Con este rechazo, la propuesta legislativa de bloqueo a la declaración de emergencia nacional emitida por Trump en febrero para reconducir fondos para la construcción de su controvertido muro con México lograría los 51 votos necesarios para imponerse.
Por Alfonso Fernández
Washington, EU, 4 de marzo (EFE).- Varios senadores republicanos han anunciado ya su intención de votar contra la declaración de emergencia decretada por el Presidente de EU, Donald Trump, para financiar el muro fronterizo, con lo que se impondría el desafío del Congreso y forzaría al mandatario a usar su capacidad de veto.
«Debo votar según me dictan mis principios (…) Creo que (el Presidente) está equivocado, no en su política, sino en su búsqueda para expandir los poderes presidenciales por encima de sus límites constitucionales», dijo este lunes Rand Paul, Senador republicano, en su cuenta de Twitter.
En un artículo de opinión en la cadena conservadora Fox, Paul recordó también cómo los republicanos rechazaron el uso del poder ejecutivo por parte del ex Presidente Barack Obama, y subrayó que «la única manera de ser un honesto funcionario es defender los mismos principios sin tener en cuenta quién esté en el poder».
Con este rechazo, la propuesta legislativa de bloqueo a la declaración de emergencia nacional emitida por Trump en febrero para reconducir fondos para la construcción de su controvertido muro con México lograría los 51 votos necesarios para imponerse.
Se espera que la votación se lleve a cabo en las próximas dos semanas.
Los 47 senadores demócratas del Senado ya han asegurado que votarán para bloquear la medida y a ellos se han sumado cuatro republicanos: Susan Collins, Thom Tillis, Lias Murkowski y, ahora, Paul.
Los republicanos cuentan con una leve mayoría en la Cámara Alta de 53 a 47.
La iniciativa necesitaba la mayoría simple en el Senado para salir adelante, lo que forzaría a Trump a hacer valer el veto presidencial, algo que ya ha prometido hacer «100 por 100».
«Creo que lo que está claro en el Senado es que habrá suficientes votos para aprobar la resolución de desaprobación, que después será vetada por el Presidente y después, con casi toda probabilidad, el veto será respaldado por el Congreso», afirmó este lunes Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, en un acto en Kentucky.
Tras el veto presidencial, la medida volvería al Congreso, donde debería superar los dos tercios de los votos para salir adelante revocando el veto presidencial, lo que parece improbable por el momento.
Previamente, ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, por 245 votos a favor y 182 en contra, con el respaldo incluido de 13 republicanos, pero también por debajo del umbral de los dos tercios.
Como consecuencia, se impondría la capacidad de veto presidencial, pero el bloqueo por parte de las cámaras del Congreso, incluida la que cuenta con mayoría republicana, supondría un inusual rechazo del legislativo a la Casa Blanca.
Trump decretó el pasado 15 de febrero el estado de emergencia nacional por una supuesta «invasión» de drogas y criminales en la frontera con México después de que el Congreso le negase sus pretensiones presupuestarias para la construcción del muro.
Bajo la emergencia nacional, Trump puede desviar los fondos de otras partidas presupuestarias ya autorizadas por el Congreso y dedicarlos a la promesa que le llevó a la Casa Blanca.
Las partidas ya aprobadas que la Casa Blanca pretende desviar son del Pentágono y del Departamento del Tesoro y alcanzan los 6 mil 600 millones de dólares.
Sumados a los mil 375 millones de dólares que el Congreso sí aprobó para el muro, Trump aspira a destinar cerca de 8 mil millones de dólares para la construcción de 376 kilómetros (234 millas) de muro en la extensa frontera sur.
Paralela a la batalla legislativa, los demócratas también han interpuesto una demanda ante la Justicia para suspender el desvío de fondos con el argumento de que supone un «desvío ilegal» de fondos del Congreso para algo que, a su entender, no representa una emergencia real.
El asunto probablemente acabe llegando al Tribunal Supremo, donde hay una mayoría de jueces conservadores, dos de ellos nombrados por el propio Trump.
