la gente no tenga dinero para comprar bienes, disminuyen la producción de las empresas, así como la contratación de personal. No hay una movilidad de la producción”, agregó Rosales Arredondo.
El sector poblacional que acapara las cifras de pobreza es el de los jóvenes, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que calcula que 21.4 millones de los menores de 18 años viven con una o más carencias de servicios y derechos básicos. Esa población es la nueva fuerza laboral de México.
Como lo ha señalado la OIT, las tasas de desempleo juvenil son de dos a cuatro veces superiores a las de los adultos; hay una desilusión por no encontrar empleo y cuando logran encontrar uno, en la informalidad, con las condiciones laborales que ofrece de poca protección y pocos derechos, es una opción fuerte.
Entre los jóvenes, la tasa de informalidad se ubica por arriba del 55 por ciento, a pesar de que se tiene a la generación más educada. A decir de la OIT, esto tiene repercusiones sociales, económicas y políticas, ya que se puede traducir en situaciones de cuestionamiento del sistema, inestabilidad y marginalización que pueden afectar la gobernabilidad.
“La proporción de desempleados que ha crecido en los últimos 10 años es la de personas que tienen estudios de media superior y superior. Es gente que termina la preparatoria, universidad y posgrados. En este sector hay tanto jóvenes como gente adulta con experiencia”, comentó Rosales. El especialista ve entre las causas una generación de empleos que no absorbe a los jóvenes que salen de preparatorias y universidades, lo que genera gente sin experiencia y jóvenes dispuestos a no ganar salarios altos.
LOS PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN
El principal programa en materia de empleo, de la administración de Enrique Peña Nieto, ha sido uno de formalización. Arrancó el 22 de julio de 2013 y tiene como objetivo “facilitar el tránsito de los empleos informales a un esquema de formalidad, creando trabajos dignos y socialmente útiles”. Para los jóvenes, el único programa que existe, es Jóvenes Emprendedores.
Las conclusiones de la OIT sobre cómo se combate la informalidad orientan hacia una estrategia que lleve a los trabajadores y empresarios informales a canales de protección y apoyo, al tiempo que mantengan las potencialidades dinámicas existentes.
Se debe priorizar en la reducción de las deficiencias del trabajo en la economía informal y que las personas ubicadas ahí sean reconocidas por la legislación y tengan derechos. Después, el Estado asegurará que en el corto y mediano plazo las personas que buscan trabajo podrán entrar a la economía formal con derechos de un trabajo “protegido y decente”.
Para la doctora Carmen Bueno, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, la economía informal se ha estigmatizado negativamente, cuando está resolviendo un problema social de grandes magnitudes y es una reacción de los excluidos del sistema formal.
“Por no estar regulado tiene el problema entre la informalidad y lo ilícito, aunque no es algo generalizado. Es la opción que hay porque la generación de empleo bajo el esquema neoliberal cada vez restringe más el empleo formal. Es un tema estructural, que ante la incapacidad de generar empleos formales, tiene que haber una activación de estas actividades, porque si no, ¿cómo sobrevives?”, comentó en entrevista.
MENOR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
La informalidad se desenvuelve al margen de los sistemas contributivos, con menor recaudación de impuestos y aportaciones a los esquemas de previsión social, lo que debilita las finanzas públicas y los sistemas de seguridad social y pensiones, reconoce la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha propuesto que el financiamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se base principalmente en impuestos a toda la población para equilibrar la caída en los ingresos petroleros ante la crisis internacional del sector petrolero que ha llevado a la mezcla mexicana a un precio promedio de 26 dólares por barril.
Durante el primer bimestre de 2016, México recibió más por impuestos que por el petróleo. Los ingresos tributarios ascendieron a 439.9 mil millones de pesos, en comparación con los ingresos petroleros que se ubicaron en 121.9 mil millones de pesos.
No obstante, la necesidad de una mayor recaudación tributaria obliga a reducir el número de mexicanos que laboran en el sector informal.
“Si se avanza en la reforma integral de Hacienda y de la Seguridad Social –de manera que se elimine la informalidad en los mercados laborales y en el sector productivo– se aumenta la base para la recaudación del ISR y el IVA, y el gasto puede dirigirse hacia el financiamiento sostenible de un sistema de seguridad social universal que funcione correctamente. Es entonces que se asegurará un desempeño de la economía mexicana más sólido, tanto en el corto como en el largo plazos”, aseguró el CEEY.
Para ello, afirmó el investigador de este Centro, Marcelo de la Jara, se debe generar una reforma integral de mercados laborales y recaudación de impuestos, ya que si bien es necesaria cuanto antes una Reforma Fiscal y Hacendaria “muy profunda” para reducir al mínimo la dependencia a los ingresos petroleros, “el impedimento” es el nivel de informalidad que hay en el país.
