La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo su parte: investigó y presentó su informe, y es ahora el Presidente Enrique Peña Nieto quien debe cumplir con la suya, y responder al cúmulo de violaciones de derechos humanos que le ha reportado la CNDH en su sexenio, plantearon organizaciones civiles. De acuerdo con el informe 2016 de esa Comisión, en México hay 32 mil 236 registros de desaparecidos. También destacó que no sólo el crimen violenta a los ciudadanos sino también lo hacen las instituciones, que suman 10 mil 459 de quejas contra autoridades referidas por este organismo público autónomo.
Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 184 expedientes relacionados con 215 personas agraviadas por desaparición. Organizaciones de la sociedad civil condenaron la indiferencia del Presidente Enrique Peña Nieto para atender este fenómeno.
El viernes pasado, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, manifestó ante Peña Nieto su preocupación por la existencia de fosas clandestinas, durante la entrega del informe 2016 de la institución.
«En la búsqueda de sus seres queridos, [los familiares] han evidenciado la existencia de un gran número de fosas clandestinas e irregulares, las cuales han delineado una auténtica geografía del dolor y de la indiferencia en nuestro país”, expuso el ombudsman nacional.
En la residencia oficial de Los Pinos, González recordó que ante la falta de acción de las autoridades muchos familiares emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres allegados, en un país que registra más de 28 mil desaparecidos.
“Objetivamente, no podemos suponer que las fosas ubicadas hasta el día de hoy sean la totalidad de las existentes, por lo cual esta Comisión Nacional pide que se escuchen y atiendan con sensibilidad, compromiso y de manera integral las denuncias de los familiares de desaparecidos sobre posibles hallazgos futuros”, agregó.
“Lo que dijo Raúl [González Pérez] verdaderamente fue muy impactante. Sería necesario que las autoridades ya se dejen de estar instalando omisiones. La cara del Presidente Peña Nieto no dio mucha esperanza… parece una persona desconectada de la realidad”, dijo Lucía de los Ángeles García Henao, fundadora del Colectivo Solecito.
Es justo este colectivo al que la CNDH acompañó en agosto de 2016 a un predio denominado Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, donde se hallaron 107 fosas clandestinas y 253 cuerpos.
En su informe, la CNDH destacó que es Guerrero la entidad veracruzana fue la que reportó más desaparecidos; le siguen Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Baja California.
En contraste, los estados con menos reportes de desapariciones fueron Guanajuato e Hidalgo. La base de datos de Personas Extraviadas, Desaparecidas o Ausentes tiene registro de 32 mil 236 casos en todo el país.
“En la cabeza de Peña Nieto no cabe esta situación. Nosotros seguimos trabajando. No vemos un cambio en las autoridades [después del descubrimiento del cementerio clandestino en Colinas de Santa Fe]”, dijo de los Ángeles sobre Peña Nieto.
Organizaciones de familiares como El Solecito funcionan sin apoyos económicos de las autoridades, dijo la fundadora, quien espera iniciar una nueva brigada de búsqueda aproximadamente en dos meses.
El informe de la CNDH detalló que en México hay 16 mil 361 registros de personas dentro de la base de datos de “Fallecidas no Identificadas”, que se alimenta con registros de las procuradurías estatales.
Édgar Cortez Morales, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), refirió que es una responsabilidad del Estado mexicano atender las demandas de las familias y el no responderles no es sólo una desatención de su responsabilidad sino un signo de desdén ante las violaciones constantes de derechos humanos en el país.
“En principio hay una obligación como Estado de atender esta crisis de fosas clandestinas. Y, además, establecer un programa de ubicación, exhumación e identificación”, expuso Cortez Morales.
Si bien parte de esto está incluido dentro del proyecto de Ley del Senado, la iniciativa duerme el sueño de los justos en la Comisión de Justicia del Senado desde el 10 de diciembre del 2015, comentó el activista.
VIOLACIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS
El informe de la CNDH del 2016 reflejó las violaciones a los derechos humanos que cometen las instituciones públicas.
La CNDH emitió 71 recomendaciones a distintas autoridades federales, estatales y municipales, por violaciones a derechos humanos; así como una por violaciones graves ocurridas en Tanhuato, Michoacán.
Pese a que Cortez resaltó el espíritu autónomo de la CNDH, también su ineficacia para dar seguimiento a estas recomendaciones.
“No sólo hay que mandar un oficio, sino verificar en el terreno cómo se cumplen las recomendaciones”, detalló. El objetivo es que se cumpla en un ciclo de capacitación, verificación y evaluación de los funcionarios públicos que comúnmente se corta.
Las instituciones siguen registrando quejas. Una petición vía transparencia respondió que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las encabeza. En el 2012 acumuló mil 872 quejas; y cuatro años más tarde el monto fue de 2075.
Al IMSS le siguió el órgano encargado de las cárceles del país dentro de la Secretaría de Gobernación. En el 2012 acumuló 641 quejas. Y en el 2016 sumó mil 621. Un aumento comparado de 152 por ciento.
¿Por qué van las quejas en ascenso? En algunos casos, explicó Cortez Morales, es posible que sean los ciudadanos quienes estén más enterados de cómo presentar una queja. Sin embargo, esta no es la regla.
“A veces las recomendaciones resuelven un pequeño grupo de casos. Son representativos a lo mejor de 500 caso similares, pero no hay una política que atienda la totalidad de quejas y eso contribuye a la repetición de ciclos”, dijo Morales.
QUEJAS POR OTRAS VIOLACIONES MÁS
El 25 de enero pasado, Raúl González Pérez adelantó en la Cámara de Diputados cifras del informe que presentó a Peña Nieto el viernes 31 de marzo. Ahí destacó que de 2015 a 2016 aumentaron 332 por ciento las denuncias por actos de tortura, así como 33.6 por ciento los de desaparición forzada.
“Se registraron 216 expedientes de queja en los que se denunció tortura, 28 casos de privación de la vida y 15 de desaparición forzada”, dijo al presentar, ante la Comisión Permanente, el Informe de Actividades de la CNDH, correspondiente al periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
González Pérez presentó a los legisladores un panorama donde destacó que, en 2016, México presentó una coyuntura especialmente difícil en materia de derechos humanos.
De acuerdo con la dependencia, el año pasado presentó 72 recomendaciones dirigidas a 55 autoridades, de las cuales sólo dos han sido cumplidas totalmente, 54 registran un cumplimiento parcial y 14 sólo fueron aceptadas.
Asimismo, explicó, se abrieron 92 expedientes por agresiones a periodistas, lo cual representa un 16.4 por ciento más que en 2015.
El ombudsman expuso que la CNDH inició el trámite de 25 mil 233 nuevos expedientes, de los cuales “9 mil 408 correspondieron a quejas, 7 mil 838 a orientaciones directas, 7 mil 430 remisiones y 557 inconformidades”.
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