El Congreso tiene hasta el 30 de abril, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para expedir una Ley que regule la publicidad oficial. El fallo se dio en noviembre pasado y, un mes después, las organizaciones civiles solicitaban a los legisladores un plan de trabajo. Pero no lo hubo.
A menos de un mes de que se cumpla el plazo, legisladores priistas, del Verde y de Nueva Alianza apuran la Ley porque «ya no hay tiempo». La legislación que promueven es, de acuerdo con el análisis de expertos en materia, algo que lejos de modificar los estatutos que generaron una mala relación entre poder y los medios, los institucionaliza y, además, se coloca como una Ley nacional.
Si es aprobada, los grupos civiles advierten que la batalla legal contra este modelo seguirá. «Es anticonstitucional y esto traerá acciones posteriores si es aprobada como está por el Pleno y luego por el Senado. Nos van a llevar a iniciar otra acción judicial para enmendar lo que hagan y nos pone en un círculo vicioso porque iniciamos esto con una acción de amparo y lo vamos a terminar con una acción de amparo para que la Corte les corrija la ley», advierte Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.
Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- Uno a uno, los diputados fueron llegando a la Sala de Juntas de la Comisión de Gobernación. Luego de 20 minutos llegó la Diputada Presidenta, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, e inició la reunión que duraría las siguientes tres horas para discutir el predictamen de Ley de Comunicación Social que regulará en adelante la publicidad oficial.
Las primeras propuestas fueron: no votar la Ley, escuchar a las organizaciones civiles y recoger los puntos sobresalientes de las iniciativas presentadas por otros legisladores. La otra, votar la Ley, pasarla a Pleno y trabajar ahí las reservas.
Con los votos de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista, del Verde Ecologista, de Nueva Alianza y de algunos del Acción Nacional, fue suficiente para decidir votar ya esa Ley.
El lunes pasado, las organizaciones civiles que han dado seguimiento a este proceso –y que ahora están integradas en el colectivo #MediosLibres– señalaron en un comunicado que este proceso no era más que una simulación con el que sólo se intentaba dar trámite al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Congreso a emitir esa Ley antes del 30 de abril.
Además alertaron que de aprobarse esa Ley, se institucionalizarían las fallas que tiene el manejo de la publicidad oficial actual y que terminaría por generalizar las malas prácticas, ya que esta Ley tiene efecto también en los estados.
Tras la votación, coincidieron en dos cosas, una, en que el panorama es complicado, por los tiempos y por el actuar de PRI, Panal y Verde, pero también en que «esto no se acaba hasta que se acaba».
En entrevista con SinEmbargo, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, dijo que esta Ley no resuelve el tema y al final termina desprotegiendo a las y los periodistas y a los medios. Además, que propicia que haya una constante sobreexposición de funcionarios públicos, lo cual deriva en una inconstitucionalidad real de la Ley.
Por esta razón, dijo, si al final se aprueba un Ley como la que se pretende aprobar, Artículo 19 interpondría, de nueva cuenta, otro amparo.
«Es anticonstitucional y esto traerá acciones posteriores si es aprobada como está por el Pleno y luego por el Senado. Nos van a llevar a iniciar otra acción judicial para enmendar lo que hagan y nos pone en un círculo vicioso porque iniciamos esto con una acción de amparo y lo vamos a terminar con una acción de amparo para que la Corte les corrija la Ley», comentó Ruelas.
Y sobre el actuar de los legisladores, comentó que están muy lejos de tener una perspectiva de derechos humanos, «desgraciadamente, ante la falta de un Estado de Derecho esto es lo que sucede. Tenemos cada vez más funcionarios públicos que omiten la Ley y terminan haciendo lo que quieren y eso es lo que vimos el día de hoy. Al final el dictamen es de principio a fin, algo que no reconoce el control constitucional y que no refleja ninguno de los tratados que México ha firmado con la comunidad internacional en cuanto a los principios de regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, que derivan del Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en ese sentido tendrían que ser tomados en cuenta».
Aleida Calleja Gutiérrez, integrante del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), consideró que lo ocurrido en la Comisión de Gobernación es «francamente lamentable», ya que confirma todo un proceso de simulación.
«Lo que hizo el Senado en marzo, con una convocatoria de audiencias para escuchar a expertos en sociedad civil fue una farsa. Juraron en el Senado que ya había un acuerdo para implementar un trabajo de conferencia parlamentaria, pero lo de hoy demuestra que también era una mentira. No hubo tal. Claramente vimos que lo que funciona es la aplanadora del PRI junto con sus partidos satélites. Incluso hay un cuestionamiento importante al panismo porque en lugar de abstenerse debieron haber votado en contra. Estamos ante una simulación: van a sacar una Ley que legaliza todas las malas prácticas. Lo hacen para cumplir como trámite con la sentencia de la Corte, pero es una pésima iniciativa de Ley».
Agregó: «Y vamos a ver, como lo hemos hecho otras veces, si vamos con acción de inconstitucionalidad, amparos, pero esto no se acaba hasta que se acaba»:
Mercedes del Carmen explicó que en cumplimiento con los tiempos «complicados» establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dictamen no se subirá a pleno en estos días, sino que se dará un espacio para que puedan atenderse estas inquietudes y que puedan ser transitadas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y poder tener los procesos que se requieren para una ley de esta manera.
«En la mesa ya están todos los argumentos en contra, las propuestas de sociedad civil y los mismos partidos políticos», agregó.
Por su parte, Justine Dupuy, de la organización Fundar, criticó que desde hace cuatro meses se pidió a la Cámara de Diputados y al Senado, un proceso participativo, «el argumento del tiempo, a 30 días, nos preocupa porque están aprobando sin discusión de fondo un dictamen que es un copy paste de una iniciativa del PRI, Verde y Panal, que se presentó hace unas semanas. No es un trabajo legislativo, es una simulación. Había una gran oportunidad para discutir a fondo temas esenciales para la democracia mexicana, sobre cómo avanzamos para tener medios más libres, plurales».
Detalló que desde diciembre pasado pidieron una ruta de trabajo, un proceso claro, transparente, abierto, participativo y ahorita,pero a 20 días, se aprobará una ley sin analizar el fondo, un dictamen que es regresivo.
«Este dictamen no cambia las cosas. Retoma lineamientos que la Segob publica cada año y que no han cambiado la situación. Ahora se institucionalizarían las malas prácticas. Que la Ley pase así sería regresivo», sostuvo.
Con cifras preliminares de 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, el gasto de publicidad se ubica en 44 mil 659 millones 659 mil 871 pesos.
De acuerdo con un estudio de Fundar, el Gobierno federal gastó entre 2013 y 2016 un monto de 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, y además esa cantidad superó en 15 mil 162 millones de pesos lo aprobado por el Congreso de la Unión. También se hizo caso omiso del recorte del 10 por ciento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decretó desde 2015, como parte del recorte al gasto público y de su política de austeridad.
En lo que respecta a 2017, de enero a noviembre se han gastado 4 mil 779 millones 640 mil 801 pesos, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Cada año se presenta este sobreejercicio. Fundar detectó que la práctica es constante y se traduce en un gasto 71.86 por ciento mayor al que el Congreso aprobó año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Así, en 2013 las dependencias del Gobierno federal gastaron 48.74 por ciento más; en 2014, 35.03 por ciento más; en 2015 repuntó 80.50 por ciento y en 2016 el gasto fue de 133.58 por ciento extra. A esta administración federal se le permitió gastar 21 mil 097 millones en ese rubro, pero el monto se disparó a los 33 mil 261 millones de pesos.
En 2017, el monto gastado ya es de 6 mil 934 millones 276 mil 871 pesos con un sobreejercicio de 3 mil 369 millones 836 mil 871 pesos, que es casi la misma cantidad de dinero que se podía gastar ese año: 3 mil 564 millones 440 mil pesos.
