La presentación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México coincidió con el cierre de año que marcaría el rumbo de la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Fue en 2014, luego del Segundo Informe de Gobierno. El Primer Mandatario junto con el titular de Comunicaciones y Transportes anunciaron lo que sería el principal proyecto de infraestructura; lo novedoso de la construcción, las inversiones, los empleos generados.
Pero tras la acusación de conflicto de interés que rodeó la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, debido al escándalo por la «casa blanca» de la familia del Presidente, se generó una necesidad de inyectar transparencia al Nuevo Aeropuerto.
Con el respaldo de la OCDE, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes insisten que ésta es una obra con los estándares más altos en transparencia. Incluso hoy, cuando el proyecto es tema de debate entre los candidatos presidenciales, el Secretario Gerardo Ruiz Esparza asegura que es “una caja de cristal”.
Para la realización de esta serie, SinEmbargo revisó los 321 contratos que, hasta el momento, se han realizado para la construcción del NAIM, documentos con los que se puede analizar en manos de quién está la construcción, cómo fueron asignados los diferentes proyectos y los gastos que se han realizado hasta la fecha.
Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tiene disponibles los 321 contratos que hasta el momento se han celebrado para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) para hacerlo la obra pública más transparente.
Al hacer una revisión detallada de cada uno de esos contratos, se puede corroborar que por 321 contratos se han pagado 137 mil 232 millones 459 mil 135 pesos. Sin embargo, en el apartado sobre Indicadores en Materia de Contrataciones Abiertas, el GACM plantea que sólo el 0.4 por ciento de las licitaciones para la construcción del NAIM se han hecho por la vía de la Adjudicación Directa, cuando el porcentaje real es de 47 por ciento.
Ayer, SinEmbargo publicó que las empresas de Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard Rivero, Rolando Cantú Barragán, Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Quintana Isaac y constructoras como Iuyet –que participa en la construcción del Tren México-Toluca– y Aldesem, Epccor y Aldesa –encargadas de construir el Paso Exprés de Cuernavaca–, concentran el 77 por ciento del presupuesto que se ha pagado, hasta el momento, en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Con base en los datos abiertos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), de los 321 contratos que se han celebrado hasta hoy, este grupo de empresas han obtenido sólo 16. El monto de esos contratos asciende a 106 mil 890 millones 791 mil 874 pesos, y esto representa el 77 por ciento del monto total.
En cuanto a la forma en que se han otorgado los contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto, la información abierta del GACM, de los 321 contratos, 151 se han entregado por Adjudicación Directa, 59 por Invitación A Tres Personas, 44 por Licitación Pública Nacional, 15 por Licitación Pública Internacional y 11 por Licitación Pública por Adhesión. Dos más han sido contrataciones con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) más 39 Convenios.
Es decir, el 47 por ciento del total de los contratos se han entregado por Asignación Directa y no sólo el 0.4 por ciento como se informa en el portal web del Aeropuerto.
En cuanto a las licitaciones públicas nacionales e internacionales serían el 18.3 por ciento del total de las licitaciones y no el 87.1 por ciento, como se señala en el mismo espacio.
El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público indica que las entidades del Gobierno pueden contratar adquisiciones y arrendamientos y servicios sin sujetarse a la licitación pública en varios casos. Uno de ellos es cuando se pone en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expuso el 14 de marzo pasado, al presentar su “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” que la utilización de este modo de contratación (en el que no se compite) debiera ser excepcional y no predominante.
De acuerdo con el estudio “El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas”, la causa por la que durante esta administración federal se incrementó el uso de la Adjudicación Directa se debe a una omisión por parte de las unidades de vigilancia y a que resulta más fácil una Adjudicación Directa que un concurso público y a que no hay nadie que castigue esa irregularidad.
El 36 por ciento de las empresas en las que se concentró el gasto de las compras, han ganado el 50 por ciento de los procedimientos; ganan dos de cada tres concursos.
En teoría, este procedimiento se debe utilizar si sólo existe un solo proveedor capaz de prestar el servicio, si se trata de un caso de urgencia o fuera mayor o cuando se trate de contrataciones con fines exclusivamente militares.
En lo que se refiere al NAIM, el inicio de las licitaciones coincidió con el señalamiento que se hizo al Presidente Enrique Peña Nieto de incurrir en conflicto de interés en la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, justo cuando se revelara la «casa blanca», una mansión de la familia presidencial, fue construida por una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor cercano a EPN, desde su Gobierno en el Estado de México [del 16 de septiembre de 2005 al 15 de septiembre de 2011], y quien apareció entre de los ganadores para la construcción del tren México-Querétaro.
Otra de las ganadoras de ese concurso fue la compañía China Railway. Pero sólo un día después, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Estrada, anunció que la obra se cancelaba debido a la desconfianza pública. De acuerdo con la agencia Reuters, la decisión causó molestia en Pekín y la empresa china exigió la indemnización prevista en las bases de licitación y que, hasta ese momento, ascendía a 500 millones de pesos.
TRANSPARENCIA EN EL DISCURSO, NO EN EL PAPEL
Derivado de ese episodio, funcionarios federales de distintos niveles cuando hablan del NAIM tocan el tema de la transparencia que tiene el proyecto y destacan que cada uno de los contratos están disponibles al público en el portal del GACM.
El desglose de esos contratos se muestra dividido en cuatro rubros: Obra Pública, Servicios Relacionados con la Obra, Adquisición de Bienes y Servicios y Convenios.
En Adquisición de Bienes y Servicios es en donde más Adjudicaciones Directas se registró Adjudicación Directa, con un total de 90, más 26 Invitaciones a Tres Personas. En este rubro, en el que se han gastado mil 982 millones 040 mil 980 pesos, sólo se registraron 26 Licitaciones Públicas nacionales e internacionales.
En Servicios Relacionados con la Obra, se celebraron 46 Adjudicaciones Directas y 27 Invitaciones a Tres Personas. Sólo hubo 15 licitaciones públicas. El monto gastado en este sector es de 9 mil 755 millones 377 mil 404 pesos.
Y en Obra Pública, que es en donde más dinero se ha pagado –116 mil 753 millones 377 mil 320 pesos– los contratos se dieron bajo 18 licitaciones públicas, 11 bajo Adjudicación Directa y seis por Invitación.
En 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su dictamen sobre la “política de adquisiciones” de la actual Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que ésta no cuenta con una manera de saber si las decenas de miles de contrataciones de bienes y servicios públicos que realizan las dependencias de la administración federal “garantizan las mejores condiciones de compra para el Estado”.
Uno de los motivos, advirtió la entidad revisora, es la caída en el número de licitaciones públicas y un aumento en el de procedimientos de “adjudicación directa”. Tan sólo en los cinco años analizados por la ASF, entre 2009 y 2014, las primeras decrecieron a un promedio anual de 12.6 por ciento mientras que las segundas –consideradas con mayor margen de discrecionalidad– aumentaron en casi la misma proporción: un 11.9 por ciento más cada año.
Estadísticas de la Secretaría de la Función Pública muestran, por separado, que en la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto el número de adjudicaciones directas son ya casi el doble de las que había en los últimos años del anterior sexenio.
En el caso del NAIM, se pueden encontrar Licitaciones Públicas por 183 mil 917 pesos o 9 mil 146 pesos y Adjudicaciones Directas por 16 millones 213 mil 056 pesos a Banca Mifel para el arrendamiento Torre Murano.
La SFP define una Adjudicación Directa como un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad.
Incluso dice que “recomienda enfáticamente no utilizar el procedimiento” porque no garantiza “como regla general” la obtención de las mejores condiciones de contratación.
El GACM afirma que sólo el 0.4 por ciento de las licitaciones para la construcción del NAIM se han hecho por la vía de la Adjudicación Directa, cuando este porcentaje es en realidad de 47 por ciento.
